La basura de Torreón llega al Congreso: concesión avanza entre dudas y millones
En Torreón, la basura dejó de ser un problema operativo para convertirse en un negocio estructural. Y como en todo negocio de esta escala, la pregunta no es si mejora el servicio… sino quién gana y quién pierde. Porque detrás del contrato de 25 años y hasta 12 mil millones de pesos, no hay solo camiones nuevos ni discurso de modernidad. Hay intereses, estructuras y decisiones adelantadas, incluso antes de que el Congreso de Coahuila termine de levantar la mano.
La cronología es clave. El viernes 20 de marzo ya se hablaba de “meterlo antes de vacaciones”. Pero fue hasta el martes 24 de marzo cuando el Ayuntamiento de Torreón ingresó el oficio al Congreso, y lo hizo el mismo día de sesión. Llega tarde, pero entra. Y aunque no hay vacaciones legislativas todavía —aunque a ratos lo parezca—, el tiempo real de análisis se reduce al mínimo. Porque hay una fecha que no se mueve: 1 de abril, cuando debe iniciar operaciones la concesión de basura.
Los que ganan son claros. Promotora Ambiental (PASA) asegura operación a largo plazo; mientras que CEO Contenedores en Obra escala a un negocio mayor. Ambas conforman el Consorcio Ecourbano Ambiental (CEA), una estructura que concentra operación, ingresos y control del servicio. Y el discurso político acompaña el ritmo. El alcalde Román Alberto Cepeda lo dijo sin rodeos: “ya está aprobado”… y al mismo tiempo reconoció que “no las traigo al 100”. Dos frases que revelan lo central: avance acelerado… con condiciones aún en proceso.
Pero la ley marca otra ruta. El artículo 115 constitucional permite concesionar servicios, sí, pero cuando el contrato rebasa el periodo del Ayuntamiento, requiere aval del Congreso del Estado. La Ley del Municipio Libre de Coahuila refuerza esa obligación cuando se comprometen administraciones futuras. Y el artículo 16 constitucional establece el principio base: todo acto debe estar fundado y motivado. Es decir, no basta con avanzar… hay que hacerlo conforme a derecho.
Entonces, el punto crítico: si el contrato inicia el 1 de abril sin aprobación del Congreso, lo que se abre no es un debate político… es un escenario legal. Puede haber operación sin respaldo pleno, susceptible de juicio de nulidad administrativa; un acto irregular o condicionado por falta de autorización; e incluso responsabilidades administrativas conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. En simple: el servicio puede arrancar… pero la legalidad podría no arrancar con él.
Y ahí cambia todo. Porque ya no es solo quién gana, sino bajo qué reglas gana. Pierde el margen de análisis, pierde el Congreso como contrapeso, y pierde el ciudadano, porque un contrato de 25 años no se revisa… se hereda.
La pregunta final no es política, es jurídica: si la ley exige autorización previa, si el contrato inicia el 1 de abril y si el Congreso vota después… ¿qué es lo que realmente está operando?
Porque en Torreón, cuando el calendario se adelanta a la ley, el problema no es la basura. Es cuando el negocio empieza antes que el derecho.
PREGUNTAS OFICIOSAS
1❓ ¿Encuesta anticorrupción… o casting para elegir al próximo sacrificado?
Trascendió, pero ya no se duda: la relación Román Alberto Cepeda – Yohan Uribe opera bajo una lógica de confianza cerrada —tipo Trevi–Andrade o Jorge Zermeño – Pedro Luis Bernal—, donde la narrativa pesa más que la autocrítica. En ese círculo, lo que se comunica hacia afuera no siempre refleja lo que ocurre dentro, y las decisiones se concentran en un mismo eje. Según Yohan Uribe, medir la corrupción no sería motivo de risa (aunque dé material), pero el ejercicio termina confirmando lo que ya es público: áreas bajo tensión y nombres señalados desde hace tiempo, como Víctor Navarro, Víctor Ramos y Gustavo Muñoz.
El problema no es lo que aparece… sino lo que no. Comunicación Social queda fuera del radar, pese a señalamientos sobre manejo interno y contratos con medios vinculados al propio Uribe. Así, la encuesta deja de ser herramienta de diagnóstico y se convierte en mecanismo de control de daños. Porque cuando el gobierno pregunta lo que ya sabe, no busca corregir… busca administrar el desgaste. Y en los pasillos la pregunta ya no es técnica, es política: ¿por qué algunos siguen intocables mientras otros cargan el costo?
2❓ ¿Humildad política… o pose para la foto?
Alguien debería avisarle a Ximena Villarreal, perfil rumbo al Distrito 08, que estar en campaña también implica construir narrativa, no improvisarla. Y de paso, a su acompañante: Angelina García, sobrina del alcalde Román Alberto Cepeda, conocida en el séptimo piso como “la todopoderosa”, que ahora baja a territorio en un supuesto ejercicio de “humildad política”.
Pero la escena dice otra cosa. En la imagen difundida, lo más auténtico no fue el mensaje… fueron las aguas frescas al fondo. Porque ni Ximena Villarreal ni Angelina García logran sostener el momento: rostros tensos, lenguaje corporal distante, expresión de “¿qué hago aquí?”. Y entonces la pregunta es inevitable: si la cercanía no es real, ¿para qué subirla… aunque sea a close friends? Porque en política, lo que parece forzado no suma… evidencia.