Un juez determinó vincular a proceso al agente Julián de Jesús “N”, del Grupo de Reacción Torreón (GRT), por el delito de homicidio calificado en agravio de Rolando Medina, el joven ejidatario asesinado durante un operativo de desalojo en Nuevo Mieleras. Y sí, mientras el expediente avanza y el agente permanece tras las rejas, la pregunta de fondo sigue flotando como polvo en el viento lagunero: ¿realmente fue él el único responsable?
La narrativa oficial ha tratado de encapsular el caso como una reacción en “defensa propia”, pero el informe es claro: el disparo, efectuado con un rifle R-15, fue por la espalda y ocurrió mientras la víctima ya se encontraba en el suelo, en medio del caos del desalojo en la oscura mañana del lunes 7 de abril.
El alcalde de Torreón Román Cepeda ha declarado que ha estado “desde el primer día” al tanto del caso, como si eso bastara para blindarse del escándalo. Asegura que hay quienes “politizan el dolor” y que los ataques en redes sociales son injustos. Pero más que liderazgo, sus palabras reflejan una administración atrincherada, que se protege más con bots que con verdad. Y cuando el control de daños se convierte en política pública, la justicia suele llegar tarde… o nunca.
Mientras tanto, la maquinaria institucional sigue intacta. César Perales, director de la Policía Municipal, aunque asumió la responsabilidad como jefe policiaco, permanece en su cargo como si nada. Y Pepé Ganem, «secretario en trámitedel Ayuntamiento» —quien ese fatídico día se sentía más alcalde que el propio Román—, se mantiene en un cómodo y calculado silencio institucional. Si algo deja claro este caso es que, en Torreón, el poder no se rige por la ética, sino por la conveniencia. La sangre en el ejido, para la gestión cepedista, no es una tragedia que indigna, sino un escándalo que incomoda, una molestia mediática que hay que contener, no esclarecer. Saludan con la mano derecha, pero sostienen una piedra con la izquierda.
Y como si fuera pasarela electoral, del otro lado del espectro político, dos figuras morenistas aprovechan para colgarse la medalla del momento. Antonio Attolini, diputado local y presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, exige juicio político, renuncias y castigos ejemplares. Por su parte Shamir Fernández, el excandidato que estuvo cerca de arrebatarle la alcaldía a Román, también alzó la voz para denunciar el encubrimiento desde los escritorios oficiales. Palabras mayores… pronunciadas por el mismo que, cuando fue diputado federal y neomorenista , calló ante abusos similares. Hoy reaparece como justiciero de ocasión, convenientemente indignado, con el dedo flamígero apuntando justo hacia donde antes aplaudía.
La verdad es que a Rolando no lo mató un solo disparo de Julián de Jesús “N” (el eslabón más débil). Lo mató la indiferencia de un alcalde que prefiere los discursos y las mentadas de madre a tomar control real de su policía. Lo mató una corporación que opera con la impunidad como norma. Lo mataron también los opositores de temporada, los que solo se indignan cuando hay cámaras, pero jamás cuando hay que asumir costos políticos.
Torreón no necesita un chivo expiatorio ni discursos de ocasión. Necesita justicia real. No una farsa institucional, ni una pasarela de indignaciones impostadas. Ni un agente aislado, ni un post dolido, ni una rueda de prensa con insultos. Aquí hay responsabilidades que suben hasta la presidencia municipal… y se reparten también entre quienes creen que la lucha social se hace desde el reflector.
Porque aquí, la protesta se volvió propaganda.
Y la verdad, un expediente que nadie quiere abrir del todo.