Renuncia funcionario de Sinaloa vinculado al antro lugar donde desapareció Carlos Emilio
Mazatlán.– La desaparición de Carlos Emilio “N”, joven originario de Durango, ha conmocionado a Sinaloa y provocado un terremoto político en el gobierno de Rubén Rocha Moya.
El caso detonó la renuncia del secretario de Economía estatal, Ricardo Velarde Cárdenas, luego de que su nombre y el de personas de su círculo cercano aparecieran mencionados en la investigación por la desaparición del joven de 25 años, visto por última vez la madrugada del 5 de octubre en el antro Valentinos, uno de los más concurridos del malecón de Mazatlán.
La presión aumentó tras la publicación de Ríodoce, que reveló que bares ligados a Velarde Cárdenas habrían sido mencionados en otras investigaciones por desapariciones en Mazatlán.
A esto se sumó una nota de El Debate donde el propio Ricardo Velarde confirmó ser accionista de la empresa donde desapareció Carlos Emilio, lo que provocó una ola de indignación pública.
De acuerdo con el reporte de la Fiscalía General del Estado (FGE), Carlos Emilio fue captado por cámaras de seguridad caminando hacia el estacionamiento del establecimiento antes de perder contacto con sus amigos. Desde entonces, su paradero es desconocido.
Una desaparición que unió a Durango y Sinaloa
La familia de Carlos Emilio ha encabezado protestas tanto en Mazatlán como en Durango, acompañada por colectivos de búsqueda que denuncian lentitud e irregularidades en la investigación.
En Durango capital, amigos y familiares han convocado a una marcha por la justicia este sábado las 5:00 p.m., partiendo de la Plaza de Armas, mientras que en Mazatlán se realizará una movilización simultánea desde el Malecón hasta la Vicefiscalía Regional.
Con pancartas y el lema #JusticiaParaCarlosEmilio, las familias exigen que se investigue sin privilegios y que el caso no quede atrapado entre intereses políticos.
El costo político
La renuncia de Ricardo Velarde Cárdenas, empresario restaurantero y figura cercana a los sectores turísticos del puerto, representa el primer impacto directo en el gabinete de Rocha Moya.
Aunque el gobernador insiste en mantener la calma institucional, el caso revela una fractura entre la administración estatal y los empresarios locales, así como el creciente hartazgo ciudadano ante la impunidad y la colusión entre autoridades y negocios nocturnos.