Ciudadanos de primera y segunda denuncian trato desigual en Torreón
En Torreón no todos valen lo mismo. No todos reciben la misma atención. No todos merecen la misma cortesía institucional. Y, peor aún, no todos tienen garantizados los mismos derechos cuando el Municipio decide intervenir un predio, abrir o ampliar una calle o, de plano, tumbar una casa. La realidad es incómoda, pero evidente: hay colonias con reuniones, café, mesas de seguridad y patrullajes de cortesía, y hay otras donde lo que llega de madrugada no es el diálogo, sino la maquinaria, escoltada por policías. La diferencia no es geográfica. Es política.
Esta semana, habitantes del sur de Torreón denunciaron que maquinaria municipal derribó viviendas y bardas mientras elementos de la Policía Municipal impedían que las familias intervinieran para rescatar lo poco que podían salvar. No hubo mesa previa, no hubo aviso público, no hubo mediación. Hubo miedo, gritos y escombro. Y cuando algunos intentaron buscar al alcalde en la Presidencia Municipal, según los propios testimonios, la respuesta fue la intimidación directa: “no vayan a molestar”, “no se metan”, “retírense”. Así, sin matices. Como si exigir explicaciones fuera un delito.
Mientras tanto, en otros códigos postales, el gobierno presume reuniones vecinales, rondines especiales y atención personalizada. Colonias donde el conflicto se gestiona con diálogo y la foto se sube con filtro bonito. Ahí sí hay Estado de derecho. En otras, hay Estado de fuerza. Uno de los testimonios más reveladores describe cómo, al ingresar a la Presidencia Municipal, personal de Atención Ciudadana interviene de inmediato y asigna a un guardia que sigue al ciudadano por todo el edificio, cuestionándolo constantemente sobre a dónde va, qué va a hacer y a qué viene, manteniéndolo bajo vigilancia permanente. No se trata de orientación institucional, sino de control político del acceso, de inhibir el reclamo antes de que llegue a los escritorios donde se toman las decisiones.
Incluso han solicitado hablar directamente con el alcalde, sin éxito. No ocurre lo mismo con vecinos de colonias como Torreón Jardín, sector donde hasta hace no mucho el propio alcalde fue vecino y donde se mantiene un entorno de influencia política y familiar ligado a su hermano, el exalcalde Carlos Román Cepeda, hoy integrante del comité de vecinos de Torreón Jardín. Ellos sí reciben atención directa, acceso a oficinas del primer piso y reuniones en Urbanismo con el todavía director de la dependencia, Gustavo Muñoz. El contraste no es menor. Es escandaloso.
Lo que no se vale es ejecutar acciones como si se tratara de operativos de castigo, con policías convertidos en muro de contención contra ciudadanos. Porque cuando la patrulla se usa para intimidar y no para proteger, la línea entre autoridad y abuso se borra peligrosamente. Estas prácticas no solo lastiman a las familias afectadas; también rompen la confianza en las instituciones y mandan un mensaje peligroso: que hay ciudadanos con derechos completos y otros con derechos condicionales, sujetos a la voluntad del escritorio en turno.
Torreón no puede presumir modernidad, inversiones y seguridad mientras permite que, en algunos sectores, la legalidad llegue con retroexcavadora y sin explicación. Gobernar no es solo pavimentar avenidas y cortar listones. Gobernar también es dar la cara cuando hay conflicto, escuchar cuando hay reclamos y corregir cuando hay errores. Lo demás es propaganda. Hoy la pregunta no es solo por qué se tumbaron esas viviendas. La pregunta de fondo es más incómoda: quién decide qué colonias merecen diálogo y cuáles solo operativos, quién autoriza que la policía sea usada para silenciar reclamos sociales y quién responde cuando el patrimonio de una familia queda bajo los escombros.
Paradójicamente, ni siquiera todos los funcionarios son tratados igual dentro del propio esquema de poder. Prueba de ello es que en la reunión realizada este viernes en el edificio Coahuila, donde el secretario de Gobierno, Óscar Pimentel, sostuvo un encuentro con afectados por el caso de la Notaría 45, no fue requerido ni invitado el todavía director municipal de Urbanismo, Gustavo Muñoz, pese a que su dependencia aparece de forma recurrente en las denuncias. Cuando ni los funcionarios involucrados están en la mesa, el mensaje es claro: aquí se decide quién entra, quién sale y quién se queda callado.