Gómez Palacio: funcionarios blindados, mujeres ignoradas

“Las mujeres de Gómez Palacio tenemos ideas, talento y determinación”, escribió en sus redes sociales —en plena búsqueda de votos— Betzabé Martínez Arango, hoy alcaldesa morenista, quien ha construido buena parte de su narrativa pública alrededor de la agenda de género.

Su administración impulsó el programa “Mujeres que Transforman: 16 días de activismo contra la violencia de género”, en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. El discurso es claro. El posicionamiento, reiterado. La bandera política, visible. Pero la realidad política suele poner a prueba las consignas.

El contraste surge con el caso de Carla Janeth Crispín Herrera, quien denunció por presunta violencia vicaria al síndico municipal Juan Francisco N., integrante del Cabildo de Gómez Palacio, operador cercano a la alcaldesa y pieza clave en el entramado interno de las corrientes morenistas en La Laguna.

La carpeta CDI/R2/LRD/00665/26 ya fue abierta y turnada al Centro de Justicia para Niños, Niñas y Adolescentes. La acusación es delicada: presunto uso de los hijos como mecanismo de presión tras la separación en 2023. Existen cuatro denuncias en su contra —violencia familiar, robo, sustracción de menores e incumplimiento de pensión— además de una resolución judicial que obliga a Carla a entregar el 30% de su salario, mientras únicamente puede convivir con sus hijos una hora a la semana y bajo supervisión.

Carla se plantó en la Plaza Principal acompañada por la colectiva Revolucionarias de la Laguna. Desde ahí lanzó la pregunta que ya circula en voz baja en los pasillos políticos:

¿Dónde está la alcaldesa? La respuesta, hasta ahora, resulta incómoda.

Carla fue directa:
“Le mencioné en Instagram. Vio mi historia, pero solo eso”. La incongruencia salta a la vista cuando, en su propio perfil, carga a una niña como símbolo de empatía. Sin pronunciamiento. Sin postura pública. Sin mensaje institucional. Silencio. Y una sororidad que no llega.

“Por lo que yo veo, ella es muy pro de las infancias, de las mujeres… y luego, ¿qué está haciendo al lado (síndico) de una persona que está violentando a sus propios hijos, utilizándolos como castigo para afectar a la madre de sus hijos?”, cuestiona la denunciante.

Mientras tanto, la colectiva Revolucionarias de la Laguna denunció que desde el miércoles 11 de febrero —tras la movilización— comenzaron amenazas y alrededor de 40 llamadas de hostigamiento. “Ya están identificadas”, “van tras nosotras”, les advierten. En su comunicado responsabilizan al síndico, al Ayuntamiento y a la Fiscalía de cualquier agresión, y exigen garantías de seguridad así como la destitución inmediata del funcionario mientras se desarrolla la investigación.

Aquí es donde el discurso se confronta con la realidad. No se trata de condenar sin proceso. La presunción de inocencia es un principio constitucional. Pero tampoco puede ignorarse que cuando un integrante del Cabildo enfrenta una denuncia por violencia vicaria, el silencio institucional pesa. Más aún en un gobierno encabezado por una mujer que ha hecho de la agenda de género su principal narrativa política.

¿Puede un gobierno que promueve activismo a favor de la mujer guardar silencio ante una denuncia pública de violencia contra una madre?
¿Puede hablar de transformación con rostro de mujer mientras una mujer denuncia hostigamiento y ausencia de empatía institucional?

El contraste es inevitable. Se habla de protección a mujeres e infancias, pero se mantiene en funciones a un cercano señalado mientras la investigación avanza.

La credibilidad no se mide en hashtags ni en campañas conmemorativas. Se mide cuando el poder se incomoda. Cuando hay costos. Cuando toca fijar postura frente a los propios.

Porque gobernar con perspectiva de género no es organizar foros.
Es actuar cuando el caso está en casa.

Y hoy, en Gómez Palacio, el mensaje más contundente no fue un discurso.
Fue un “visto” en Instagram.