
Disculpas sin sanción, collarines sin dolor: la tragedia convertida en un «show»

¿De qué sirve una recomendación de Derechos Humanos si la impunidad se pasea en collarín por los pasillos del poder?
Quédate hasta el final y entiéndelo tú mismo: Torreón no olvida, aunque sus autoridades se escondan.
Torreón tiene una especialidad de la casa: el desdén institucional. Esta semana, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) sirvió caliente la Recomendación 07/2025, y no fue casualidad.
Se trata de una resolución que confirma lo que ya se sabía —pero que el Ayuntamiento negó con cinismo. Los agentes del Grupo de Reacción (GRT) asesinaron a un civil en un operativo donde el uso de armas largas fue tan innecesario como brutal.
¿Y el alcalde Román Alberto Cepeda? A él le piden que ofrezca una disculpa pública, pero es más probable que vuelva a esfumarse antes de asumir alguna responsabilidad.
No olvidemos que este mismo gobierno —el que ahora carga con la muerte arbitraria de Roberto Medina— fue también el que agredió y revictimizó a mujeres durante la marcha del 8M de 2024, incluida la abogada Sofía Díaz Lozano, a quien se le aplicó la receta clásica de la impunidad: violencia, silencio institucional, persecución y campaña de desprestigio.
Sí, esa misma Sofía que hoy exige que las recomendaciones de derechos humanos no queden archivadas como decoración de oficina. Y tiene razón:
¿De qué sirve una recomendación si no incomoda al poder, si no desarma al prepotente, si no obliga al funcionario a dejar de montar shows con collarín?
Porque sí, Natalia Fernández, esto también va con ella.
Cuando era secretaria del Ayuntamiento, tras la represión del 8M de 2024, guardó silencio. Hoy aparece con collarín, pero un día antes no era así. Durante la presentación del plan de desarrollo municipal, hasta llegó en zapatos con tacón delgado, pero hoy s este miércoles se presentó como si la hubieran arrojado desde el séptimo piso de la Presidencia, ese mismo lugar donde la bajaron al sexto. Todo esto, apenas dos días después de ser expulsada por policías mujeres durante la huelga policial del lunes, mientras le lanzaban consignas. La escena fue por demás humillante y viral. Ahora se dice que, lejos de solidarizarse en la crisis de Román, la síndica se convierte en víctima y protagonista, pensando en denunciar a las mismas policías que la confrontaron.
Un guion de teatro mal actuado, con víctimas reales y protagonistas de ego frágil.
“Nosotras fuimos arrastradas por el piso, gaseadas, golpeadas, y nadie nos ofreció ni una venda”, recordó Sofía, con el tono que da la rabia y la memoria. Y tiene toda la razón.
Mientras tanto, el expediente CDHEC/2/X/X/Q acredita algo más que abuso de poder:
- Privación arbitraria de la vida
- Uso letal de la fuerza sin justificación
- Negativa de auxilio médico a un civil
Eso no fue una simple “mala actuación” policial.
Eso fue una ejecución institucional.
Y con responsables claros: agentes, mandos y el propio presidente municipal.
Porque no se trata solo del dedo que jaló el gatillo.
Se trata del puño completo que sostiene la impunidad.
¿Y las consecuencias? Sucedió lo de siempre:gracias al Poder Judicial de la Federación, no pueden detener al exdirector general de la Policía Municipal, César Antonio «PE», junto a los segundos mandos Daniel Eduardo «ZG» y Jorge Alberto «GM», quienes se ampararon el 29 de abril ante el Juzgado Quinto de Distrito en la Laguna.Se les concedió una suspensión provisional que les permite evitar su detención mientras se “verifica” si existen actos reclamados por la Fiscalía General del Estado.
La impunidad sigue protegida por un sistema que no se atreve a tocar a los poderosos. ¿Hasta cuándo?
El mensaje es claro: la impunidad tiene fuero.