Hay un viejo principio conocido como la Prueba del Pato: si camina como pato, nada como pato y grazna como pato, probablemente sea un pato. En política suele utilizarse para identificar aquello que los discursos intentan negar, pero que los hechos parecen confirmar. También sirve para medir la comunicación de los gobiernos: cuando una autoridad dedica más tiempo a responder al mensajero que a resolver las dudas de los ciudadanos, el problema deja de ser la noticia y se convierte en un asunto de confianza pública.

Eso ocurrió en Gómez Palacio. Tras la difusión de un video y diversas notas periodísticas sobre un presunto alcoholímetro aplicado a peatones, el Ayuntamiento respondió mediante un oficio firmado por el secretario del Ayuntamiento, Aldo Macías Franco, dirigido a la dirección editorial de El Siglo de Torreón. En el documento sostuvo que la información era «descontextualizada» y ejerció su derecho de réplica. La autoridad afirmó que no existió un alcoholímetro para peatones y explicó que el operativo correspondió a un conductor que presuntamente presentaba un alto grado de ebriedad, mientras que sus acompañantes fueron intervenidos por insultar y amenazar a los agentes.

Hasta ahí, la versión oficial. Pero el propio comunicado deja abiertas interrogantes que nunca termina de responder.

Si el conductor presentaba un estado avanzado de ebriedad y su camioneta fue asegurada por una grúa, surge una pregunta que comenzó a circular entre ciudadanos y periodistas desde aquella misma noche: ¿qué ocurrió con esa persona?, ¿cómo concluyó el procedimiento?, ¿fue entregada a un familiar?, ¿fue acompañada a un lugar seguro? El comunicado afirma que «se le permitió retirarse», pero no explica cómo ocurrió ni bajo qué protocolo.

También quedó pendiente otro punto. De acuerdo con información que fue comentada públicamente por autoridades municipales durante reuniones del Cabildo, las personas involucradas se habrían identificado como trabajadores de la Presidencia Municipal. Esa circunstancia no fue desarrollada en el comunicado ni se informó si dio origen a alguna investigación interna, por lo que continúa siendo un aspecto que merece una aclaración pública para evitar especulaciones.

Y precisamente ahí comienza el verdadero debate.

Porque la discusión ya no gira únicamente sobre si hubo o no un alcoholímetro aplicado a peatones. La verdadera discusión es si la autoridad respondió todas las preguntas que el propio operativo generó. ¿No habría sido más sencillo presentar los videos completos, las bitácoras del operativo, los informes de actuación y el fundamento jurídico de cada intervención? ¿No habría fortalecido la confianza pública una explicación apoyada en evidencia verificable?

El problema de la comunicación pública es que no basta con afirmar que una noticia es falsa. Hay que demostrarlo. La transparencia no se acredita con adjetivos; se acredita con documentos, videos, protocolos y datos que puedan ser revisados por cualquier ciudadano.

No es la primera ocasión en que la administración municipal mantiene diferencias públicas con medios de comunicación. Existe además el antecedente de la exclusión de reporteros de El Siglo de Torreón de un canal oficial de difusión al inicio de la administración, un episodio que marcó una relación de tensión entre ambas partes. Más allá de quién tenga razón en cada caso, la pregunta permanece: ¿la información pública pertenece al gobierno o a los ciudadanos?

Lo ocurrido ahora también abrió otra discusión. El Ayuntamiento hizo público un oficio originalmente dirigido a la dirección editorial del periódico y difundió desde sus plataformas oficiales la publicación cuestionada. Esa decisión puede ser interpretada de distintas maneras, pero deja una reflexión válida: ¿la comunicación institucional debe concentrarse en informar a la ciudadanía o en responder públicamente a un medio específico?

En los últimos años se volvió frecuente que distintas autoridades, en diferentes niveles de gobierno, respondieran públicamente a medios y periodistas. Ese estilo de comunicación forma parte del debate democrático, pero también obliga a preguntarse cuál debe ser el equilibrio entre el derecho de réplica de la autoridad y la responsabilidad institucional de privilegiar la información por encima de la confrontación.

Las autoridades tienen derecho de responder cuando consideran que una publicación es incorrecta. Los medios, por su parte, tienen la obligación de verificar, corregir y contextualizar cuando corresponda. Sin embargo, el derecho de réplica no sustituye la obligación de rendir cuentas ni elimina la necesidad de responder las preguntas de interés público.

La confianza ciudadana se fortalece cuando las instituciones transparentan sus actuaciones, documentan sus procedimientos y permiten que los hechos puedan verificarse. Cuando existen dudas razonables sobre un operativo oficial, la mejor respuesta suele ser la evidencia.

La Prueba del Pato también aplica para la comunicación política.

Si un gobierno responde primero al medio y después a las preguntas de los ciudadanos, inevitablemente la percepción pública se convierte en parte de la historia. No porque los señalamientos sean ciertos por sí mismos, sino porque la confianza depende tanto de las respuestas como de la forma en que se ofrecen.

❓Preguntas Oficiosas |

¿Quién sigue después de #LordFragmentado y el oso ?

Como lo adelantamos hace días en este espacio, los primeros movimientos dentro del Ayuntamiento de Torreón ya comenzaron. Aquí no nos alegra que alguien pierda su empleo; al contrario, creemos que el servicio público debe ejercerse con profesionalismo y resultados.

Sin embargo, pocos funcionarios acumularon tanto desgaste como Yohan Uribe, conocido en redes sociales como #LordFragmentado, quien terminó convirtiéndose en uno de los mayores pasivos políticos de la administración de Román Alberto Cepeda González. No fue casualidad que el propio gobernador anticipara que habría cambios importantes y el tiempo terminó dándole la razón.

Su salida también generó movimientos entre otros actores políticos. Versiones señalan que el diputado local Felipe González habría acortado sus vacaciones para reunirse con Miguel Riquelme, quien hoy podría ser ratificado por el Congreso como alcalde interino de Torreón.

La fotografía del encuentro llamó la atención por un detalle: al fondo aparecía un gran oso, aparentemente parte de una decoración estilo Galerías del Triunfo, imagen que rápidamente comenzó a circular entre funcionarios y exfuncionarios, por lo que posteriormente fue difundida una versión editada sin ese elemento, pero demasiado tarde.

Ahora, más allá de la salida de Uribe, comienzan a circular versiones sobre una posible revisión al manejo administrativo de la Dirección de Comunicación Social. Hasta el momento no existe ninguna resolución oficial que acredite responsabilidades administrativas o penales; sin embargo, se habla de auditorías relacionadas con el ejercicio del presupuesto, contratos y otros gastos, además de señalamientos sobre el manejo de campañas de comunicación.

Si esas investigaciones existen, corresponderá exclusivamente a las autoridades competentes determinar si hubo irregularidades o si todo queda en versiones políticas.

Lo cierto es que la reconfiguración del Ayuntamiento apenas comienza y la pregunta ya no es quién salió primero, sino quién podría ser el siguiente en abandonar el gabinete.

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¿Quién sobrevivirá a la sacudida en Urbanismo?

Si existe una dependencia donde hoy se respira tensión dentro del Ayuntamiento de Torreón, esa es Urbanismo. Todo indica que encabezaría la lista de las primeras áreas donde podrían registrarse cambios con el relevo en la administración municipal.

No se trata únicamente de versiones de pasillo: durante los últimos meses se han acumulado quejas de ciudadanos, empresarios, empleados y exempleados por la operación de la dependencia.

A ello se suma el impacto político y mediático del llamado «Cártel Inmobiliario de Torreón», cuyas acusaciones deberán ser esclarecidas por las autoridades competentes, pero que han colocado a la oficina bajo un intenso escrutinio público.

En ese contexto, el nombre de Gustavo Muñoz López vuelve a estar en el centro de las conversaciones políticas. Mientras avanza la transición, crece la percepción de que varios funcionarios deberán responder primero a las revisiones administrativas antes que pensar en vacaciones o proyectos personales.

Cuando una dependencia concentra tantas críticas y cuestionamientos, el relevo deja de ser una posibilidad para convertirse en una decisión política que busca recuperar la confianza ciudadana.