En Torreón, criticar o manifestar se paga con represión
En Torreón, la política no se juega con ideas. Se juega con intimidación.
La venganza se disfraza de legalidad, y las respuestas siempre llegan con pretextos, no con soluciones.
Mientras el alcalde Román Alberto Cepeda jura ante los medios que su gobierno defiende la libertad de expresión, los hechos —esos que siempre nos desnudan— gritan todo lo contrario.
La lista de represiones es larga y crece más rápido que la agenda pública del alcalde. En esta segunda temporada del cepedismo, hay más actos de represión que días trabajados por Román.
Uno de los episodios más sonados lo protagonizó Gabriel Legorreta, exasesor de Morena y cercano a Shamir Fernández. Fue detenido junto a su hijo y paseado por las calles de Torreón. A uno de ellos incluso le sembraron cristal, del tipo que se usa para armar “detenciones ejemplares” po parte de l a Policía Municipal, bajo el mando del hoy amparado César “N”, actuó más como brazo político que como cuerpo de seguridad.
Semanas después, en la Cantina Reyes, estalló otro escándalo. Pepé Ganem, el “secretario en trámite” del Ayuntamiento, fue grabado participando en una riña de cantina, presuntamente “defendiendo” a unos jóvenes. El dirigente regional del Partido del Trabajo, Gerardo Calvillo, intentó confrontarlo en una de sus transmisiones en vivo. No encontró a Ganem, pero sí fue localizado él: el negocio de gorditas de sus padres fue clausurado por inspectores de Inspección y Verificación, encabezados por Pablo Fernández Llamas
La ciudadanía organizada también ha sido blanco. Sofía Díaz, abogada y defensora de derechos de las mujeres, alzó la voz tras los abusos del 8M. Desde entonces, su auto y movimientos han sido monitoreados con precisión quirúrgica. ¿Su “delito”? Defender a mujeres violentadas y señalar al poder.
En esta lista también figuran las víctimas del llamado cártel inmobiliario en Torreón. Un grupo de ciudadanos han sido objeto de inspecciones municipales “espontáneas”. Propiedades y comercios han recibido visitas injustificadas por parte de diversas dependencias.¿El objetivo? Doblegar a los denunciantes.
Este jueves, periodistas de Zócalo y Tele Saltillo fueron hostigados por agentes de Tránsito sin razón clara a las afuera de un restaurante del bulevar Indepebdebcuam, su vehiculo con klogos de sus medios fue el reflector. Uno de los periodistas fue amenazado con una multa, y otro —semanas antes— fue encapsulado dentro de Seguridad Pública, mientras cubría el asesinato de Rolando Medina en el ejido Nuevo Mieleras ¿Su falta? Hacer su trabajo.
Pero aunque el alcalde se ausente, la estrategia de represión selectiva permanece. Las denuncias se ignoran, los abusadores se amparan, y la certeza prometida solo vive en los boletines. Torreón ya no es una ciudad gobernada: es un laboratorio de represión institucional. Aquí no hay errores: hay mensajes enviados con precisión quirúrgica. Y mientras los reflectores se apagan en las ruedas de prensa, el poder sigue hablando… en voz baja, pero con puño cerrado.