Jóvenes muertos bajo control institucional en Torreón y el silencio oficial
Cuando una autoridad dice que no informa para “no especular”, también está comunicando. En contextos de crisis, el silencio no es neutral: genera narrativa. En Torreón, el vacío informativo ha sido negado desde el discurso oficial, pero es evidente en los hechos.
La pregunta persiste: ¿por qué la explicación siempre llega después… y nunca completa?
En gestión de crisis, el silencio inicial no es prudencia: es mensaje. Aquí, ese vacío ha sido minimizado desde la narrativa institucional, pero se refleja con claridad en los tiempos, en las omisiones y en la reacción tardía de las autoridades municipales.
Hay un hilo que une dos casos recientes y no es ideológico ni mediático: la presencia —directa o indirecta— de autoridades municipales de Torreón en el último tramo de vida de dos jóvenes. En abril de 2025, en Nuevo Mieleras, Rolando Medina, de 33 años, murió tras una actuación que involucró a corporaciones de seguridad. Un elemento se encuentra detenido y, tras la presunta intervención del gobierno estatal, dos funcionarios de primer nivel fueron destituidos: César Perales, entonces director de la DSPM —hoy fuera de la escena pública, incluso señalado como “escondido en la sierra”—, y tres meses después José “Pepe” Ganem, quien fungía como secretario del Ayuntamiento.
En enero de 2026, en el Centro de Justicia Municipal, dirigido por Martha Rodríguez —coincidentemente esposa de Ganem—, Cris Hernán, de 24 años, fue presuntamente golpeado y falleció mientras se encontraba bajo resguardo institucional. Escenarios distintos, misma órbita de responsabilidad pública.
Tras días de ausencia, este miércoles reapareció el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, con un discurso retórico en el que pidió “no politizar” el caso. Ese mismo día, en Torreón, el fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, informó que la Policía Municipal fue deslindada de responsabilidad con base en la investigación. Destacó que tres personas del área administrativa del Centro de Justicia Municipal rindieron sus declaraciones sin ser detenidas.
“Para que quede bien claro: no tiene nada que ver la Policía Municipal de Torreón en esto. Nada”, puntualizó el fiscal, un respiro para quien es señalado como su pupilo: el director de la corporación, Alfredo Flores Originales.
El alcalde aseguró que se llegará “hasta las últimas consecuencias” si existen responsabilidades de servidores públicos, aunque sin adelantar conclusiones hasta conocer los peritajes. Todo ello resulta insuficiente en la práctica. El patrón no se rompe: cuando hay intervención municipal, la explicación llega tarde y fragmentada.
Durante el martes 20 de enero, mientras Torreón pasaba de la oración colectiva a la consternación por la muerte de Cris Hernán, el vacío institucional fue evidente: no hubo postura inicial.. En crisis públicas, el silencio no es neutral. Cuando la autoridad no informa, la narrativa la ocupa la sospecha. Hasta este miércoles, el alcalde sostuvo que hablar antes habría sido “especular”. Pero en gestión de crisis, el silencio también comunica… y casi siempre mal.
Mientras el alcalde advertía sobre la “especulación”, fanpages atribuidas al entorno de Comunicación Social, bajo la dirección de Yohan Uribe #lordfragmentado, difundieron mensajes tendenciosos que buscaron redirigir la responsabilidad hacia dependencias controladas desde Saltillo y no hacia instancias municipales. Se publicaron mensajes como:
“Es totalmente falso que los familiares estén convocando a una marcha en el Centro de Justicia Municipal”, “Hoy queda claro que la policía no nos cuida… La policía terminó con la vida de Hernán”, y el remate emocional: “La pregunta es inevitable: ¿quién sigue?”. Incluso circularon versiones irónicas contra el comisario Alfredo Flores: “…una sesión de fotos llevando flores y listo, problema resuelto”.
Tras el deslinde del fiscal respecto a la Policía Municipal, el tono de esas publicaciones no se moderó. Por el contrario, se difundió:
“El Fiscal General del Estado ha dado carpetazo al caso de Hernán, declarando que no fue homicidio. Una decisión tomada sin sensibilidad y que envía un mensaje de impunidad total”.
Mensajes replicados por cuentas ligadas a Morena y al propio Yohan Uribe, quien previamente colaboró en campañas políticas junto a Ricardo Mejía Berdeja a favor de Claudia Sheinbaum, evidencian un manejo de campaña en plena tragedia. La comunicación pública no se pauta: se explica. Y cuando no se explica, el daño se multiplica.
El alcalde introdujo después un giro defensivo al acusar “politización” y calificarla de “vergonzosa”. Tiene razón en un punto: estamos en un proceso electoral. Pero la estrategia cumple dos funciones claras: deslegitimar la crítica sin responderla y trasladar el debate del terreno de los hechos al de las intenciones. Exigir claridad no es politizar. Politizar sería usar el caso para campaña; preguntar qué ocurrió en una instalación municipal es rendición de cuentas básica.
Mientras estos dos bloques —el cepedismo y el de Saltillo— discuten dónde recae la responsabilidad, una madre parece conocer esta confrontación de poder. Desde el cementerio, Guadalupe Pérez despidió a su hijo, quien solo había salido a celebrar su cumpleaños 24: “Ellos se están tirando entre ellos, ese es problema de ellos, no es problema mío. Yo nada más exijo porque mi hijo está ahí abajo de esa tierra”.
Las declaraciones de los actores políticos buscan proyectar legalidad y prudencia, pero el fondo revela manejo defensivo del discurso, fragmentación deliberada de responsabilidades y un vacío informativo real, aunque negado. En democracia, la legalidad no se repite: se explica. Y cuando alguien muere bajo control institucional, el silencio —aunque se vista de prudencia— nunca es neutral.
La pregunta de fondo no es si se politiza el caso; es por qué, en Torreón, cada vez que alguien muere bajo control institucional, la explicación siempre llega después… y nunca completa.
Y hablando de estos actores políticos, trasciende que ya fueron o serán congeladas las cuentas del exfuncionario municipal José Ganem, tras la denuncia del senador Luis Fernando Salazar Fernández ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), por pruebas sobre el presunto desvío de recursos en el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) de Torreón.