Como perros de rancho: la oposición que ladra y se amarra sola en Torreón

En Torreón, la oposición actúa como los “perros de rancho”: ladran en secuencia y responden a un reflejo condicionado. Cuando hay bronca, los sueltan; cuando hay fiesta, los amarran. La frase, popular y brutalmente honesta, describe con precisión la reacción política de la oposición lagunera —con injerencia estatal y, sobre todo, local— que salió en tropel a las redes sociales para exigir justicia, condenar a las autoridades municipales y, de paso, posicionarse.

Todo ocurrió tras la muerte del joven Cris Hernán Pérez Rentería, un hecho que provocó una inflexión en el Ayuntamiento de Torreón y trastocó la agenda política de la semana pasada. Mientras el caso aún no se esclarecía, actores con injerencia estatal y nacional dirigieron sus señalamientos no solo contra el gobierno municipal. Fue ahí donde “saltó” la Fiscalía, a partir de los supuestos vínculos operativos con la Policía de Torreón. En ese tablero, “abollar la corona” de la Dirección de Seguridad Pública, hoy encabezada por Alfredo Flores, representaría un golpe político en secuencia.

El caso sigue abierto, incluso después de que los padres aceptaron públicamente la narrativa presentada en territorio de la Fiscalía en Torreón. Aun así, el expediente continúa siendo políticamente rentable.

Ahí estuvieron, casi en fila india digital, el senador Luis Fernando Salazar; el diputado local Antonio Attolini Murra; el exdiputado Shamir Fernández; y el diputado federal plurinominal Ricardo Mejía Berdeja, entre Morena y el PT. Todos con mensajes duros, tono solemne y un libreto reconocible: indignación, exigencia de justicia y condena al “mal gobierno”.

El problema no es lo que dijeron.
El problema es cuándo y para qué lo dijeron.

El senador lagunero Luis Fernando Salazar Fernández publicó su mensaje de acompañamiento a la familia y exigencia de esclarecimiento. Correcto en el fondo, impecable en la forma. Después del mensaje, prefirió volver a sus rutinas de ejercicio y a posar para la foto de perfil. La pregunta es inevitable: ¿la exigencia llegará hasta las últimas consecuencias o solo hasta donde convenga electoralmente?

El diputado federal del PT, Ricardo Mejía Berdeja, dirigió su discurso conforme a sus intereses. Su condena no fue directa contra las autoridades municipales; apuntó al Estado, en una narrativa que coincide con su intención de volver a buscar la gubernatura.
“La impunidad es la constante en #Coahuila…”, escribió.
Después de eso, nada. Regresó al proselitismo.

El exdiputado Shamir Fernández, con una esposa perfilada como posible candidata a diputada local, fue más extenso, más duro y más emocional. Habló de abuso, de falta de ética y de una autoridad sin moral ni humanismo. Exigió videos, renuncias y justicia “con todo el peso de la ley”. El texto es contundente. El historial, no tanto. La indignación no prescribe, pero sí se administra.

De Antonio Attolini Murra no hay sorpresa. Es estridente por naturaleza y esta vez no fue la excepción. Cargó contra el alcalde, el Tribunal Municipal y la narrativa oficial; incluso fue más allá al pedir juicio político contra Román Cepeda. Lo suyo fue gasolina retórica: acusaciones directas, sarcasmo político y el clásico “esto es imperdonable”. Funciona en redes, en el aplausómetro y para sus aspiraciones rumbo a una diputación local por la vía popular.

El único regidor de Morena, Gabriel Francisco, que de vez en cuando logra confrontar al gobierno municipal, condenó los hechos y exigió investigación a la Fiscalía. Sin embargo, el mismo día de las declaraciones compartió espacio con el alcalde durante la entrega de una techumbre y evitó confrontarlo. Cuando se le cuestionó, se mostró nervioso. Después, la narrativa volvió a lo de siempre: proselitismo, ahora con la entrega de litros de leche Lala a bajo costo, fotos, recorridos y el infaltable “esto apenas comienza”. La tragedia como contexto; la gestión social como remate. Política de manual.

El novato político, el regidor del PT Luis Alberto Ortiz Zorrilla, optó por el camino formal: comunicado, puntos claros y exigencia institucional. Aclarar hechos, confirmar carpeta de investigación y deslindar responsabilidades. Correcto. Sobrio. Sin aspavientos. El problema es que el documento pesa menos cuando el silencio institucional pesa más, y se nota quién le dicta el libreto.

Como se advirtió en El Bastón del Mando de este lunes, nadie dio públicamente el espaldarazo al municipio, ni siquiera los integrantes de la Comisión de Seguridad de Torreón. Ni priistas ni opositores tomaron postura clara. Destaca el silencio de Sergio Lara Galván, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Cabildo y único panista que podría considerarse oposición real: silencio absoluto.

La regidora de Morena María Fernanda González Aponte se limitó a un posicionamiento en redes sociales. Como ella, ningún integrante de la oposición llevó el tema al pleno del Cabildo ni usó los micrófonos institucionales. Ningún regidor dio eco formal a sus declaraciones digitales antes de que se conocieran los hechos este viernes.
Salvo Attolini y Shamir, que tras conocer lo dicho por la familia siguen con el tema, ambos con intenciones electorales evidentes.

En política, callar no es neutralidad: es toma de posición.

La muerte de Cris Hernán marcó un parteaguas, pero rápidamente fue absorbida por el oportunismo y los ciclos de indignación reciclada. La oposición en Torreón y Coahuila volvió a mostrar su patrón: ladran cuando conviene, se sientan cuando estorba. Cuando hay conflicto, sueltan al perro; cuando hay acuerdos, lo regresan a la cadena.

Gobernar es otra cosa.
Fiscalizar en serio, también.

Como los perros de rancho.