Cuando la discapacidad depende de la política
Las personas con discapacidad no viven de discursos, viven de resolver. Resolver cómo pagar terapias, cómo trasladarse en ciudades que no están adaptadas, cómo sostener una vida productiva en un entorno que exige pero no acompaña. En La Laguna, esa realidad no es excepción: es rutina. Banquetas intransitables, transporte público insuficiente, costos médicos elevados y una inclusión laboral todavía limitada. Esa es la base. Lo demás es política.
En Coahuila, más de 50 mil personas con discapacidad entre los 30 y 64 años enfrentan ese escenario todos los días. Es población en edad productiva que no está esperando promesas ni anuncios, sino condiciones reales. Sin embargo, la respuesta institucional ha sido desigual y, sobre todo, condicionada.
El modelo federal de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, impulsado en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y continuado por Claudia Sheinbaum, establece como población objetivo a personas de 30 a 64 años, pero bajo un esquema de cofinanciamiento: 50% federación y 50% estado. En teoría, esto permitiría una cobertura universal. En la práctica, la cobertura depende de voluntad política, presupuesto… e incluso del contexto electoral.
Ahí aparece el primer filtro. El apoyo contempla un monto bimestral con su equivalente anual, pero ese beneficio no está disponible para todos. En ocho estados —Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Querétaro— no hay registro para personas de 30 a 64 años. En estas entidades, el programa federal se limita a personas de 0 a 29 años o en condiciones específicas de vulnerabilidad.
Es decir, el acceso no depende únicamente de la necesidad… depende de decisiones políticas.
Además, el requisito indispensable para acceder al programa es contar con un certificado de discapacidad emitido por una institución pública, lo que representa otra barrera para quienes no tienen acceso oportuno a diagnósticos o servicios médicos.
Desde Morena, figuras como Diego del Bosque han insistido en que la falta de firma de convenios estatales es la causa de la exclusión. Desde los gobiernos estatales, se responde que el diseño federal trasladó la responsabilidad desde el inicio. Ambas posturas tienen sustento, pero también evidencian algo más profundo: el derecho quedó sujeto a negociación.
En Coahuila, el gobierno estatal encabezado por Manolo Jiménez Salinas, junto a Liliana Salinas Valdés y Paola Rodríguez López, ha optado por construir una respuesta propia con más de 331 millones de pesos en inversión. A través de programas como “Veamos la Discapacidad” y la estrategia Mejora Coahuila, coordinada por Gabriel Elizondo Pérez, se intenta cubrir ese vacío. Ahí hay un punto claro: existe voluntad local ante una cobertura federal incompleta.
Pero incluso esa voluntad tiene límites. Porque ningún programa estatal puede sustituir completamente una política nacional. Y ningún diseño federal puede llamarse universal si depende de acuerdos que no se concretan.
Al final, el resultado es el mismo: cobertura parcial.
Las personas con discapacidad no necesitan entrar en ese debate. No necesitan entender si fue falta de firma o falta de diseño. Necesitan acceso, continuidad y condiciones. Necesitan poder moverse, trabajar, atender su salud y vivir con autonomía.
La discapacidad no espera acuerdos políticos. No se ajusta a calendarios ni a presupuestos. Y sin embargo, el sistema la ha tratado como si pudiera hacerlo.
Ahí está el punto crítico.
La inclusión no debería depender de voluntades, pero hoy depende de ellas.
No debería depender de convenios, pero hoy depende de ellos.
No debería depender de coincidencias políticas, pero hoy depende de ellas.
Y mientras eso no cambie, seguirá siendo incompleta.
Porque al final, hay una realidad que no distingue partidos: nadie está exento de vivir una discapacidad, ya sea por salud, por edad o por un accidente. Cuando eso ocurre, el discurso deja de importar.
Lo único que queda es una pregunta:
¿el sistema responde… o no?
❓ PREGUNTAS OFICIOSAS
❓ La pregunta incómoda: ¿Qué está pasando realmente en la relación entre el gobernador Manolo Jiménez Salinas y el diputado —y aspirante por el Distrito 11— Felipe González, luego del saludo breve y distante en el evento de los “300 jóvenes” en el Centro de Convenciones de Torreón, donde el mandatario mostró mayor cercanía con Enrique Martínez y Morales, en medio de la ausencia del alcalde y con un termómetro claro: aplausos para el gobernador… pero apenas reacción para Felipe?❓ ¿Fue solo forma… o mensaje político rumbo a la elección?
❓ Ximena Villarreal, la casi candidata del PRI en el Distrito 08, reapareció en colonias del norte con más dudas que certezas. Su perfil, impulsado como cuota por ser mujer y menor de 30 años, no termina de consolidar estructura ni presencia territorial, especialmente en zonas donde el contacto directo sigue siendo clave. Tras la baja de Karla Galindo por tema de edad, la ecuación podría reconfigurarse hacia la suplente el grupo Saltillo con respaldo estatal para Arleth García. Pero el reto real apenas empieza: ¿quién operará en colonias populares… y quién tendrá alcance en las zonas más exclusivas? Porque en política, la candidatura se define en papel… pero la elección se gana en territorio.
❓ Si la convocatoria de Movimiento Ciudadano para encontrar candidatos, prometía piso parejo y apertura al ciudadano, ¿por qué hoy crecen la inconformidadene en el Distrito 10 y las dudas sobre su cumplimiento? Lo que se vendió como participación abierta comienza a percibirse, para algunos, como un proceso con reglas poco claras. Y si aún “nada está dicho”, como afirma el ciudsdsno quienm busca este distito Héctor Espeleta, la pregunta es inevitable: ¿se trata de una revisión legítima… o del inicio de una disputa interna que podría escalar hasta tribunales? Porque cuando la transparencia se cuestiona, la narrativa cambia rápido.
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