Torreón en el centro de las observaciones de la Federación
La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) han puesto en evidencia la falta de transparencia en el manejo de recursos públicos en Coahuila. De los 1,393.5 millones de pesos observados a nivel nacional en auditorías a 177 municipios y alcaldías, Coahuila ocupa un lugar destacado, con 156.3 millones vinculados a solicitudes de aclaración y 57.9 millones asociados con pliegos de observaciones.
Torreón entre los municipios con mayores irregularidades
El municipio de Torreón figura como uno de los principales señalados en Coahuila, enfrentando cuestionamientos serios por la falta de documentación comprobatoria en el uso de recursos. Según las auditorías, el 53.8% de las irregularidades detectadas a nivel nacional corresponde a casos como el de Torreón, donde no se presentaron evidencias suficientes para justificar las erogaciones realizadas.
Además, la ASF ha intensificado su escrutinio sobre Torreón, como lo señala El Siglo de Torreón en su nota titulada «Ahora la Auditoría Superior de la Federación pone bajo la lupa a Torreón». Este nuevo análisis refleja el interés de la federación en garantizar la correcta aplicación de los recursos públicos en uno de los municipios más importantes de Coahuila.
Principales irregularidades detectadas
Falta de comprobación: Más de 1,042 millones de pesos a nivel nacional carecen de respaldo documental adecuado.
Confusión en los procesos administrativos: La gestión de recursos en Torreón ha sido opaca, lo que genera incertidumbre sobre el destino de los fondos.
¿Y ahora qué sigue para Torreón?
Ante este panorama, el municipio debe responder a las observaciones de la ASF y de la Comisión de Presupuesto, además de fortalecer los procesos internos de rendición de cuentas. La reputación de la administración local está en juego, y la transparencia será clave para recuperar la confianza ciudadana.
Coahuila, y en especial Torreón, enfrenta un reto crucial: demostrar que el uso de los recursos públicos está alineado con las necesidades de la población y que se pueden superar las prácticas deficientes señaladas por las auditorías.