La discapacidad no termina a los 29: ciudadanos exigen apoyo estatal
Torreón. – Desde la iniciativa “Pa’ cuando nuestros discapacitados en Coahuila”, asociaciones civiles, ciudadanas y servidores públicos iniciaron una movilización estatal para exigir al Gobierno de Coahuila que firme el convenio con la Federación que ampliaría el acceso a la Pensión para Personas con Discapacidad.
El acuerdo permitiría extender el rango de edad de 0 a 64 años, en lugar de limitarse, como hasta ahora, sólo a personas de entre 0 y 29 años. De firmarse, el Gobierno estatal asumiría el 50% del financiamiento del apoyo, mientras que el otro 50% provendría del Gobierno federal.
“La demanda es que se firme el acuerdo para que nuestras personas con discapacidad entre 30 y 64 años puedan recibir los 3 mil 200 pesos bimestrales que hoy otorga la Pensión del Bienestar”, declaró Aida Mata, en rueda de prensa como ciudadana y no como funcionaria federal.
Una exigencia que toma las plazas
Acompañadas de regidoras de municipios como Matamoros y de colectivos como Café Atípico Divergente, que agrupa a familias con niños dentro del espectro autista (TEA), las activistas instalaron mesas de recolección de firmas en 27 municipios.
En Torreón, los módulos se encuentran en la Plaza de Armas, el Bosque Venustiano Carranza y la Alameda Zaragoza, principalmente durante los fines de semana. Hasta ahora, la campaña ha reunido cerca de 10 mil firmas, con el respaldo de al menos 200 voluntarios, y continuará hasta finales de julio.
“Sabemos que los 3 mil 200 pesos no resuelven todo, pero para muchas familias con adultos con discapacidad representa al menos un respiro para temas básicos como la alimentación”, enfatizó Aida Mata.
Coahuila y Durango, los rezagados
Mientras en 24 estados del país —la mayoría gobernados por Morena— ya se firmó el convenio de universalización, Coahuila y Durango permanecen entre las entidades rezagadas, según datos de la Secretaría del Bienestar.
En Coahuila, el gobierno de Manolo Jiménez no ha mostrado interés alguno en conocer el programa ni sus posibles beneficios, según denunció Karla Zamora, también promotora del movimiento.
“No es un tema de colores, es un tema de dignidad. Queremos que el Congreso local intervenga, pero también llevaremos las firmas a senadores y funcionarios que puedan ejercer presión”, dijo.
Aunque no se tiene una cifra estatal exacta, tan solo en Torreón hay más de 700 expedientes de personas con discapacidad en espera de este apoyo. En Saltillo la cifra también es alta y sin resolución.
Lo que está en juego
La Pensión para Personas con Discapacidad entrega $3,200 pesos cada dos meses a través de la tarjeta del Bienestar. La extensión del rango etario de beneficiarios permitiría a miles de adultos con discapacidad mejorar su autonomía económica y reducir el abandono institucional que enfrentan al llegar a la edad adulta.
Actualmente, el decreto de diciembre de 2024, avalado por el Congreso de la Unión, obliga a los gobiernos estatales a suscribir convenios con la Federación para garantizar el derecho social a este apoyo.
Sin embargo, en entidades como Coahuila y Durango —donde prevalecen gobiernos emanados del PRI—, la firma del convenio ha sido ignorada, pese a los exhortos lanzados desde el Senado y desde la sociedad civil.