Basura afuera, Narnia adentro: 593 millones ya son ruido político
¿Qué tienen en común una auditoría federal, un contrato de basura y la palabra “denuncia penal”? En Torreón no es teoría jurídica: es conversación pública. Durante el primer periodo de Román Alberto Cepeda como alcalde de Torreón, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) observó 56 millones de pesos en 2022, 159 millones en 2023 y 378.4 millones en 2024. Un dato resalta: los 378.4 millones corresponden al año de la reelección. La suma arroja 593.4 millones de pesos en tres ejercicios consecutivos bajo la misma lupa fiscal.
Casi seiscientos millones. No es un titular escandaloso: es una cifra oficial.
El núcleo del problema sigue siendo el contrato de limpieza concesionado a Promotora Ambiental de La Laguna (PASA). Solo en 2024, más de 300 millones de pesos fueron observados por falta de documentación comprobatoria suficiente sobre gasto federal. No es un episodio aislado. Es el mismo contrato bajo escrutinio recurrente.
Durante los ejercicios auditados, la Tesorería estuvo encabezada por Óscar Luján, hoy —convenientemente— contralor municipal. Es decir, quien administró recursos ahora administra informes y debe solventar observaciones que pasaron por su propia responsabilidad financiera. Legalmente viable. Políticamente incómodo. Pero más allá del movimiento de cargos, la pregunta es otra: ¿qué ocurre si no se solventa?
Aquí está la frontera que pocos explican con precisión. Una observación no es automáticamente delito. Es un señalamiento técnico que puede aclararse. Sin embargo, si no se justifica y la autoridad determina que hubo afectación real al patrimonio público, la observación puede convertirse en daño al erario. Y ese cambio sí tiene implicaciones jurídicas concretas.
En ese escenario entra la responsabilidad resarcitoria: la obligación de servidores públicos o particulares de reparar económicamente los daños causados a la hacienda pública. No busca castigar la infracción, sino recuperar el dinero. Deriva del proceso de fiscalización de la cuenta pública, cuantifica el daño en monto líquido y se tramita mediante un procedimiento administrativo específico. Si no se solventa, puede generar créditos fiscales personales e inhabilitación para contratar con la Federación. Y si existen elementos de dolo o malversación, puede escalar a denuncias penales. Porque sí: cuando se acredita daño al erario, puede haber consecuencias mayores, incluso prisión.
En Torreón existen carpetas de investigación abiertas por presuntas irregularidades vinculadas a la administración municipal, algunas bajo reserva procesal. También se han presentado denuncias por posibles delitos como fraude o peculado en distintos expedientes. Eso no significa culpabilidad automática. Significa que el tema ya no se limita al escritorio de la auditoría: hay investigaciones formales en curso que, dependiendo de su evolución, podrían derivar en responsabilidades personales.
Y ahí aparece el ángulo político. En la calle la frase se repite sin matices: “Al ciudadano lo meten a la cárcel por una pala; aquí son millones.” “Siempre lo mismo.” “Nunca pasa nada.” La ciudadanía no analiza el procedimiento resarcitorio ni el plazo de solventación; mide la distancia entre la cifra y la consecuencia.
El problema jurídico aún está en fase procesal. El impacto político ya está instalado. Porque cuando las observaciones se acumulan y además existen investigaciones abiertas, el asunto deja de ser técnico y se convierte en narrativa electoral, argumento opositor y desgaste institucional.
El gobierno puede sostener que todo está en revisión y dentro de los cauces legales. Y es cierto: el proceso sigue su curso. Pero la pregunta ya no es solo contable:
y hablando de auditorías, donde debería haber una es en las oficinas de la Jefatura de Gabinete, esa dependencia con tres directores y uno solo trabaja; otro tiene una oficina estilo “Narnia”.
¿Y también dónde deberían ponerse los reflectores de las auditorías: no solo en expedientes, sino en oficinas. En Presidencia hay despachos que llevan a otros, estilo Narnia, y detrás de la del jefe de Gabinete, Ariel Martínez, corre el rumor de una oficina “de atrás” donde opera Roberto Parra, presentado como “experto en sistemas”. Muchos creían que ahí se armaba la campaña de Ariel para diputado; este jueves, sin embargo, se comentó que entró un operador financiero con dinero a la oficina de Roberto. No para proselitismo, dicen, sino para “dejarle qué hacer”.
Detrás de la del jefe de Gabinete, varios se preguntan si no se estaría armando campaña, sino moviendo el gasto: entró el operador financiero, y mientras ellos se reúnen en esa oficina, el único de los tres de Gabinete que sí trabaja es Luis Rayas, hoy colocado en el control del POA, tras la salida del responsable por diferencias con Román Cepeda desde enero. Cuando cambian las llaves del presupuesto, cambia el juego. Con observaciones millonarias en 2024, el ruido no es menor. En el gobierno, lo que se mueve en lo oscuro… termina en la luz.