Coahuila se convierte en el primer estado en ampliar el combate legal contra la extorsión
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Saltillo.- Con la aprobación de reformas al Código Penal de Coahuila y a la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el Congreso local posicionó a la entidad como el primer estado del país en ampliar de manera integral el combate legal contra el delito de extorsión, al ir más allá de la simple armonización normativa y fortalecer las capacidades institucionales de prevención, denuncia e investigación.
Las reformas dan cumplimiento a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, pero incorporan medidas adicionales que refuerzan el marco jurídico estatal, entre ellas la creación de la Unidad de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión, así como nuevas atribuciones para la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
De acuerdo con el dictamen aprobado, la extorsión se ha transformado en uno de los delitos que más afectan a la sociedad mexicana, al pasar de prácticas aisladas a mecanismos sistemáticos de control territorial y financiamiento del crimen organizado. La iniciativa fue presentada por el gobernador del estado, Manolo Jiménez Salinas, como parte de una estrategia integral para blindar a Coahuila en materia de seguridad.
A nivel federal, la Ley General en la materia establece un marco jurídico uniforme que contempla atención a víctimas, ofendidos y testigos, así como el fortalecimiento de las capacidades de investigación y sanción. En este contexto, las entidades federativas están obligadas a armonizar su legislación; sin embargo, Coahuila amplió el alcance de la reforma, incorporando acciones concretas de política pública.
Entre las disposiciones más relevantes destaca la creación de la Unidad de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión, que estará adscrita al Centro Estatal de Atención de Emergencias y Contacto Ciudadano, lo que permitirá una atención especializada, oportuna y con mayor confidencialidad para las víctimas.
Asimismo, la adopción de un tipo penal homologado a nivel nacional fortalece la certeza jurídica, evita interpretaciones dispares entre entidades federativas y facilita la actuación coordinada de las autoridades encargadas de la investigación y persecución del delito.
La reforma también amplía las atribuciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en materia de prevención y combate a la extorsión, incorporando herramientas tecnológicas y mecanismos de georreferenciación, considerados medidas razonables y proporcionales frente a un delito caracterizado por su alta cifra negra y el uso de medios tecnológicos.
Con estas acciones, Coahuila consolida un modelo integral de combate a la extorsión, fortalece la protección del patrimonio y la tranquilidad de las familias, y se coloca a la vanguardia nacional en la lucha contra uno de los delitos de mayor impacto social.