Rezagos de predial: el área que mueve millones y levanta sospechas
Desde que Roberto José Barrios Hinojosa aceptó la Dirección de Ingresos de la Tesorería Municipal de Torreón —y decimos aceptó porque no era un encargo que buscara para esta segunda temporada—, sin que nadie se lo pidiera públicamente ha repetido una misma idea: que trae un acuerdo directo con el alcalde para elevar la recaudación. Ese tipo de afirmaciones no son anécdota; son mensaje político. Según versiones internas, ese entendimiento incluiría un bono o comisión ligada al cumplimiento de metas. La lógica parece simple: recaudas más, ganas más. El problema no es la meta; el problema es el método cuando la presión por cumplirla convierte áreas técnicas en territorios de incentivo y poder.
Para alcanzar esos objetivos se tomó una decisión que cayó como café frío dentro de la Tesorería: reconfigurar el área de Rezagos de Predial. No porque faltaran perfiles, sino todo lo contrario. Hasta agosto, Karla Ortiz encabezaba la jefatura de Rezagos y dentro de la dependencia se le reconoce como una mujer preparada, prudente y con conocimiento técnico. Su profesionalismo no está en discusión y conviene decirlo con claridad: el malestar no es por ella. El enojo es contra la propia estructura financiera, contra decisiones que parecen ignorar trayectorias y experiencia interna cuando hay prisa por cumplir números.
El dato duro explica por qué el área es tan codiciada. El rezago del impuesto predial representa entre el 25 y el 30 por ciento del padrón total de cuentas, lo que se traduce —dependiendo del ejercicio fiscal— en cientos de millones de pesos que no ingresan oportunamente a las arcas municipales. El propio Ayuntamiento ha reconocido que recuperar ese dinero es clave para sostener obra pública, servicios y programas sociales… y, al parecer, gustos y excentricidades de uno que otro funcionario. Dicho en corto: La dirección de Rezagos no es una ventanilla, es una caja fuerte, y la llave no debería ser discrecional.
En ese contexto aparece, documentado en nómina, Miguel Ángel Ramos García, designado Jefe de Rezagos y Ejecución. Su salario está registrado y varía por mes, como ocurre en cualquier percepción pública. Administrativamente, todo está en regla. El ruido comienza cuando se contrasta el peso del cargo con el perfil que perciben quienes trabajan dentro del área. Ramos llega desde el ámbito jurídico, identificado como auditor externo, y hasta no hace mucho realizaba actividades completamente ajenas a la recaudación fiscal, incluso en una estética de mascotas familiar, donde bañaba perritos. Eso no es reprochable: el trabajo digno no se cuestiona. Lo que se cuestiona es la congruencia entre trayectoria y responsabilidad en un área donde se deciden notificaciones, convenios, ejecuciones fiscales y silencios administrativos.
Al interior de la oficina el señalamiento recurrente no es penal, es técnico y ético. Trabajadores con años de experiencia se preguntan cómo un puesto tan sensible termina en manos de alguien a quien describen sin preparación específica en materia fiscal y de ejecución. No es una acusación formal; es un malestar laboral que existe y que sería documentable si alguien se atreviera a hablar con nombre y apellido. De ahí surgen los comentarios incómodos —que no se publican como hechos, pero explican el clima—: ascensos demasiado rápidos, vínculos que pesan más que las credenciales y cambios de vida que llaman la atención. Nada de eso es prueba, pero todo obliga a preguntar, cuando el jefe de área presume una vida de lujos con iPhone 17 incluido.
Porque cuando una oficina que administra rezagos millonarios empieza a murmurar, el riesgo no es el chisme; el riesgo es la discrecionalidad. Rezagos de predial no se mide por discursos ni organigramas renovados; se mide por resultados verificables. ¿Cuánto se ha recuperado este 2025? ¿Cuántos grandes deudores fueron notificados? ¿Cuántos convenios se firmaron y bajo qué criterios? ¿Cuántas ejecuciones fiscales avanzaron o convenientemente los dejaron en pausa?
El predial no se cobra con lealtades ni con improvisación. Se cobra con capacidad técnica, reglas claras y rendición de cuentas. Hoy, el malestar no es personal; es institucional. Y cuando un área que maneja cientos de millones se vuelve opaca, el verdadero rezago ya no es fiscal: es de confianza pública.