Torreón: cuando Urbanismo dejó de ordenar la ciudad y empezó a venderla con la “tríada Muñoz”
Este inicio de 2026, un grupo de laguneros arrancó el año con una promesa tan modesta como dolorosa: recuperar, aunque sea en parte, el patrimonio perdido tras descubrir —no por curiosidad, sino por necesidad— la posible existencia de un presunto cártel inmobiliario en Torreón. La incertidumbre sigue ahí, intacta, como una escritura que nunca llegó, pero que sí cobró enganche, predial y paciencia. No es un relato aislado ni un tropiezo administrativo: es la suma de decisiones, omisiones y silencios que, con el tiempo, dibujan un patrón.
El fraude que entra con recibo
En Torreón, el fraude inmobiliario no solo irrumpe con violencia —como ocurrió tras el desalojo en Nuevo Mieleras y la muerte del ciudadano Rolando Medina en abril de 2025—. También entra por la puerta principal, toma turno y sale con recibo. Se planea, se construye y, de acuerdo con testimonios recabados, hace escala obligada en la Dirección Municipal de Urbanismo, pasaba por la Notaría Pública 45, se recicla en la Notaría Pública 102 y termina estacionado —con freno de mano— en la Fiscalía General del Estado de Coahuila. El resultado no es un “error administrativo”: es un sistema que opera mientras las familias esperan.
Urbanismo con mentalidad de negocio
En el centro del relato aparece Gustavo Muñoz, aún director de la Dirección General de Ordenamiento Territorial y Urbanismo del Ayuntamiento de Torreón. Los testimonios lo describen con una soltura que roza la autoparodia del poder: cuando ciudadanos le reclamaron actuar como servidor público, habría respondido que “él tiene una constructora”. Traducción cívica: el gobierno “atiende”, pero piensa como empresario. El problema no es la frase; es lo que habilita cuando la función pública se gestiona como giro comercial y no como responsabilidad social.
La versión oficial se fragmenta
En ese mismo engranaje aparece de manera recurrente la licenciada Gaby, señalada por los denunciantes como segunda al mando dentro de Urbanismo. Las víctimas relatan contradicciones documentadas: por un lado, ella habría sostenido que “no los mandó con ningún notario”; por otro, existen audios en los que Gustavo Muñoz, su superior jerárquico, sugiere explícitamente “hay que ir con un notario”. La versión oficial se fragmenta; el ciudadano queda en medio, sin certeza… y sin escrituras.
Apellidos que se repiten
Las víctimas sostienen además que la conexión incómoda no solo sería funcional, sino también familiar. Según sus testimonios, Muñoz sería primo de Fernando Nicolás Muñoz San Juan, ex titular de la Notaría Pública 45, señalada en múltiples denuncias. Afirman que el fiat notarial le habría sido otorgado por decisión política durante el gobierno de Rubén Moreira, presuntamente sin cumplir todos los requisitos. La presunción de inocencia es obligatoria; la reiteración de coincidencias, inevitable de observar cuando los apellidos y los expedientes se cruzan una y otra vez.
Rumores con sellos
Sobre el notario, los relatos son persistentes: los afectados aseguran que hoy estaría en España, mientras en Torreón viviendas de sus familiares habrían sido cateadas y las víctimas continúan pagando predial de terrenos que no pueden ocupar. Nadie está condenado por rumor, pero hay rumores que ya vienen acompañados de carpetas, sellos, recibos y comprobantes que no se borran con desmentidos tibios.
La “santa tríada”
El modus operandi descrito se repite con una precisión inquietante: desde Urbanismo se habrían permitido o “liberado” trámites sobre predios municipales, áreas verdes o lotes con historial opaco; los compradores eran canalizados a la Notaría 45; se realizaban pagos frente a los interesados, pero las escrituras no llegaban; y cuando el afectado insistía, aparecía la fase de enfriamiento o la intimidación. Cada visita a Presidencia, dicen, venía acompañada de vigilancia y frases cruzadas entre funcionarios. El Ayuntamiento se lava las manos; el ciudadano se queda sin casa.
Cambió el número, no el fondo
Cuando la presión creció y la Notaría 45 cerró, a los quejosos —afirman— se les envió a una segunda estación: la Notaría Pública 102. Ahí surge lo que las víctimas llaman, con ironía involuntaria, la “santa tríada Muñoz”: Urbanismo: Gustavo Muñoz, Notaría 45: Fernando Nicolás Muñoz San Juan y Notaría 102: señalan al titular Víctor Manuel Ortega Muñoz. Para ellos, el cambio de número no cambió el fondo: el mismo apellido, el mismo entorno, el mismo problema. En Torreón, hasta la burocracia se recicla; lo que no se recicla es el daño.
Las cifras tienen rostro
Un primer grupo documentado de 27 personas estima un daño aproximado de 12.5 millones de pesos, con montos individuales que van de 800 mil a 1.2 millones. Hay maestras jubiladas pagando préstamos por un patrimonio inexistente; personas con discapacidad que vendieron su vivienda para intentar construir algo accesible y terminaron sin nada. En esta ciudad, la accesibilidad a veces significa acceso rápido… al engaño.
Justicia en cámara lenta
En la Fiscalía, la justicia avanza —dicen— a cámara lenta. Testimonios aseguran que el delegado regional habría reconocido la existencia de al menos 60 carpetas de investigación, mientras siguen apareciendo más posibles afectados. A finales de 2025 se detuvo a dos mujeres: una habría sido liberada tras “reparar el daño” y la otra continúa recluida. La lógica procesal puede ser impecable; el efecto social es claro: caen operadores y el esquema respira.
Mapas que no mandan
Dentro de Urbanismo, la evidencia ya no es rumor. El sistema SIG-Urbanismo (QGIS) identifica, por ejemplo, el Lote 002 de Quintas Los Nogales como propiedad del Ayuntamiento, mientras un recibo de CFE acredita servicio activo a nombre de un particular.
Se suma una carta de interés de compra con dirección y ubicación precisas.
Tres documentos, un mismo predio: municipal en el mapa, privatizado en los hechos, según lo expuesto por los denunciantes.
Desde el interior de la dependencia, voces advierten que “ese predio de enfrente también se lo andaban quedando” y señalan la bisagra del esquema: “el notario los escrituraba”. A esto se agregan recibos oficiales de Tesorería con pagos sobre predios que, en teoría, no debían transitar así.
No es confusión ni descuido: es método. porque cuando hay luz conectada, cartas firmadas, pagos registrados y mapas oficiales ignorados, aquí nadie brinca bardas; entran por Urbanismo, con sello, firma… y silencio administrativo.
En este punto, el tema deja de ser únicamente administrativo y se vuelve político. El secretario de Gobierno, Óscar Pimentel, aparece como figura clave en el momento en que el Estado intenta recomponer, contener y administrar un daño que ya es público. Desde el propio gobierno se reconoce —en corto— que no hay confianza en ciertos actores, entre ellos Gustavo Muñoz, y que su permanencia en el cargo ya no es segura. El problema es que la reparación llega acompañada de una petición implícita: calma, discreción y tiempo. Caridad condicionada, justicia en abonos y silencio como requisito.
Esta semana habrá una nueva reunión con los afectados, mientras desde el propio Estado se admite que la credibilidad está rota y que algunas piezas del engranaje institucional ya no sostienen el discurso oficial. El reconocimiento existe; la resolución, todavía no.
Esto no es un cierre. Es apenas otra estela de presuntas corruptelas en una Dirección de Urbanismo que, lejos de ordenar la ciudad, parece haberla puesto en subasta. En Torreón, el problema no es que falten mapas. El problema es que sobran silencios… y que algunos todavía esperan que el tiempo los cubra. Aquí, por ahora, no.