Este lunes, el ejido Nuevo Mieleras fue escenario de un hecho que desnuda la cara más oscura de Torreón y que resalta la emergencia de un estado fallido: un desalojo ordenado por un juzgado civil que, lejos de ser un acto de justicia, terminó con la vida de un joven de 31 años, asesinado por un miembro del «grupo élite» de la Policía Municipal. ¿El motivo? Una disputa sobre la posesión de tierras, un conflicto civil que, bajo la sombra de la impunidad, se transformó en una brutal represión. En Torreón, ya no se habla de la ley, sino de su ejecución a sangre fría, donde lo que parecía una operación legal se convierte en una farsa de justicia que revela la total injusticia del sistema y la complicidad de los que detentan el poder.
El desalojo, dictado por un juzgado civil, se transformó en un operativo militarizado pero por municipales llevado a cabo por la Policía Municipal y su Grupo de Reacción Torreón (GRT), especializado en la lucha contra el crimen organizado. ¿Qué hacía este grupo en una disputa civil sobre tierras? La respuesta es evidente: abuso de poder disfrazado de legalidad. La intervención de este cuerpo táctico fue no solo innecesaria, sino completamente desproporcionada. En Torreón, la justicia parece estar al servicio de intereses particulares, no de los ciudadanos.
Lo que se nos vendió como un operativo fue, en realidad, un montaje. Testigos aseguran que incluso se sembraron machetes para justificar el uso desmedido de la fuerza. La unidad táctica irrumpió en terrenos de alto valor comercial como si los ejidatarios estuvieran almacenando armas de destrucción masiva. El jefe de la policía, César Perales, asumió dar la orden institucionalmente, pero la verdad es que su responsabilidad es clara: un abuso de poder encubierto por la fachada de legalidad. Es solo cuestión de tiempo para que Perales se convierta en el eslabón más débil en la cadena de complicidades que van de Pepé Ganem a Román Cepeda.
En esos días, el alcalde Román Alberto Cepeda se encontraba ocupado en asuntos personales urgentes, presuntamente de viaje en Houston, mientras que el operativo fue orquestado por el “secretario en trámite del Ayuntamiento”, Pepé Ganem. ¿Casualidad? Más bien parece una jugada maestra para ocultar lo que realmente sucedía en Torreón. El predio en disputa está vinculado a su amigo de fiestas en el Coliseo, en compañia del empresario matamorense Juan Manuel “El Mono” Muñoz, quien no solo es cercano a Ganem —con quien el año pasado compartió eventos junto a todo el gabinete de Cepeda—, sino que también funge como “noble benefactor” del DIF, a través de su gasera, repartiendo despensas y cobijas. Pero hay más: según fuentes cercanas a la Presidencia Municipal, el magistrado que autorizó el desalojo sería pariente político de “El Mono”. Los lazos entre el poder político, la justicia y la violencia se entrelazan peligrosamente, revelando un sistema corrompido hasta sus cimientos.-
Pasaron dos días para que el alcalde finalmente se dignara a dar la cara aunque estuviera visiblemente cansado. En un intento distractivo, soltó una frase altisonante en plena conferencia de prensa: «Que chinguen a su madre». Lejos de condenar el abuso de poder, ofreció su «respaldo total» al policía implicado en la agresión. Este acto de soberbia, propio de Cepeda, es un claro mensaje: «La víctima no nos importa, y a lo que sigue». Su respuesta mostró no solo desprecio por las críticas, sino una total indiferencia por el sufrimiento de los ciudadanos a quienes revictimizó Mientras tanto, periodistas infiltrados, manejados por las cuotas mensuales de Yohan Uribe, #LordFragmentado, director de comunicación, hicieron preguntas a modo para desestabilizar la rueda de prensa, evidenciando la manipulación mediática de unos cuantos al servicio del poder y su narrativa con faltas de ortografía en arameo.
Y mientras Cepeda presume que Torreón es una de las cinco ciudades más seguras del país, la realidad demuestra lo contrario. La seguridad no se mide solo por índices de criminalidad, sino por la capacidad del Estado para garantizar los derechos fundamentales de sus ciudadanos. En Torreón, lo que estamos presenciando es un abuso de poder sistemático, una complicidad con la represión y una total violación de los derechos humanos.
El clima de violencia no se detiene. Mientras los habitantes del ejido se manifestaban en el Periférico, frente a la innecesaria obra y emblemá de Cepeda el «Giro Independencia», la respuesta de las autoridades fue predecible: represión y violación de derechos humanos. La violencia que ha desbordado la ciudad no solo afecta a los ejidatarios, sino que también incluye a los periodistas. La libertad de prensa está siendo amenazada, con reporteros agredidos por el mismo GRT quienes llegaron sin mediar , entre ellos, excompañeros de Uribe, y de su segunda #LadyFayuca.
En un acto de burla y desprecio absoluto, Román Cepeda, refugiado en su burbuja de impunidad, huyó a Saltillo para un evento de la Auditoría Superior de la Federación, misma que tiene a su gestión bajo la lupa, afirmó cínicamente: «Reforzando nuestro compromiso con la transparencia«. Este comentario solo provocó indignación, como si lo que ocurre en Torreón fuera ajeno a su administración. Mientras se burla del dolor social y practica una represión descarada, queda claro que para Cepeda, la transparencia es solo una falacia. Muchos ya dudan si el gobierno estatal realmente pondrá fin a la impunidad que envuelve al cepedismo en Torreón.
El diputado de Morena Antonio Attolini, no podía ser ajeno, e hizo un llamado a las autoridades estatales, a los organismos de derechos humanos y a la sociedad civil para que no pierdan de vista lo que está sucediendo en Torreón. Lo que está en juego no es solo el derecho de los torreoneses a la justicia, sino su derecho a vivir sin miedo, a no ser víctimas de un Estado fallido que utiliza la violencia institucionalizada como una herramienta para mantener el poder.
El discurso oficial ya no es suficiente. Los torreoneses merecen vivir en una ciudad donde sus derechos sean respetados, donde su seguridad no dependa de un gobierno opaco, represivo y corrupto. Cuando un alcalde respalda la represión y se burla del dolor social, lo que está en juego no es solo la justicia: es la dignidad de un pueblo entero. La administración de Torreón ha dejado claro su lema: «Cazar o ser cazados». Pero lo que la gente necesita es un gobierno que cace la corrupción y proteja a su gente.