Papayita se vuelve indignación laboral a nivel nacional
La muerte de Carlos Gurrola Arguijo, “Papayita”, dejó de ser un tema exclusivo de Torreón hasta que su familia levantó la voz en redes sociales y medios de comunicación. Solo entonces la tragedia se convirtió en un caso de indignación nacional. Antes, lo que había era silencio y omisiones.
No se trataba de un trabajador informal: tenía IMSS, uniforme, capacitación y prestaciones. Formaba parte de los casi 7 de cada 10 trabajadores formales que presume el INEGI en Coahuila como “empleo digno”. Pero detrás de esas estadísticas, un hombre murió en condiciones que revelan negligencia, hostigamiento y falta de empatía.
Su viacrucis estaba en lo cotidiano: a Carlos le ponchaban las llantas de su bicicleta, le robaban el lonche, le escondían el celular. El 3 de septiembre bebió de un recipiente dentro de la empresa y, tras una cadena de hospitales y diagnósticos confusos, perdió la vida el 18 de septiembre. Su familia denunció acoso y engaños para hacerlo consumir la sustancia; la Fiscalía de Coahuila respondió hasta el 19 de septiembre, intentando bajar el tono y atribuyendo la causa de muerte a un infarto. Fue la presión social, no la diligencia institucional, lo que obligó a reabrir preguntas.
En medio de la tormenta digital, las empresas fijaron postura. H-E-B se deslindó, recordando que “Papayita” no pertenecía a su nómina sino a la de su proveedor, aunque aseguró colaborar con las autoridades. Multiservicios Rocasa S.A. de C.V. defendió tanto a la empresa como a los compañeros: “Carlitos era alegre, servicial y querido, no sufría acoso laboral”. Pero esa versión se estrella contra lo que la familia sostiene: que sí hubo burlas, maltratos y un entorno hostil tolerado por todos.
El caso ya no es solo social ni mediático: toca a las autoridades laborales. En la esfera federal, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, encabezada por Marath Baruch Bolaños López, o en su defecto, el súperdelegado Américo Villarreal, no solo es entregar programas sociales; en Coahuila, la secretaria Nazira Zogbi Castro; y en La Laguna, el Centro de Conciliación Laboral, dirigido por Dora Alicia de la Garza, tienen la obligación de garantizar ambientes de trabajo libres de violencia. La clave estará en determinar si lo que ocurrió fue dolo o negligencia empresarial.
Las redes sociales estallaron en indignación con mensajes que reflejan la rabia y la impotencia: “Esto no fue una broma, fueron asesinos; H-E-B es encubridora”, “¿Cómo puede ser normal que maten a una persona y no haya castigo fuerte?”, “Que revisen cámaras, que paguen los responsables”. Incluso se han lanzado llamados a boicotear H-E-B y a calificar negativamente sus servicios.
Mientras tanto, en el ejido La Concha, “Papayita” fue despedido en un velorio humilde, cargado de dolor, contrastado por comunicados fríos que dejaron en evidencia la distancia entre la indignación social y la respuesta oficial.
Porque la indignación ya está en la calle, y las preguntas siguen en el aire: ¿habrá justicia para “Papayita” o se archivará como otro caso que incomoda demasiado?