En los pasillos del viejo edificio del ISSSTE Alameda de Torreón se respira algo más que el cansancio de las largas jornadas: frustración, incertidumbre y un hartazgo acumulado que no cabe ni en el almacén más grande. Todo esto quedó claro en la reciente junta con el subdirector administrativo y la subdirectora médica, enviados desde Saltillo, donde se anunció el tan temido cambio de adscripción FM1 de general a regional. Sin embargo, como ya es costumbre, el anuncio vino acompañado de las clásicas promesas vagas que suenan a «esperen sentados».
La promesa de un «escrito personalizado» que oficialice el cambio en dos o tres semanas parece más un placebo burocrático que una solución real. Mientras tanto, los trabajadores se debaten entre la resignación y la indignación. El escepticismo es entendible, pues años de escuchar que «ya casi» se homologarán los sueldos han abierto una herida que ni el sindicato ha sabido cerrar.
El sindicato, por cierto, parece más ocupado organizando comisiones que defendiendo los derechos de sus representados. Y, como si esto no fuera suficiente, los rumores de pasillo avivan el desconcierto: que si el nuevo director será un médico militar alineado con Morena, que si en marzo empezarán a llegar las piezas de confianza del partido… Todo apunta a que los cambios administrativos tienen más tintes políticos que funcionales, dejando al personal como el último eslabón de la cadena.
El enojo en la junta no se hizo esperar: mala organización, una pésima comunicación y un micrófono que no ayudó en nada. Al final, lo único concreto es que el cambio de adscripción podría tardar hasta 45 días en reflejarse en el recibo de nómina, y eso, con suerte. Mientras tanto, los trabajadores hacen lo que mejor saben: aguantar. Pero la paciencia tiene un límite, y esta bola de nieve está cada vez más cerca de convertirse en una avalancha.
Por si fuera poco, la reciente inauguración de la «magna obra», esa promesa cumplida por el presidente López Obrador, parece más un espectáculo político que una solución funcional. Aunque el nuevo hospital es necesario, se siente más como un centro de poder que como una institución diseñada para operar con eficiencia.
El temor del personal con experiencia es justificado: muchos creen que han sido utilizados para capacitar a contrataciones sin experiencia, realizadas a toda prisa para -‘x completar la nómina. La cereza en el pastel es la falta de licencias para operar equipos esenciales, como los de rayos X, dejando al personal trabajando entre dos nosocomios sin las herramientas adecuadas.
El silencio de los políticos morenistas de la región, como el diputado Antonio Attolini, experto en instituciones de salud (al menos en teoría, gracias a su beca en el IMSS nacional), es ensordecedor. Lo mismo ocurre con Miroslava Sánchez, exdiputada federal y presidenta de la Comisión de Salud. Su mutismo frente a estos problemas sugiere que, en este juego político, la salud de los ciudadanos sigue siendo moneda de cambio.
Mientras las autoridades y los partidos juegan su partida de ajedrez, los trabajadores del ISSSTE Alameda y el nuevo hospital regional son quienes pagan los platos rotos. La pregunta es: ¿hasta cuándo?