Heredan basura en Torreón: concesión a 25 años deja dudas sin resolver
En el Congreso de Coahuila se votó en minutos… pero en Torreón se firmó algo que durará 25 años. Traducido a la realidad municipal —con gobiernos de 3 años—: al menos 8 administraciones heredarán esta decisión. Ocho presupuestos condicionados, ocho cabildos con margen limitado para corregir. La concesión al Consorcio Ecourbano Ambiental no es un trámite operativo… es un candado político-financiero de largo alcance.
El resultado fue claro: 13 votos a favor, 6 en contra y 0 abstenciones. Votaron en contrala oposición morenista Antonio Attolini Murra, Antonio Flores Guerra, Delia Hernández García, Magaly Hernández Aguirre y Alberto Hurtado Vera. Pero más que los votos, pesa lo que no ocurrió: Edna Dávalos Elizondo priista —del bloque que sostuvo la mayoría— estuvo presente… y no votó. Sin postura, sin explicación. En una decisión de este tamaño, el silencio no es neutral… es mensaje.
El primer punto que queda bajo la alfombra es el plazo. Veinticinco años no es un dato técnico, es una decisión estructural. Es suficiente tiempo para blindar la inversión privada… y también para reducir la capacidad de maniobra de los siguientes gobiernos. No es planeación: es amarre. Lo que hoy se firma, mañana no se puede ajustar sin costo.
El segundo punto es la contraprestación. En el dictamen se establece que no se podrá solicitar por este uso. Y ahí uns pregunta clave: ¿cómo se justifica concesionar un servicio público sin una compensación directa para el Municipio? Si el Ayuntamiento no puede cobrar… ¿quién sí? Porque cuando no hay ingreso público, el beneficio no desaparece… solo cambia de manos.
El tercer punto es la tarifa inicial, que arranca con un incremento cercano al 20%. En un contrato de largo plazo, la lógica financiera indicaría lo contrario: más tiempo, menor presión. Aquí ocurre al revés. Y eso no es un detalle menor… es el modelo.
El cuarto punto son los incrementos anuales. Al estar ligados a inflación, combustibles y neumáticos, el resultado es predecible: aumentos por encima de la inflación real. Es decir, un contrato que crece solo, año con año, sin necesidad de renegociación. El costo no está en el inicio… está en la acumulación.
El quinto punto es el riesgo laboral. La figura de patrón sustituto no elimina pasivos, los traslada. Y cuando hay conflicto, regresan. Es una carga diferida que en algún momento impacta al Municipio.
El sexto punto es la opacidad sobre los socios. El nombre del consorcio es solo la superficie. Lo relevante es quién está detrás: quién financia, quién opera, quién se beneficia. Cuando eso no se transparenta completamente, no es omisión… es diseño.
El séptimo punto es el tema de los activos al final del contrato. Se plantea que pasarán al Municipio, pero sin avalúo claro ni condiciones definidas. Infraestructura usada no siempre significa patrimonio; muchas veces significa gasto futuro.
Ña única voz que sí cuestionó.fur el lagunero Antonio Attolino quien tomó la voz: el plazo, la falta de contraprestación, la ambigüedad del modelo y la visión de ciudad que se está fijando a décadas. Preguntó lo esencial: ¿qué ciudad se está construyendo cuando se toman decisiones que comprometen hasta ocho administraciones?
Porque ese es el fondo. No es solo basura.
Es modelo de ciudad.
Alumbrado. Parquímetros. Ahora recolección.
Servicios públicos estratégicos bajo concesiones largas, ingresos comprometidos y decisiones difíciles de revertir.
Mientras tanto, el alcalde fe Torreón Román Cepeda ya anunció lo que sigue: arranque operativo, nuevas unidades y narrativa de resultados. Todo listo para que se vea el cambio.
Pero aquí no se trata de lo que se ve… sino de lo que se firmó.
Porque la línea es clara:la basura se concesiona… pero el compromiso se hereda.
Y lo que se barrió bajo la alfombra no es el problema.
Pregunta oficiosa
¿Mensaje político… o ajuste de cuentas familiar en el PRI de Torreón?
En el PRI de Torreón los mensajes ya no se susurran, se publican. El choque entre Verónica Martínez y Felipe González escala mientras ambos buscan diputación local y la alcaldía, con Hugo Dávila en la ecuación. Felipe presumió el respaldo de la “mayiza lagunera”, con Mario Cepeda, Mario Cepeda Jr. y Pavel Cepeda; del otro lado, Verónica colocó al centro a Silvia Garza Villarreal, pariente del mismo grupo y figura clave en el conflicto. En política, no es casualidad… es mensaje.
El contexto lo endurece. Silvia Garza Villarreal denunció a Mario Cepeda y a Xóchitl Cepeda por una presunta agresión en un evento político, lo que derivó en medidas legales como brazalete de seguridad. El golpe no fue solo familiar: Xóchitl dejó la regiduría, y el propio Cepeda quedó fuera de esa ruta dentro de la administración de Román Cepeda. Qué bonita familia… políticamente hablando.
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