Más de 35 años de cárcel por matar a un niño en Gómez Palacio: así ocurrió el caso
Gómez Palacio, Durango.— La justicia alcanzó a los responsables, pero no borra la gravedad del hecho. Dos hombres fueron sentenciados a más de 35 años de prisión por el homicidio de un niño de 7 años, ocurrido el pasado 8 de abril en la colonia Urbi Villas del Cedro.
La Fiscalía General del Estado de Durango confirmó que Carlos Eduardo Román Martínez y Axel Michel Vázquez Rodríguez recibieron una condena de 35 años, 9 meses y 28 días de cárcel, además de sanciones económicas y reparación del daño para las víctimas.
🔎 Un ataque directo… que terminó en tragedia
De acuerdo con la investigación, los agresores llegaron en motocicletas y abrieron fuego contra un domicilio donde presuntamente se realizaban actividades ilícitas.
En el ataque:
- Un niño de 7 años murió tras recibir un disparo en la cabeza
- Una mujer resultó lesionada por arma de fuego
El menor se encontraba fuera del domicilio cuando fue alcanzado por las balas. Los responsables huyeron tras el ataque.
⚖️ Sentencia y reparación del daño
Además de la pena de prisión, el juez determinó:
- Multa superior a 300 mil pesos
- Pago de más de 1.5 millones de pesos como reparación del daño
Ambos ya se encuentran recluidos en el CERESO de Durango, donde cumplirán la condena.
Más allá de la sentencia
El caso reabre una pregunta incómoda en La Laguna:Gómez Palacio, Durango.– La justicia comenzó a moverse. Un juez dictó prisión preventiva contra los presuntos responsables del homicidio del menor Cristian Salazar, un caso que ha generado indignación social en toda la región lagunera. De acuerdo con reportes retomados de Milenio, los imputados enfrentarán su proceso penal privados de la libertad, señalados por su presunta participación en el crimen que conmocionó a la comunidad.
La medida cautelar implica que permanecerán en prisión mientras avanzan las investigaciones y se define su situación jurídica, en un caso que ha sido seguido de cerca tanto por autoridades como por la ciudadanía, que ha exigido respuestas claras y resultados contundentes. No es un asunto menor: cuando la víctima es un menor, el impacto trasciende lo judicial y se instala en lo social.
La muerte de Cristian Salazar no solo fue una tragedia familiar, sino un golpe directo a la percepción de seguridad en La Laguna. El caso desató indignación, miedo y un reclamo generalizado de justicia, reactivando el debate sobre la violencia en Gómez Palacio y la capacidad de las autoridades para prevenir este tipo de hechos. En redes sociales, la reacción fue inmediata: enojo, impotencia y una constante exigencia de que este caso no quede impune.
La decisión del juez de dictar prisión preventiva envía una señal de avance en el proceso, pero también refleja la presión social que rodea el caso. Porque aquí no se trata solo de cumplir con el procedimiento legal, sino de responder a una sociedad que ya no tolera más casos de violencia que terminen en impunidad. La justicia, en este contexto, no solo debe hacerse… debe notarse.
El proceso penal continuará en las próximas semanas, donde se determinará la responsabilidad de los implicados. Mientras tanto, el nombre de Cristian Salazar queda como un recordatorio incómodo pero necesario: en La Laguna, la violencia no se mide solo en estadísticas, sino en historias que marcan a toda una comunidad.
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¿cuántos daños colaterales más se necesitan para entender que la violencia no distingue entre objetivos?
Porque aquí no hubo error de cálculo… hubo una consecuencia brutal.