Todo comenzó con el violinista Zeytta Yámell en la Alameda de Torreón. Un joven talento local que pasó de tocar en el paseo público a ser reconocido en redes sociales, incluso por figuras internacionales como Lady Gaga, como lo documentó El Sol de La Laguna en una nota que narró su ascenso viral. De la Alameda a los reflectores digitales. Pero mientras su historia inspiraba en internet, en la vida real enfrentaba otra melodía.

Según testimonios recabados por esta columna, al joven no solo le pidieron retirarse por ocupar espacio público. Se le habría solicitado pagar 600 pesos semanales para permitirle continuar tocando. No multa. No recibo. No trámite formal. Un pago informal.

Al frente de la Dirección de Plazas y Mercados se encuentra Víctor Ramos . En los relatos también aparece como operador frecuente en campo el inspector Miguel Acuña.

El caso del músico no sería aislado. Un comerciante con presencia en puntos estratégicos de Hidalgo, Morelos y Falcón —cuyo nombre se reserva por seguridad— describe un patrón similar. “Me quitaron el puesto varias veces, sobre todo en fines de semana. Así cómo no te quiebran”, relata. Calcula pérdidas superiores a 100 mil pesos en pocos meses. Tras el desgaste, llegó el “acuerdo”: 5 mil pesos semanales para operar sin sobresaltos. “Primero te aprietan, luego te dicen cómo arreglarte”, resume.

El método, aseguran varios entrevistados, es constante: retirar, presionar, asfixiar… y después negociar.

De confirmarse estos testimonios, no hablaríamos de regulación administrativa. Hablaríamos de administración del miedo.

En paralelo, circula otro señalamiento delicado: la presunta promoción de unidades tipo food truck en alrededor de 180 mil pesos como vía para “regularizar” espacios. “Si quieres trabajar tranquilo, cómprale la unidad”, afirma otro comerciante consultado. De ser cierto, el orden urbano estaría funcionando como negocio colateral.

La contradicción es evidente al contrastarlo con el reglamento: el ambulantaje permite máximo 1.20 metros por 1 metro, sin mesas ni sillas. Sin embargo, basta caminar por el Centro para observar carpas amplias y mobiliario que excede por mucho esas dimensiones.

La pregunta es inevitable: ¿por qué unos sí y otros no? La respuesta que dan comerciantes es cruda: “Porque pagan”.

La inconformidad ya escaló. Para este lunes se anuncia una marcha de la Alameda a Plaza Mayor por presunto hostigamiento. No es la primera desde que Víctor Ramos asumió el cargo. En su momento, cuando comerciantes se manifestaron en el sótano de la Presidencia , el director declaró que solo exigía el cumplimiento de la Ley de Ingresos en materia de derecho de piso. Hoy la percepción ciudadana es distinta.

Y el problema no termina en la calle. Empresarios formales y emprendedores también apuntan hacia la Dirección de Urbanismo por presuntos bloqueos y condicionamiento de trámites. Hay casos de negocios cuya autorización, tras múltiples vueltas administrativas, habría quedado sujeta a una cifra cercana al medio millón de pesos. “No es lo que marca el reglamento, es lo que te piden por fuera”, afirma un empresario del sector publicitario.

Otro expediente involucra a una emprendedora que tramitó uso de suelo “condicionado” conforme al Plan Director y terminó con resolución negativa. Su inversión migraría a Ciudad Lerdo bajo una frase tajante: “No voy a dar dinero. Prefiero irme a otro municipio”.

En estos relatos aparece el nombre de Gustavo Muñoz como interlocutor dentro de la dependencia. Empresarios lo describen como alguien que escucha, pero no resuelve. “Te reciben, te dan largas y el expediente no avanza si no hay algo más”, comenta otro inversionista. Cambios de criterio, retrasos acumulados y desgaste que encarece cualquier proyecto.

Ambas áreas forman parte del gobierno municipal encabezado por el alcalde Román Alberto Cepeda González. La pregunta es directa: ¿existe conocimiento institucional de estos presuntos cobros? ¿O estamos ante direcciones que operan con margen propio?

Ordenar la ciudad es obligación. Cobrar fuera de caja, si ocurre, es otra cosa.

Cuando el ambulante paga para sobrevivir y el empresario paga para invertir, Torreón pierde competitividad. Cuando un negocio decide instalarse en otro municipio para evitar “condiciones”, la señal es grave.

No se trata de golpear políticamente. Se trata de proteger el clima económico y la confianza pública.

Porque el problema ya no es solo un violinista que logró que Lady Gaga volteara a verlo. Es la percepción —cada vez más extendida— de que el trámite municipal tiene precio variable. Y cuando la ciudadanía pierde el miedo y empieza a hablar, el sistema entero entra en revisión.

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Preguntas oficiosas

En política, las cloacas no explotan por casualidad. Explotan cuando la presión acumulada ya no cabe bajo la tapa.

❓ ¿Quién llegó a mover el avispero electoral y, de paso, a revivir a más de uno que ya estaba políticamente en modo zombie en el priismo lagunero? Dicen que fue el senador Miguel Riquelme Solís, quien no solo vino a Torreón a cantar consignas, sino también a operar respaldos, como en el caso de la diputada federal con licencia y casi candidata del Distrito 09. Pero esa historia —con nombres, tiempos y cálculo político— merece café aparte. Mañana lo desmenuzamos en El Espresso del Día.

❓ Nadie lo vio venir —ni los propios panistas que promovieron la denuncia—: ¿quién terminó capitalizando la resolución del Instituto Electoral de Coahuila, a través de su Comisión de Quejas, que ordenó a Morena retirar propaganda en 11 de 16 distritos por el uso de la silueta de la presidenta Claudia Sheinbaum? ¿Fue un golpe jurídico del PAN o una jugada que también descolocó a los morenistas? Desde la 4T en Coahuila aseguran que la línea es clara: no han sido notificados, acudirán al tribunal y las precampañas continúan. ¿Decisión técnica del árbitro o presión política desde el poder estatal?