Dirección de Inspección y Verificación en Torreón: el “festival del arrastre” que no tiene fin
En este glorioso Año de Hidalgo —más conocido como el “año de la llenadera” en la administración de Román Alberto Cepeda González— hay una dirección municipal que simplemente no conoce el límite: la Dirección de Inspección y Verificación. Si pensabas que esto era algo nuevo… pues no. Esta historia viene de lejos, como ese amigo borracho que nunca se va de la fiesta. En los tiempos del panista Jorge Zermeño Infante, se sostuvo contra toda lógica a Rolando Anaya Araujo, un personaje que hizo del abuso su sello distintivo. Hoy, su sucesor, Pablo Fernández Llamas, mantiene la misma línea, solo que con mejores grúas y peores pretextos.
El poder que otorga ese cargo no es cualquier cosa: ahí se reparten dinero, cuotas y venganzas, todas disfrazadas de “inspecciones”. En 2024fue cesado Raúl Rodríguez García, escudero consentido de Natalia Fernández Martínez (cuando era secretaria del Ayuntamiento), y en su lugar quedó el reciclado Pablo Fernández Llamas, que pasó de operar el Fortaseg a operar el “Fortasegundo”: ese sistema paralelo de arrastres, cobros y silencios. Nada mal para un servidor público de bajo perfil… pero de alto impacto presupuestal.
Y si crees que esto es puro chisme, hay video y testimonio ciudadano: un vehículo fue remolcado desde una cochera privada, sin orden, sin acta, sin vergüenza. Violaron el Artículo 20, fracción IV del Reglamento Municipal de Inspección, que prohíbe explícitamente este tipo de actos. El afectado declaró: “No estaba en vía pública, estaba en mi cochera”. ¿Resultado? El carro se lo llevó la grúa y a él le cobraron 6 mil pesos, de los cuales 1,500 pesos, según fuentes internas, van directo al “jefe P.”. ¿Y el reglamento? Bien, gracias… enrollado en la cajuela.
¿Quién ejecuta la operación? Sergio García Ordóñez, inspector que antes operaba una empresa llamada “Chekolín”, hoy acusado de tener su propia cuota semanal: mínimo 10 carros remolcados por inspector. Eso no es inspección, eso es extorsión sistematizada. El Artículo 21 exige actas firmadas y el Artículo 18 impone respeto y legalidad en toda revisión. Pero aquí eso es letra muerta: la ética se fue en grúa y sin retorno. Todo esto mientras el Plan Municipal de Desarrollo 2025 presume “transparencia” y “combate a la corrupción”. La realidad es que la Dirección de Inspección ni lo leyó.