Policía Torreón toma mayor control de seguridad; celdas municipales entre dos amos

Mientras el discurso oficial seguía repitiendo que “todo estaba bajo investigación”, el poder ya había hecho su movimiento. En silencio, sin flashes ni boletines, la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) tomó el control de las celdas en Tribunales y la Fiscalía tomó declaraciones. No fue prevención: fue corrección interna. Lo dijimos aquí, el 23 de enero. Días después, en pleno día de asueto y con la presión encima, el comisario Alfredo Flores, jefe de la Policía de Torreón, lo confirmó, pero con letra chiquita: solo celdas y detenidos; no audiencias, no procesos. Un mando parcial que reduce riesgos personales, pero estira la rendición de cuentas. Cuando nadie asume todo, el poder se concentra… y la culpa se diluye.

En la política de pasillos, este movimiento se lee como algo mayor: el control de la tríada de la seguridad en Torreón empieza a concentrarse fuera del gobierno cepedista. Primero la Policía, luego Tránsito, y ahora las celdas municipales. ¿Seguirán los “guaruras” del alcalde? Dos episodios similares lo advierten. La punta del iceberg fue el operativo en Nuevo Mieleras (abril de 2025), encabezado por el entonces jefe policiaco César Perales, que dejó a un joven ciudadano muerto y derivó, semanas después, en la salida de Perales y la llegada de Alfredo Flores. Meses más tarde, la salida del secretario del Ayuntamiento, Pepé Ganem. Hoy, la historia parece repetirse con la muerte de otro joven, ahora Cris Hernán.

En este último caso, inicialmente se afirmó que el joven había fallecido tras una presunta agresión en las celdas municipales. Pocos días después, y tras una fuerte presión social, la familia aceptó la versión de la Fiscalía, basada en videos que señalaban que cayó por sí solo. El episodio no cerró la herida: alimentó el escepticismo hacia el gobierno de Román Cepeda, que dio respaldo público a sus funcionarios.

Entregar el control de las celdas municipales a la DSPM no es una decisión técnica: es una apuesta política, un manotazo en la mesa desde Saltillo. El contexto es pesado. Entre 2024 y 2026, el Centro de Justicia Municipal ha registrado tres muertes de personas detenidas: dos clasificadas como suicidios y la más reciente atribuida a una caída en una celda. No hubo responsables, ni sanciones visibles, ni rutas penales transparentes. En lugar de eso, se movió el tablero administrativo y se ajustó la narrativa.

En la operación que hoy se ejecuta se plantea una plantilla de entre 20 y 30 elementos de Seguridad Pública, con funciones de custodia y monitoreo. Flores asegura que las cámaras ya están vinculadas al C2. La pregunta es inevitable: ¿por qué no lo estaban antes, si pertenecen al mismo gobierno municipal? Desde dentro de la propia administración se matiza el dato: no todas estaban conectadas; algunas funcionaban solo como circuito cerrado, mejor que Torreón TV. La diferencia no es menor. A esto se suma un vacío crítico: no se han hecho públicas las relaciones custodio–detenido, los protocolos de uso de la fuerza ni los esquemas de auditoría en derechos humanos.

La transición ocurre en una zona gris. El arranque formal se ha pospuesto, los protocolos no están firmados y los celadores actuales continúan operando mientras capacitan a los nuevos elementos. El riesgo es evidente: doble control sin titularidad legal plena. En custodia, la ambigüedad no es neutral; suele ser peligrosa.

Dentro del propio diseño se reconoce la necesidad de crear o formalizar la figura del alcaide —no alcalde—, el funcionario que asumiría la responsabilidad total del área. El problema vuelve a ser el orden de los factores: la decisión política va delante del andamiaje legal. Gobernar así deja huecos.

En paralelo, no se ha aclarado si Martha Rodríguez, quien impulsó y defendió la consolidación del nuevo Centro de Justicia, mantendrá el control administrativo. De ser así, su área seguiría a cargo de choques, peritos y trámites, operando de forma independiente, aunque “en coordinación” con Seguridad Pública. El diseño híbrido apuesta por separar administración y custodia; el riesgo es el solaparse: ¿quién manda?, ¿quién responde?, ¿

Pero el verdadero control no está solo en los detenidos, sino en los ingresos por faltas administrativas. Con base en promedios operativos observables, el Tribunal de Justicia Municipal de Torreón estaría generando entre 4.5 y 8 millones de pesos anuales por concepto de multas. Recursos que deben ingresar íntegramente a la Tesorería Municipal, bajo el rubro de Aprovechamientos / Sanciones Administrativas. La falta de desglose público es un foco rojo de control y transparencia.

El organigrama, por ahora, es confuso: custodia en manos de Seguridad Pública; administración bajo una jefatura independiente; el futuro “alcaide” dependiendo del comisario. Líneas paralelas que exigen manuales claros para evitar fricciones… o excusas. Es el reflejo de dos frentes de poder: uno municipal y otro desde Saltillo.

Flores ha reconocido que el origen del cambio no fue una reforma, sino una instrucción directa del alcalde. De ahí la prisa. El objetivo declarado: “agarrar buenos números”. La advertencia es obvia: la custodia no se valida con discurso, sino con protocolos y controles externos. No es solo seguridad. La carga laboral aumenta para Flores, pero todavía no ha resuelto una cabeza local para su Comunicación Social autónoma.

Mientras tanto, fanpages ligadas al director de Comunicación Social, Yohan Uribe, como “Noticias al Momento”, empujan relato y buscan moldear percepciones, incluso deslegitimando a la corporación que hoy asume las celdas municipales. ¿Vendrá otro montaje mediático desde la Presidencia Municipal, como el del ciudadano exhibido por tirar desperdicios de barbacoa, frente a una oleada de medios de comunicación y al convenio publicitario? Humor negro de sobremesa: cuando el problema es legal, ningún filtro sustituye al expediente.

PREGUNTAS OFICIOSAS

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Si la orden fue clara —no ir al informe de Miguel Mery Ayup en Saltillo— y bajó en un chat entre funcionarios atribuido al alcalde Román Cepeda, ¿por qué el pecado terminó siendo la captura y no la instrucción? ¿Por qué Eduardo Carmona, entonces en el IMET, pagó con su despido el costo de capturar lo que otros solo obedecieron y enviárselo a Mery, quien —dicen— tocó la puerta del gobernador Manolo Jiménez, detonando el berrinche en el séptimo piso?

Dicen sus compañeros chismosos e intrigosos: ¿fue realmente “falta de oficio” o un ajuste selectivo, cuando en Tribunales el escándalo no produjo la misma contundencia? Si el control se ejerce por WhatsApp y no por acuerdos, ¿la lealtad dura lo que dura una captura? En política, ¿se castiga la desobediencia… o la evidencia? Mañana la historia desglosada….

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¿Pocos se enteraron o, más bien, pocos priistas de Torreón fueron invitados a la entrega de nombramientos de Sectores y Organizaciones del tricolor, realizada en un salón discreto en Saltillo, detrás del Restaurante Principal —el del cabrito de Venustiano Carranza—, lejos de los antiguos masivos en el salón Villa Ferré?

¿Fue un evento de control interno, donde ONMPRI y CNOP sirvieron de marco, con presencias que llegaron “como la humedad”, laguneros como Flor Rentería, mientras otros —como David Flores Lavenant— quien apareció más para ser tomado en cuenta, una vez que se vaya Hugo Dávila, que para recibir nombramiento? El l anfitrión político fue el líder tricolor estatal Carlos Robles, ¿se trató de ordenar llaves y lealtades rumbo a la siguiente jugada? ¿Evento exitoso, dicen en Saltillo… o evento con filtro?