Cártel inmobiliario en Torreón operaría con cajitas de medicina, denuncian afectados

En Torreón, el frío no es lo peor: lo peor es la paciencia congelada. Un grupo de 27 afectados por presuntos fraudes inmobiliarios, quienes destaparon la cloaca del cártel inmobiliario en Torreón, se dicen cansados. Por ello volverán a Saltillo para tocar las puertas del Palacio de Gobierno .
Los acuerdos “ya pactados” no se han respetado. La exigencia es concreta y verificable: de sus casos, solo dos carpetas han sido judicializadas, pese a la promesa oficial de avanzar “dos por semana”. El resultado fue predecible: una detenida recuperó su libertad tras “reparar el daño” en la única carpeta donde estaba señalada, que ni siquiera correspondía al grupo. Traducción simple: a la justicia le dieron el mapa… pero sigue preguntando dónde queda el norte.

Los afectados sí recibieron respuesta del secretario de Gobierno, Óscar Pimentel, en una reunión reciente en un encuentro, cada vez más restringido, también estuvo David Flores, jefe de despacho, a quien se le habría dado instrucción directa para entregar predios y casas gestionados vía el Instituto Estatal de la Vivienda.
Pero entre el “ya casi” y el “mañana”, el expediente se convirtió en un calendario de excusas: junta cancelada y hasta una presentación en PowerPoint que nadie revisó… hasta que desde “la Secretaría” llamaron con una pregunta elemental: ¿cuándo fue la primera denuncia? Eso no es desorden: es síntoma y coraje.

Desde los pasillos del Edificio Coahuila se escucha otro ruido político: que David Flores estaría más concentrado en ocupar el espacio que dejaría Hugo Dávila, ahora que irá por una candidatura a diputado local, que en resolver el conflicto. Sus propios compañeros lo resumen con una frase que se repite como eco: “se lo dan, se lo quitan; se lo dan, se lo quitan”, en referencia al cargo de representante del gobernador en La Laguna.

Pero el verdadero foco rojo es URBANISMO del Ayuntamiento de Torreón. En voz de los testimonios, un presunto defraudador estaría involucrando directamente a esta dependencia municipal, encabezada por la lic. Gaby Ávila, y a su superior, el director general Gustavo Muñoz, asegurando que los trámites se “aceitaban” con dinero entregado en cajitas de medicina.
Según esa versión, Gaby Ávila recibía y movía la gestión, mientras Gustavo Muñoz autorizaba los trámites de los terrenos. Son señalamientos graves, y por eso mismo exigen dos cosas simultáneas: investigación real y cero impunidad. Porque cuando Urbanismo se vuelve ventanilla de favores, la ciudad deja de planearse y empieza a subastarse.

La queja también apunta a la Fiscalía, encabezada por Federico Fernández. Denuncian lentitud, una “empatía” peligrosa con los señalados y un dato inquietante: el propio defraudador presume que ha sido detenido varias veces por elementos de la Fiscalía y liberado tras entregas de dinero y hasta de un vehículo.
Los afectados son claros: “viene de un ladrón y se cree poco”. Pero el dato no se desecha: se cruza, se verifica y se investiga. Porque si es cierto, no es un caso aislado: es un sistema con filtraciones.

En el telón de fondo reaparece un viejo conocido de esta columna: la Notaría 45, su red familiar y sus anomalías históricas. Y aparece también el alcalde de Torreón, Román Cepeda, a quien los afectados reprochan algo básico: un presidente municipal no puede fingir sorpresa preguntando “¿quién es el notario?”, cuando ya fue encarado por este tema en Saltillo hace unos meses. Torreón no es ajeno a sus propios engranes.

El cierre duele porque es cierto: hay seguridad, agenda y desayunos para empresarios; para la ciudadanía común, silencio y trámites empantanados. Por eso el gesto más potente no es un mitin, sino una invitación con filo: piden que el fiscal deje el protocolo y vaya a comer gorditas a la placita de Provitec. Sin centros de convenciones, sin maquillaje institucional. A ras de banqueta, donde el fraude se siente en la cartera y la omisión en la vida diaria.

En Torreón, Urbanismo no debería ser una sospecha. Debería ser orden, reglas claras y sello limpio. Si hay responsables, que caigan. Si hay complicidades, que se rompan. Y si hay promesas, que se cumplan. Porque cuando el gobierno patea el expediente, el expediente regresa… pero convertido en crisis.