A días de elecciones, Ayuntamiento de Torreón pone en jaque al sindicato
A dos semanas del arranque de campañas rumbo a diputaciones locales —clave para Torreón por ser la antesala natural de la alcaldía—, el Ayuntamiento priista vuelve a tensarse. El conflicto en Plazas y Mercados dejó de ser administrativo para escalar a la toma de instalaciones por parte de trabajadores sindicalizados, con dos semanas suspendidos, que cuestionan el origen de las decisiones. El detonante, señalan, no fue técnico… lo atribuyen a un supuesto influencer y a una encuesta sobre su desempeño. Y ahí es donde empieza a tomar forma algo más que un simple ajuste operativo. Aquí se advirtió —como tías preocupadas— desde el 25 de marzo, cuando se lanzó la pregunta oficiosa: ¿encuesta anticorrupción… o casting para elegir al próximo sacrificado?
Porque cuando el conflicto crece, también crece la necesidad de administrar costos. En ese contexto, los reflectores regresan a nombres : Víctor Ramos en Plazas y Mercados, Pablo Fernández en Inspección. En ese escenario, hay un nombre que concentra el desgaste: Yohan Uribe, #LordFragmentado”. Las críticas internas no son aisladas ni suaves: “¿cómo confiar en alguien que no puede ni controlar las redes del municipio?”, “responden desde la víscera y luego borran”, “está haciendo caer en la trampa a Román” y “termina jalando para que Morena gane” y con esto se suma de réplica velada como a lo publicado este miércoles en la columna Verdades y Rumores, donde se señalaba que su exdirector editorial tiene formación morenista desde antes de incorporarse a la función pública con Román Alberto Cepeda.
En política, cuando el ruido interno se convierte en cita textual, deja de ser percepción… y empieza a ser síntoma. Por eso, el fondo ya no es la encuesta, sino su uso: cuando se pregunta lo que ya se sabe, no se consulta… se administra el daño.
Esa lógica conecta con lo que ocurre en campo. La reestructuración en Plazas y Mercados no solo tensó la relación con los inspectores; abrió una grieta que exhibe inconsistencias. Mientras el alcalde Román Alberto Cepeda sostiene que “no tienen facultades” y que “no deben de ser sindicalizados”, desde dentro surge el contraste: “también los inspectores de Urbanismo son sindicalizados… y el reglamento lo dice”. La pregunta es inevitable: ¿por qué el ajuste se concentra en un frente y no en otro? Algunos lo leen como aplicación selectiva de la norma; otros, como una purga interna ante la sospecha de filtraciones desde áreas operativas. Cuando la ley se aplica de forma parcial, deja de ser regla… y empieza a parecer herramienta.
El intento de matiz desde la Jefatura de Gabinete tampoco logra cerrar la fisura. Ariel Martínez reconoce que hay 22 inspectores sindicalizados, pero insiste en que esa función no debería serlo. Del otro lado, la dirigencia sindical, encabezada por Rosalva Rodríguez, responde con memoria: no hay notificación formal y llevan más de dos décadas operando igual. Traducido al lenguaje político: lo que hoy se corrige, ayer se permitió. Y ese tipo de contradicción no se borra con discurso.
Pero el conflicto no se queda en lo institucional. Desde dentro del propio Ayuntamiento, la narrativa escala. Inspectores describen una cadena de mando donde las decisiones no son individuales: “si roban los inspectores, roba el jefe… es la cadenita”, señalan, colocando en el centro al director Víctor Flores. Aseguran, además, que rutas, cobros y operativos responden a instrucciones directas. Si esto es cierto, el problema deja de ser operativo… y se vuelve estructural.
En ese punto, el factor político termina de cerrar el círculo. Versiones internas apuntan a que “no los dejó ni trabajar”, en referencia a decisiones influenciadas desde el área de Comunicación Social. Es decir, el ajuste no solo reorganiza funciones… también reacomoda poder. Y cuando operación y narrativa se cruzan sin coordinación, el costo ya no se contiene: se multiplica.
En paralelo, la percepción ciudadana ya hizo lo suyo. En redes, el lenguaje es directo: “extrañan los moches”, “en urbanismo te piden piso”, “pagas y te cancelan el acta”. Otros piden pruebas, algunos matizan. Incluso hay sectores comerciales que ven con buenos ojos la medida, al considerar que podría aliviar prácticas que impactaban sus finanzas. Pero en política, la percepción no espera dictámenes.
Así, lo que empezó como una reestructuración terminó exhibiendo algo más profundo. Si el Ayuntamiento sostiene que ningún sindicalizado debe operar fuera de la ley, tendrá que aplicarlo en todas las áreas… sin excepción. Porque si no, la pregunta que abrió esta historia se transforma en otra —más incómoda y más difícil de contener—: ¿esto es legalidad… o es control?
Y en el fondo queda otra duda, igual de incómoda: ¿por qué hacerlo justo a las puertas del proceso electoral? Porque en política, el orden que llega de golpe rara vez nace de la convicción… casi siempre nace de la urgencia. Y esa, cuando se administra mal, termina exhibiendo justo lo que se quería ocultar.
Preguntas Oficiosas
🔴 ¿Urbanismo sin director… o solo fuera del radar?
En medio del conflicto que sacude a inspectores municipales, el nombre de Gustavo Muñoz (director de Urbanismo) vuelve a aparecer… pero no por su presencia, sino por su ausencia. Versiones internas, comentarios de vecinos y señalamientos en el entorno apuntaban a que estaría nuevamente de vacaciones, incluso con la versión de un posible viaje a España para visitar a su primo, Fernando Nicolás Muñoz San Juan (exnotario vinculado al llamado cártel inmobiliario de Torreón). La especulación creció porque no se le veía en su domicilio: sin rastro de movimiento y con la camioneta blanca asignada por el Ayuntamiento estacionada afuera, a diferencia de sus vehículos de colección.
Sin embargo, esa ausencia se rompió más tarde, cuando fue visto abordando esa misma unidad. Mientras tanto, el desorden escalaba y la dirección operaba —según versiones— sin una cabeza visible y con al menos dos días sin firma oficial. En ese vacío, también surge otra lectura: que alguien le habría advertido no exponerse para evitar quedar en el centro del conflicto. Sea cual sea la explicación, el efecto es el mismo: la Dirección de Urbanismo sin conducción clara en un momento crítico, moviéndose más por señales internas que por conducción institucional.
🔵 ¿Salida real de SIMAS… o reacomodo discreto?
Como chorro de agua purgada de SIMAS, corre la versión de que Raymundo Rodríguez de la Torre (exgerente técnico de SIMAS Torreón) ahora sí dejaría de aparecer en la nómina municipal tras su salida del cargo el 20 de junio de 2024. Sin embargo, fue reubicado en SIMAS Rural en noviembre de 2024, en un movimiento que muchos interpretan como reacomodo más que retiro. Su paso dejó huella: él mismo reconoció que la mayoría de los pozos no cumplían con la normativa de calidad del agua.
En ese contexto, resurgen señalamientos que lo han acompañado: sospechas sobre el manejo del suministro de agua en coyunturas sensibles, especialmente en procesos electorales. Nada acreditado oficialmente, pero sí parte del ruido que regresa cada vez que fallan los pozos. Y cuando el agua no llega, la pregunta es inevitable: ¿problema técnico heredado… o una operación que nunca se fue del todo?