“SIMAS paga”: escándalo por videos de empleado hijo de regidora; alcalde exige destitución
Piedras Negras, Coahuila;— A través de redes sociales, Víctor García Guajardo, empleado del Sistema Municipal de Agua y Saneamiento (SIMAS), fue exhibido por una serie de excesos realizados a nombre del organismo, lo que detonó indignación ciudadana y un posicionamiento firme del gobierno municipal.
García Guajardo —quien inicialmente estuvo a cargo de la difusión de boletines del SIMAS y posteriormente fue reubicado por nulos resultados— aparece en imágenes y videos difundidos en plataformas digitales. En uno de ellos se le observa en un conocido antro de la localidad, consumiendo alcohol junto a un grupo numeroso, acompañado de una marquesina con la leyenda “SIMAS paga”, lo que sugiere que el consumo habría sido cargado usando el nombre de la dependencia.
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El señalamiento cobró mayor relevancia al confirmarse que el trabajador es hijo de la regidora del PT Marisol Guajardo, en un contexto de alta sensibilidad pública por el desempeño y la imagen del organismo operador del agua.
Ante los hechos, el alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, calificó la conducta como inaceptable y exigió la destitución inmediata del empleado. Subrayó que el acceso al agua no puede usarse como símbolo de poder, burla o presión, al tratarse de un derecho humano y un servicio esencial.
El edil fue claro: en el servicio público no hay apellidos que valgan ni tolerancia a conductas que dañen la confianza ciudadana. “No habrá privilegios para nadie”, sostuvo, al deslindar a su administración de cualquier encubrimiento y demandar responsabilidades dentro del propio SIMAS.
Regidora responde y acusa presión política
En medio de la polémica, la octava regidora del municipio, Marisol Guajardo, fijó postura pública en redes sociales, donde rechazó enérgicamente lo que calificó como un uso del poder municipal para ejercer presión política y personal.
La regidora sostuvo que su hijo no es servidor público electo, no autoriza recursos ni decide presupuestos, y subrayó que no existe procedimiento administrativo alguno en su contra. Afirmó que exigir públicamente su despido, sin investigación ni debido proceso, constituye una represalia y un abuso de poder.
Guajardo Martínez consideró especialmente grave que desde el gobierno municipal —encabezado por Jacobo Rodríguez— se pretendan dar lecciones de ética cuando, dijo, existen cuestionamientos públicos y documentables sobre el uso de recursos oficiales como viajes, escoltas, viáticos y unidades, temas que —remarcó— sí son materia de fiscalización.
“La congruencia no se exige persiguiendo familias; se demuestra transparentando el uso del dinero del pueblo”, expresó. Añadió que no se dejará intimidar y que continuará revisando y cuestionando cuentas públicas que considere irregulares, “aunque eso incomode al poder”.
El caso abre un nuevo frente político y mantiene bajo escrutinio tanto al SIMAS como la relación entre ética pública, debido proceso y confrontación política, mientras la ciudadanía exige sanciones ejemplares y controles internos más estrictos para proteger la credibilidad de una dependencia clave.