La política lagunera como ring: nombres, choques y cuentas pendientes

Este fin de semana ocurrió algo curioso en el mundo del espectáculo digital mexicano: el evento “Ring Royale Monterrey” —una pelea entre celebridades e influencers transmitida por internet— rompió récords de audiencia con más de 5.5 millones de visualizaciones en YouTube. El fenómeno confirma algo que la política ya entendió desde hace tiempo: la gente no solo quiere discursos… también disfruta del espectáculo. Y en La Laguna, para ser justos, ese espectáculo político lo tenemos casi todos los días, muchas veces en versión comedia involuntaria.

El concepto del evento es sencillo: famosos suben al ring, se enfrentan, se dicen sus verdades y millones de personas miran. Una mezcla entre entretenimiento, morbo y narrativa digital que funciona porque convierte el conflicto en espectáculo.

Hasta ahí todo parecía parte del universo de influencers… hasta que el diputado lagunero Antonio Attolini Murra levantó la mano públicamente y, entre broma y provocación, lanzó una idea que encendió la conversación política: ¿por qué no hacer una edición en la región? Quizá con un nombre más honesto para el contexto local: “Cringe Royal Lagunero”.

La propuesta, desde luego, es humor político. Nadie está convocando a golpes reales. Pero el comentario abre una pregunta interesante para la sátira regional: si existiera esta edición, ¿qué figuras del poder podrían subirse al ring… y por qué?

Porque si algo sobra en la política local son rivalidades, bandos y cuentas pendientes.

Uno de los combates hipotéticos más comentados sería el duelo entre mujeres dentro del mismo movimiento político: la alcaldesa de Gómez Palacio, Betzabé Martínez, frente a la exalcaldesa Marina Vitela. Durante años fueron vistas como una relación política de mentora y heredera dentro de la política duranguense. Sin embargo, en el ambiente regional se comenta desde hace tiempo que ambas representan corrientes distintas dentro de la misma 4T en Durango. El eventual enfrentamiento no sería personal, sino estratégico: la disputa por el liderazgo rumbo a la gubernatura de Durango. Vitela representa trayectoria, estructura electoral y experiencia de campaña; Betzabé encarna una generación más joven con presencia territorial y proyección propia. En el ring imaginario sería un duelo entre experiencia y renovación, dos cartas que rara vez conviven en paz dentro del mismo movimiento.

Otro combate interesante sería el del diputado Antonio Attolini Murra contra Pepe Ganem. El contraste es claro. Attolini se ha convertido en uno de los perfiles más mediáticos de Morena en Coahuila, acostumbrado al debate público, la confrontación directa y la narrativa de redes sociales. Del otro lado aparece Pepe Ganem, exsecretario del Ayuntamiento de Torreón y figura cercana al círculo político del alcalde Román Alberto Cepeda. Ambos ya han protagonizado episodios de confrontación pública. La diferencia no es solo ideológica, sino de estilo: Attolini pelea con micrófono, cámara y redes sociales, mientras Ganem representa la política institucional que se mueve dentro del aparato municipal. Si el combate fuera real, uno lanzaría golpes virales y el otro apostaría por la estructura y la operación política. Y algo es seguro: ambos son de mecha corta.

Pero si hablamos de combates simbólicos, hay uno que ya se está librando —aunque no en un ring— y que tiene todos los ingredientes del drama político: Román Alberto Cepeda contra las auditorías.

En Torreón, donde se disputan cuatro distritos locales, los enfrentamientos ya comienzan a perfilarse. En el Distrito 11 hay varios contendientes, pero los nombres fuertes apuntan a Hugo Dávila, del PRI, con respaldo político desde Saltillo, y Jaime Martínez Veloz “Jimmy Veloz”, quien podría reaparecer bajo la bandera de Movimiento Ciudadano, con cercanía a estructuras vinculadas a Mario Delgado en Morena nacional.

En el Distrito 9, la competencia podría volverse particularmente peculiar: la diputada con licencia Verónica Martínez podría enfrentar un escenario donde aparece su propia suplente, Lorena Safa, ambas provenientes del mismo bloque político pero con corrientes internas distintas. Mientras tanto, del lado naranja aparece la activista y abogada Sofía Díaz Lozano, perfil emergente en el escenario político local.

En el Distrito 8, si se concreta el escenario electoral, podría verse un duelo entre el panista Gerardo Aguado, que buscaría mantenerse vigente en el tablero político, y el arquitecto Omar Puentes, perfil ciudadano impulsado por Movimiento Ciudadano. Puentes no tiene experiencia electoral, pero sí presencia profesional tras haber presidido el Colegio de Arquitectos. Aguado, en cambio, es lo que en política se conoce como un joven viejo lobo del mar blanquiazul, con respaldo político desde Saltillo. En ese mismo cuadrilátero también aparece Luis Ortiz, del PT, cuya fuerza política suele asociarse a su padrino, Ricardo Mejía Berdeja. Del lado del PRI también se menciona a Ximena Villarreal, aunque en el ambiente político muchos consideran que quien realmente pesa en esa esquina es Lauro Villarreal.

Otra pelea interesante se perfila rumbo a la alcaldía de Torreón dentro de Morena: Luis Fernando Salazar, que ya se mueve como en campaña, frente a Shamir Fernández, quien también comienza a posicionarse. Un duelo donde ambos ya están calentando antes de que suene la campana electoral.

Y como pelea estelar, la que ya está en curso: la administración municipal de Torreón correspondiente al periodo 2022-2024, encabezada por Román Alberto Cepeda González, enfrenta un escenario complejo por diversas revisiones financieras y de obra pública.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un probable daño al erario por 378 millones 402 mil 791 pesos, principalmente en recursos del FORTAMUN y otros fondos federales, con observaciones por falta de documentación, inconsistencias administrativas y proyectos que no coincidirían con los convenios asignados.

A esto se suman observaciones de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila, que superan los 151 millones de pesos, además de denuncias administrativas que en conjunto rondan casi 300 millones de pesos. El tema incluso derivó en una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, convirtiendo el proceso en una disputa institucional.

En otras palabras, si el espectáculo digital demuestra que millones disfrutan viendo peleas en internet, la política lagunera parece decidida a demostrar que no necesita ring para ofrecer el mismo espectáculo.

La diferencia es que aquí los golpes no se dan con guantes.

Se dan con discursos, auditorías, candidaturas y votos.

Y como en cualquier King Royal político… la verdadera pelea apenas está empezando.