Gritan en Presidencia de Torreón , pero van con represalias a quienes se atreven a responder

Definición: Funcionario público
sustantivo masculino (y a veces decorativo).
Persona que ocupa un cargo en el gobierno para servir al interés público, aunque frecuentemente confunde “servir” con “servirse”. Tiene la obligación legal de actuar con honestidad, transparencia y eficiencia, aunque en la práctica muchos aplican la ley de la selva… o del sobre.

En esta columna queríamos hablar de los apagones de la CFE, de la creciente presión migratoria o de las promesas recicladas en seguridad… pero los pasillos de la Presidencia de Torreón decidieron gritar más fuerte.

El escándalo de este martes lo protagonizaron dos titulares que, en teoría, deberían trabajar coordinados: Pablo Fernández Llamas, de Inspección y Verificación, y Marcelo “El Kiko” Sánchez, de Medio Ambiente.
¿El motivo? Multas. Sí, esas “jugosas” sanciones de entre 20 y 50 mil pesos que se aplican durante las visitas a carnicerías, pero que —al parecer— no siempre llegan a donde deberían.

Cuentan los testigos que Marcelo, aún nuevo y tal vez con algo de sentido común legal, preguntó con inocencia (y algo de sospecha) a Pablo:
—¿A dónde se canalizan las multas?

Pablo, como si resguardara un patrimonio personal, le pidió que ni se metiera. Pero Marcelo, en un arranque de lucidez o valentía (o ambas), decidió canalizar las sanciones directamente con Jurisdicción Sanitaria, brincándose el paso por Inspección.
Y ahí… estalló la bronca.

Los empresarios multados, acostumbrados a los acuerdos previos, fueron directo con Pablo a reclamar. Y él, fuera de sí, subió al cuarto piso como si fuera a emboscar a Marcelo, sin importar quién estuviera presente. Los gritos se escucharon por toda la Presidencia.

Donde también hubo gritos —pero de felicidad— fue en el primer piso, en Comunicación Social, cuando Yohan Uribe, #LordFragmentado, director del área, llegó gritando de júbilo: “¡Esto ya va a explotar!”, en referencia a la cada vez más inevitable salida del alcalde Román Cepeda. El entusiasmo no era por la crisis institucional, sino por lo que le anunció a su segunda, #LadyFayuca: que ya tiene plan B. Según él, un lugar asegurado en el mismo periódico que lo “corrió diplomáticamente” (eso sí, con desayuno incluido). Y, por supuesto, se la llevará con él para “regresar a trabajar”… ahora como diseñadora de membretes en la casa editora. O de productora de televentas de productos chinos vía streaming. Dicen sus excompañeros —temerosos de su regreso— que mejor les lleven un convenio como el que tienen con sus amigos… y no un pago por evento.

Pero la dicha de Lady Fayuca no termina ahí. Está feliz porque volverá a ser del team Temu o Shein, ya que Ariel Martínez, jefe de Gabinete, la llamó a su oficina.¿Para qué?Para encargarle un “resumen detallado” —con su debida comisión— de los adeudos personales del que escribe esta columna y de su familia. Porque en el Municipio de Torreón, las críticas se responden con represalia.

Ella celebró su nueva encomienda con euforia pues : también deberá entregar una lista de nombres de quienes —según ella— filtran información desde adentro. Y aquí lanza nombres como si fueran influencers: Mina Martínez, Fernanda Sujo y Axel Guzmán… aunque, francamente, ni en su casa los conocen, recuerden que sus propios filtros sin ustedes mismos que no saben guardarse nada.

Y ya que estamos en terrenos de filtraciones: hace unos días, desde esta misma columna, se señaló a Ariel Martínez como probable responsable de filtrar información de SIMAS hacia Saltillo.
Pero, en una suerte de fe de erratas orquestada, varios salieron a defenderlo, y los reflectores se giraron hacia #LordFragmentado, quien habría entregado dicha información como gesto de agradecimiento hacia el morenista Luis Fernando Salazar, el mismo que lo conectó con Betzabé Martínez en Gómez Palacio. Todo cierra.

Lo único claro es que esta administración está tan rota que ni los gritos alcanzan a tapar las fracturas internas.
Y cuando el fuego interno consume más que los escándalos externos, lo que sigue no es gobernar…
sino implosionar.

Desde esta columna, nos permitimos recordar —con todo respeto y fundamento— que el derecho a la libertad de expresión y de prensa no es cortesía del gobierno en turno, sino una garantía constitucional consagrada en los artículos 6° y 7° de nuestra Carta Magna, así como en tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado Mexicano.

Así que, por más creativas que sean las auditorías selectivas, las listas negras oficiosas o las campañas internas de “control reputacional”, no dejan de ser lo que el derecho llama: persecución política.

Porque si vamos a pagar represalias… que al menos nos apliquen el 50% de descuento y un par de gracias.