Cártel inmobiliario en Torreón: Urbanismo en la mira
La historia de los afectados por el llamado cártel inmobiliario en Torreón abre un nuevo capítulo: hay gestiones, promesas y reuniones; hay una luz mínima, pero la confianza en el municipio sigue en cero. Las víctimas esperan el visto bueno de dos comisiones del Ayuntamiento este viernes —Empresarios y Urbanismo— para la desincorporación de 12 predios al oriente como forma de retribución por el daño patrimonial. No es un “regalo”: sería una compensación a precio asequible, dentro del marco legal. El problema es el de siempre: sin transparencia pública sobre ubicación, avalúos y criterios, la promesa se queda en el aire.
La historia del fraude inmobiliario en Torreón abre un nuevo capítulo: hay gestiones, promesas y reuniones; hay una luz mínima, pero la confianza en el municipio sigue en cero. Las víctimas esperan el visto bueno de Empresarios y Urbanismo para la desincorporación de 12 predios al oriente como retribución por el daño patrimonial. El planteamiento no es un “regalo”: sería una compensación a precio asequible, dentro del marco legal. El problema es el de siempre: sin transparencia pública (ubicación, avalúos, criterios), la promesa se queda en el aire.
En Urbanismo, los nombres pesan por la desconfianza acumulada. La dependencia que encabeza Gustavo Muñoz comprometió públicamente que, una vez en su escritorio, daría salida al trámite. En la operación diaria, el caso aterrizó en mesas técnicas donde Gabriela Ávila, segunda al mando, aparece como pieza clave y, para los afectados, como cuello de botella. Aquí se cruzan política y administración: presión ciudadana, señalamientos de presuntos flujos irregulares y un expediente que “camina” a cuentagotas. Si Urbanismo tiene voluntad real, el antídoto es simple: resolución por escrito, plazos, actas de comisión y publicación de dictámenes. Todo lo demás es relato.
La ruta institucional no se agota en Urbanismo. La solicitud pasó por Contraloría y ahora depende del “sí” de comisiones que deliberan —según los propios involucrados— vía videollamada, lejos del escrutinio público. Esa mecánica puede ser legal, pero es políticamente torpe cuando el tema es despojo patrimonial. En Cabildo se anticipa que no habrá acceso para ciudadanos por tratarse de audiencias “privadas”; los medios sí entran. Las víctimas estarán afuera, presionando de forma pacífica. No buscan espectáculo: buscan fechas y firmas. Tratar la inconformidad como problema de orden y no como demanda de servicio público vuelve hostil lo que debería resolverse con expedientes y plazos.
El fondo del caso es más grave que un trámite. Las víctimas describen un modus operandi que involucra Catastro, Urbanismo, Predial, Registro Público de la Propiedad y notarías: prediales “revividos” para acreditar posesión, juicios de usucapión acelerados, decretos de desincorporación sin escritura consumada y asociaciones “fantasma” a las que se asignan predios que luego regresan al Ayuntamiento para reactivarse en el mercado informal. En ese laberinto, la Fiscalía presume “95% de denuncias resueltas”, pero la judicialización estructural es mínima: pocas carpetas, un detenido, redes intactas. La impunidad se vuelve percepción… y la percepción, protesta.
La opacidad en notarías es otro foco rojo. En Torreón y Francisco I. Madero se reconoce el retiro de fianzas notariales, pero no se transparentan nombres ni causas. Sin esa información, la ciudadanía no puede protegerse del riesgo. Es un estándar básico de prevención: publicar sanciones y motivos. Lo contrario equivale a encubrir al sistema.
