
Ovidio se declara culpable en EUA; FGR exige pruebas y Sheinbaum pide coordinación

Ciudad de México.-.— Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”, se declaró culpable este viernes en una corte federal de Chicago, en el Distrito Norte de Illinois, por cargos de narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas, bajo un acuerdo que le permitiría evitar la cadena perpetua.
En paralelo, la Fiscalía General de la República (FGR) elevó su tono: tras acusaciones implícitas de que Ovidio podría involucrar a funcionarios mexicanos, exigió pruebas formales antes de aceptar cualquier imputación. El defensor legal del capo, según La Jornada, habría planteado señalamientos contra autoridades mexicanas —pero sin aportar datos—, lo que motivó la exigencia de evidencia por parte de la dependencia .
La Fiscalía “exige pruebas” si hay acusaciones que comprometan al gobierno mexicano, incluso si provienen de la defensa de Ovidio, subrayando que no aceptará insinuaciones sin respaldo documentado .
Enfoque de Palacio Nacional
La presidenta Claudia Sheinbaum insistió en que:
- Cualquier imputación en EE. UU. que involucre a mexicanos debe venir acompañada de pruebas ante la FGR
- El acuerdo judicial con Ovidio se negocia sin transparencia ni coordinación bilateral, una contradicción frente a declaraciones que califican al Cártel de Sinaloa como organización terrorista
Radiografía crítica
Punto | Implicación |
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FGR | Reclama pruebas claras antes de actuar legalmente: estrategia legítima, pero expone debilidad si dependemos exclusivamente del aval de EU. |
Palacio Nacional | Exige coordinación y transparencia, pero sin mecanismos claros de seguimiento. |
Defensa de Ovidio | Podría estar usando acusaciones estratégicas como presión; sin embargo, la mínima sospecha activa un protocolo institucional. |
El caso Ovidio —que ya cobró vidas en México y se juzga en EE. UU.— exige una política transnacional seria. La FGR hace lo justo al pedir evidencia, pero no puede ser rehén del dicho extranjero: necesita impulsar protocolos binacionales de prueba, proteger instituciones y evitar que decisiones cruciales se tomen sin la participación mexicana.