En la Región Lagunera, la justicia no siempre llega con orden judicial… a veces llega con pasamontañas y la cajuela de una patrulla. Esta vez no fue en Torreón. Fue en Gómez Palacio, donde empleados de una boutique de vinos fueron presuntamente “levantados” por elementos que, según denuncian, actuaron sin orden de aprehensión, sin fiscal, sin derechos. Pero con precio.
La escena, digna de una serie de esas que normalizan la violencia, tiene un componente aún más siniestro: la complicidad institucional. Una de las madres afectadas contactó a este medio para señalar que, tanto durante el operativo estuvieron en la negociación para liberar a los jóvene. No hubo tribunal, hubo tarifa: más de 500 mil pesos por cabeza.
¿Justicia penal? No. Penalidad sin justicia.
El Artículo 16 constitucional es claro: “Nadie puede ser molestado en su persona sino por mandamiento escrito de la autoridad competente.”
Y sin embargo, lo que ocurrió en Gómez fue una detención extrajudicial, una privación ilegal de la libertad, tipificada en el Artículo 366 del Código Penal Federal como secuestro, agravado cuando se comete por servidores públicos o con fines de extorsión.
Pero aquí no hay jueces ni sentencias. Hay madres endeudadas, jóvenes traumatizados y autoridades silenciadas.
El caso de no es aislado; es un síntoma. Es el rostro real de un sistema que presume derechos humanos y eficiencia, pero que, en el fondo, se alquila al mejor postor.
Mientras en Durango se disputa el poder político en cada municipio, en las calles de Gómez Palacio se libra otra batalla: la del miedo cotidiano.
La pregunta ya no es si hay impunidad, sino cuánto cuesta.
Por fortuna, estos jóvenes no forman parte del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, el cual contabiliza 867 casos en la Región Lagunera entre 2015 y febrero de 2025. De ellos, 36 fueron localizados sin vida, 484 con vida, y 347 continúan desaparecidos.
Torreón lidera esta trágica estadística, pero Gómez también duele. Aquí también desaparecen, aquí también se negocia con la vida humana.
La justicia, en este escenario, se parece más a una empresa clandestina: captura, cobra, libera.
No hay juicios, hay cuentas por pagar.
El silencio de las fiscalías ya no es omisión, es patrón. Y la indiferencia institucional, una forma sistemática de complicidad.
¿Cuántos más deben desaparecer para que alguien actúe? ¿Cuánto más debe pagar una familia para ver libre a su hijo?
El Estado no puede seguir administrando la violencia mientras se lava las manos con discursos vacíos.
La impunidad no es casualidad. Es estructura. Es negocio. Es dolor legalizado.
Y en Gómez, como en muchas otras regiones del país, la justicia sigue llegando de madrugada… y con recibo en mano.