La plaza no llegó, pero la denuncia sí: sindicato de Torreón bajo presión
En Torreón, la presunta venta de plazas dentro del sindicato minoritario de trabajadores municipales ya no es solo rumor de pasillo, ni grilla de café cargado. Una afectada asegura que ya presentó denuncia ante la Fiscalía del Estado, que ya tuvo dos audiencias y que el caso fue enviado a una nueva etapa de investigación.
La frase que resume el tamaño del reclamo es simple y dura:
“Lo que quiero es que me den mi dinero”.
Según el testimonio recabado por Al Café Político, la denunciante afirma que acudió ante la autoridad por el presunto pago realizado bajo la promesa de obtener una plaza. En una de las audiencias, el señalado habría negado los hechos, por lo que el caso fue turnado a investigación.
El contexto no nace de la nada. Desde noviembre de 2025, Al Café Político documentó que trabajadores municipales habrían entregado dinero como anticipo para ser sindicalizados, y que en esos testimonios apareció el nombre de Jaime Rodríguez, entonces ligado al Sindicato de Trabajadores Manuales del Ayuntamiento de Torreón, conocido como el sindicato minoritario, integrado principalmente por empleados de Parques y Jardines.
Ahora, el caso vuelve a tomar fuerza porque ya existirían denuncias presentadas ante la Fiscalía del Estado y porque los afectados señalan que el sindicato tendría elementos para acompañar formalmente el proceso, pero no lo ha hecho.
Además, uno de los afectados en su momento, y hoy agremiado, confirmó a Al Café Político que conoce el caso y que incluso existe un oficio entregado al actual secretario general, Gerardo Barraza Vega.
“Mire, es que ya soy sindicalizado. A mí me entregaron la clave sindical por medio de una persona que se pensionó. Tengo 11 años trabajando”, señaló.
Ese mismo agremiado afirmó que Jaime Rodríguez Olivares, identificado por él con el número de nómina 10155, habría negociado varias claves durante los 15 años que estuvo como secretario general del sindicato.
“Jaime Rodríguez Olivares, con número de nómina 10155, negoció varias claves durante 15 años que estuvo como secretario general”, sostuvo el trabajador.
El señalamiento no es menor, porque viene de alguien que hoy ya forma parte del gremio y que asegura conocer el funcionamiento interno del sindicato. No habla desde fuera del edificio, sino desde el pasillo donde se oyen los pasos antes de que truene la puerta.
De acuerdo con este testimonio, el actual secretario general Gerardo Barraza Vega ya tendría conocimiento del presunto fraude por venta de plazas. Incluso, el trabajador citó los propios estatutos sindicales para señalar que Barraza tendría facultades para actuar legalmente.
“El nuevo secretario general Gerardo Barraza Vega tiene conocimiento del fraude de venta de plazas y él tiene la facultad, porque así nos marcan nuestros estatutos, artículo 19, fracción 10”, afirmó.
Según el agremiado, dicho artículo facultaría al secretario general para presentar denuncias o querellas ante autoridades penales del fuero común o federal, en nombre y representación del sindicato.
“Está autorizado para presentar denuncias o querellas ante autoridades penales del fuero común o federal en nombre y representación del sindicato”, explicó.
Sin embargo, el reclamo es que esa acción no se ha realizado.
“Cosa que no ha hecho, y las personas que están afectadas esperan su denuncia y tener avances”, señaló.
La acusación sube de tono cuando el trabajador afirma que habría intereses internos relacionados con nuevas claves sindicales.
“Hay intereses de por medio, nuevas claves sindicales; por eso no ha puesto la demanda y está afectando a ciudadanos”, sostuvo.
Por separado, la denunciante también aseguró que integrantes del Comité de Honor y Justicia del sindicato le habrían informado que el nuevo secretario general debía presentar una denuncia formal ante la Fiscalía para respaldar a los afectados. Sin embargo, según esa misma versión, la denuncia sindical no se ha presentado.
“Nosotros, como Comité de Honor y Justicia, le dijimos al secretario nuevo que tenía que presentar la denuncia, pero no quieren”, habría sido el mensaje que recibió la afectada, de acuerdo con su testimonio.
Más delicado todavía: la denunciante asegura que personas del propio sindicato habrían señalado presuntas amenazas internas para no avanzar. Según su versión, les habrían advertido que podían perder su trabajo si insistían en que el tema se denunciara formalmente.
La explicación que le dieron, según su relato, fue todavía más reveladora:
“No querían que se supieran otras cosas”.
Y ahí es donde el café se vuelve cargado, amargo y con sedimento en el fondo. Porque una cosa es una disputa sindical y otra muy distinta es que haya ciudadanos que aseguren haber entregado dinero por plazas que nunca llegaron, mientras el sindicato, según los testimonios, se queda a medio camino entre el silencio, la duda y la protección interna.
La denunciante sostiene que existiría una lista de alrededor de nueve personas afectadas. Algunas, dice, ya no quieren hablar. Otras podrían hacerlo si existe respaldo y reserva de identidad.
El problema ahora no es solo lo que presuntamente hizo Jaime. El problema es lo que no estaría haciendo Gerardo.
Porque si el nuevo secretario general ya conoce el caso, si existe un oficio entregado, si hay afectados, si hay denuncias presentadas ante la Fiscalía del Estado y si los estatutos sindicales le dan facultades para presentar denuncias o querellas en representación del sindicato, entonces la pregunta se sirve sola:
¿Por qué no se ha presentado la denuncia sindical?
También se preguntó a una fuente si el nuevo gobierno municipal, encabezado por Miguel Ángel Riquelme Solís, podría apoyar a esclarecer el caso. Su respuesta fue escéptica.
“Con Miguel Riquelme Solís, no creo. Cuando fue alcalde de Torreón hubo venta de plazas sindicales al por mayor”, señaló.
Esa afirmación queda como percepción del entrevistado, no como conclusión judicial. Pero políticamente pesa, porque Riquelme regresa a Torreón con agenda de agua, drenaje, transporte, bacheo y servicios públicos, pero también con sindicatos que arrastran historias viejas, claves disputadas y expedientes que nadie quiere abrir porque podrían salpicar más que fuga de Simas en julio.
La ley es clara: una plaza pública no se vende. El trabajo no es mercancía. El ingreso laboral debe pasar por nombramiento, escalafón, requisitos y procedimientos formales. Lo demás, si se acredita, puede entrar en terrenos de fraude, cohecho, tráfico de influencia o responsabilidades administrativas.
Pero para llegar ahí se necesitan pruebas: denuncias, recibos, mensajes, audios, testigos, actas, nombres, fechas y seguimiento institucional. La afectada asegura que ya dio el primer paso ante la Fiscalía. Ahora falta ver si el sindicato se atreve a dar el suyo.
Porque cuando una plaza se vende, el trabajador deja de ser aspirante y se convierte en cliente de un mercado negro burocrático. Y cuando el sindicato calla, la omisión empieza a parecer complicidad con gafete.
☕ Pregunta Oficiosas:
¿La Ola limpia calles… o también barrió funcionarios?
Este miércoles, durante la entrega de uniformes al personal de La Ola, el evento terminó dejando más lectura política que mensaje de limpieza urbana. En teoría, la cita era para reconocer a quienes mantienen presentable la ciudad; en la práctica, la fotografía mostró pocos funcionarios al centro, varios exaspirantes a la alcaldía interina de Torreón: el primer regidor Luis Jorge Cuerda, el secretario del Ayuntamiento Eduardo Olmos y la reaparición del diputado electo Hugo Dávila en un acto político torreonense, ahora acompañando al alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís. Eso sí, no se vio ni a Verónica Martínez, ni mucho menos a Felipe González, quien presume cercanía con el alcalde, pero esta vez no alcanzó invitación.
Y mientras unos reaparecen en primera fila, otros parecen reacomodarse antes del recorte. Llamó la atención que entre el personal de Servicios Públicos se observaran funcionarias que, hasta no hace mucho, cobraban en la Policía Municipal; ahora con chaleco puesto y función todavía por aclararse. Quienes todavía alcanzaron invitación fueron los todavía directores de Servicios Públicos, Fernando Villarreal, y de Obras Públicas, Juan Adolfo Von Bertrab, pero la ausencia de más cuadros municipales dejó otra señal: ahora sí los traen jalando, aunque no a todos los convocan para la foto. La pregunta oficiosa queda servida: ¿La Ola naranja salió a limpiar Torreón… o también empezó a barrer acomodos internos?
¿Lady Fugas anda buscando culpables… o chamba en el séptimo piso?
Como lo dijimos ayer aquí, alguien anda en modo detective buscando a las o los culpables del presunto pastelazo contra su exjefe Yohan Uribe, #LordFragmentado. Y según cuentan, a quien se le vio bastante molesta en los alrededores de la Presidencia Municipal fue a #LadyFugas, como si ahora sí hubiera decidido ponerse la gabardina de investigadora. Dicen que con ese mismo ímpetu hubiera defendido antes a su todavía jefe político, el gerente de SIMAS, Roberto Escalante. Pero en política municipal ya se sabe: unos investigan pasteles, otros investigan nóminas y otros nomás investigan dónde quedó la próxima quincena.
La señora, quien por su carácter habría dejado de ser jefa de prensa del municipio, sigue presumiendo que su gran amigo Eduardo Olmos la ayudará a ella y a sus cercanos a seguir cobrando del Ayuntamiento. O tal vez pensamos mal y en realidad fue a dejar su currículum vitae a las chicas superpoderosas que hoy mandan en el séptimo piso. Dicen que hasta estaría dispuesta a recrear la escena de Marimar y el fango, pero aquí no queremos que nadie pierda el trabajo: #LadyFugas todavía puede hacer buena labor en la planta tratadora de SIMAS; al final, guardias de seguridad siempre hacen falta… y si algo sabe hacer, es vigilar por dónde salir corriendo.dyFugas todavía puede hacer buena labor en la planta tratadora de SIMAS; al final, guardias de seguridad siempre hacen falta… y si algo sabe hacer, es vigilar por dónde salir corriendo.