El nuevo «Banco del Moche: así se tramita el urbanismo en Torreón

Cómo estará la cosa, que hasta los coyotes le piensan dos veces antes de entrar al edificio del Banco de México a realizar algún trámite.
Ya no es como antes”, dicen.
Y no lo dicen por la inflación, sino por los cobros directos sin pasar por Tesorería que —según distintas versiones y testimonios— se han convertido en una práctica recurrente dentro del Ayuntamiento de Torreón.

Ya no se trata solo de las garantías —como se ha documentado en ediciones anteriores de El Espresso del Día (13 de septiembre) y El Bastón del Mando (28 de septiembre)—: también los permisos de estacionamientos exclusivos son señalados por ciudadanos y gestores como un posible foco de irregularidad.

De acuerdo con testimonios recabados por Al Café Político, estos permisos se habrían transformado en una “caja chica institucional”, que ya no se limita al sótano de la Presidencia Municipal.

Los señalamientos apuntan hacia la Dirección de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, encabezada por Gustavo Muñoz, quien —según fuentes internas— estaría bajo observación de autoridades estatales ante quejas de arquitectos y empresarios que aseguran haber enfrentado demoras o condicionamientos para obtener permisos de obra.

Muñoz asumió la dirección tras la salida de Paco Torres, y antes se desempeñaba como titular de la extinta Dirección de Desarrollo Institucional.
Desde su llegada, diversas voces dentro y fuera del Ayuntamiento afirman que algunos pagos ya no pasarían por las cajas oficiales, sino de manera directa en las oficinas de Urbanismo.

Incluso se menciona el Banco de México como referencia del edificio donde se ubica la dependencia, aunque no existe evidencia pública de que esos pagos ingresen formalmente a las cuentas municipales.

En colonias como Torreón Jardín, vecinos y gestores aseguran haber pagado entre 6 y 7 mil pesos por cajón exclusivo de uso residencial, sin comprobante oficial de Tesorería.

Las denuncias ciudadanas también alcanzan al cuerpo de inspectores municipales adscritos a la misma dirección, bajo la coordinación operativa de Gabriel “El Gordo” Padilla, donde —según testimonios— se habrían registrado “negociaciones privadas” para acelerar permisos o evitar clausuras.

Los llamados “apoyos” o “aportaciones” presuntamente oscilan entre 5 mil y 15 mil pesos, dependiendo del tipo de trámite: uso de suelo, techumbres, alineamientos viales o dictámenes de acceso.
Algunos reportes mencionan incluso montos más altos —de hasta 400 mil pesos— en la autorización de antenas o proyectos verticales.

En este contexto, la Coordinación de Ingeniería de Tránsito, dirigida por Cuitláhuac Estrella, también aparece señalada por particulares.
Los dictámenes de alineamiento vial, aseguran, se habrían convertido en un filtro discrecional: si pagas, fluye; si no, se detiene.

Un constructor consultado por este medio lo resume así:

La consigna es simple: si no pagas, te paran la obra.

El resultado, dicen los propios afectados, ha sido un ambiente de desconfianza y temor entre contratistas, arquitectos y pequeños desarrolladores locales.

Los señalamientos no se limitan a los trámites administrativos.
Fuentes municipales aseguran que algunos funcionarios de Urbanismo habrían permitido construcciones sin licencia o sobre áreas públicas, como la reubicación de arbotantes sin autorización en el sector Mieleras, además de obras en Bravo y Rayón donde se habría otorgado permiso sin el visto bueno completo.

También se reporta el presunto uso indebido de vehículos oficiales, tipo Ranger y Attitude, asignados al área de inspección, así como la falta de respuesta a reportes ciudadanos realizados al 073, relacionados con banquetas invadidas o irregularidades en obras.

Mientras haya moche —afirman trabajadores de campo— no se va a poder hacer nada.

📍 Los hechos aquí expuestos se presentan bajo el marco del derecho a la información y con pleno respeto a la presunción de inocencia de los funcionarios mencionados.
Sin embargo, los testimonios y documentos obtenidos por este medio apuntan a un patrón de discrecionalidad, cobros paralelos y favoritismos dentro de la Dirección de Urbanismo, encabezada por Gustavo Muñoz, junto con la participación de Gabriel Padilla y Cuitláhuac Estrella.

Incluso los propios contratistas —y hasta los llamados “coyotes” del ramo— coinciden en algo:

urge una investigación formal por parte de las autoridades.

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