La escena parecía salida de una coreografía oficial: helicópteros, armas largas, tierras en disputa y una narrativa ensayada que intentó justificarse al estilo de “Doña Carlota”, la abuelita viral grabada en un doble homicidio mientras alegaba defensa de su propiedad. Solo que esta vez no se trató de un lamentable hecho entre ciudadanos que hacen justicia por su propia mano, sino del asesinato de un joven a manos de agentes municipales.
El vocero no fue ni el alcalde Román Alberto Cepeda ni el jefe de Seguridad, sino el «secretario en trámite» del Ayuntamiento, Pepé Ganem. Sin embargo, Ganem carece del conocimiento técnico y la autoridad moral para abordar estos temas, más aún con su historial sobre “hacer justicia” por medio de la violencia.
El desalojo de un predio ejidal en Mieleras —zona que parece parte de Torreón como Nuevo Mieleras, pero legalmente pertenece a Matamoros— terminó en tragedia. Ahí, Rolando Isaías Medina, de 28 años, murió durante un operativo encabezado por el Grupo de Reacción Torreón (GRT), quien por la naturaleza de su creación no debió intervenir.. Su nombre resuena como un eco incómodo para un gobierno municipal que presume actuar “bajo la ley”, aunque en los hechos parece moverse en sus márgenes más oscuros.
La versión oficial fue presentada en una rueda de prensa improvisada con la marca del #LordFragmentado, usando como pretexto un reporte sobre baches y pintura urbana, encabezada por el “jefe de ornato del gabinete”, Ariel Martínez, para incluir con calzador a Ganem y confirmar lo que ya se había dicho: que una orden judicial estatal motivó el operativo. “Nosotros solo cumplimos lo que el juez nos indica”, declaró Ganem. Mientras tanto, el alcalde optó por su ya conocida desaparición en momentos de crisis. Desde temprana hora, el fiscal estatal Federico Fernández Montañez —desde Saltillo— ya se había deslindado del hecho, aunque prometió colaborar en la investigación.
Pero en el terreno, la historia es otra. Testimonios describen un operativo desproporcionado, sin orden judicial visible ni protocolos claros. De acuerdo con los habitantes, fue el propio GRT quien introdujo los machetes para simular una agresión, enfrentándose a ejidatarios desarmados. Rolando fue herido en la pierna, abandonado a su suerte y se le negó atención médica. Su hermana relató que un solo disparo bastó: un agente lo hizo directamente¿a quién obedecía?. Al caer, el mismo policía le pisó la herida y dijo: “Ya se va a morir”.
Otro joven —presuntamente integrante de la corporación— resultó herido con un machete. El policía agresor se entregó, no como parte de un protocolo institucional, sino por la presión social que crece con cada minuto.
Mientras tanto, las autoridades repiten su viejo mantra: “legalidad, coordinación, no politizar el asunto”. Pero cuando un grupo armado con placa irrumpe en tierras en disputa y un joven termina muerto, los protocolos se convierten en eufemismos que huelen a impunidad.
Vecinos del predio señalan a un empresario laguneroviejo conocido por presuntos vínculos con el lavado de dinero y nexos con actores del poder local. Lo acusan de intentar apropiarse de las tierras con el respaldo —afirman— del gobierno de Torreón. Una acusación grave que no se borra con un desmentido superficial en una rueda de prensa improvisada.
El Grupo de Reacción Torreón ha sido señalado reiteradamente por uso excesivo de la fuerza, operar con elementos sin certificación y mantener vínculos turbios con mandos cercanos al comisario César Perales. El actual director del grupo, Jorge Galván, asumió el cargo sin haber aprobado los exámenes de control y confianza. Su nombramiento, denuncian, fue resultado del “amiguismo”.
¿Quién audita a estos grupos armados? ¿Dónde están los contrapesos civiles? Porque cuando el Estado se arma sin vigilancia, la línea entre la ley y el abuso se disuelve.
Quien no perdió la ocasión de subirse a la ola y pronunciarse fue el diputado morenista Antonio Attolini:
“El GRT actúa como un grupo fuera de control, sin mecanismos civiles de vigilancia ni coordinación con el Estado ni con la Federación. Se ha convertido en una amenaza para los propios ciudadanos. Román Cepeda eligió mandar solo. Eligió no dejarse ayudar. Y hoy, por esa soberbia, hay una familia que está de luto. No hay pretexto que valga”.
Trascendió que fuerzas estatales y federales vigilan este espacio violentado por ls federación. Y lo más preocupante: el Ayuntamiento planea ampliar la presencia del GRT. Las viejas oficinas de los tribunales municipales en el poniente de Torreón serán su nueva base. Se espera que esta misma semana inicien los cambios, en un contexto donde también se discute el armamento de agentes de vialidad. Más armas, menos vigilancia. ¿Más seguridad… o más miedo?
Los familiares de Rolando clama justicia. Exigen que el caso llegue a oídos de la presidenta Claudia Sheinbaum. Aseguran que las tierras eran suyas, que tienen documentos, que estaban pagando derechos. Que Rolando era un hombre noble, asesinado por defender lo que creía justo. Que esto no fue un desalojo: fue una emboscada.
Y queda la pregunta que encierra el fondo de este caso:
¿Por qué creerle a una autoridad que crea historias de brujas para detener ciudadanos o intervenir en riñas de borrachos desde un puesto de alto nivel?
El gobierno de Torreón no es la señora Carlota.