Anexos en Torreón: cuando regular se volvió negocio

El problema de las adicciones no debepoliciaco ni recaudatorio: es salud pública. Pero cuando no hay suficientes espacios, personal ni recursos en el sector salud, el vacío lo ocupa la iniciativa privada. Así nacieron y se multiplicaron los anexos en Torreón. Frente a esa realidad, el papel del municipio no es cobrar peaje, sino regular, vigilar y garantizar legalidad, porque los requisitos mínimos no son negociables.

Para que un centro de rehabilitación o anexo funcione legalmente en Torreón debe contar, como primer filtro, con licencia municipal y permiso de uso de suelo, otorgados por el Ayuntamiento conforme al Plan de Desarrollo Urbano y la zonificación vigente. Sin ese aval, ningún centro puede operar en zonas no compatibles —por ejemplo, casas habitación sin autorización para servicios de salud— y, si lo hace, su operación es ilegal. A ello se suma el registro sanitario ante la Secretaría de Salud del Estado, a través de la Jurisdicción Sanitaria; la designación de un responsable sanitario; y un dictamen favorable de Protección Civil que garantice condiciones mínimas de seguridad e infraestructura. Sin estos elementos, el centro no opera de derecho, sino de facto.

La normativa urbana es clara y no admite interpretaciones convenientes: los servicios de salud con internamiento deben ubicarse en zonas institucionales o de servicios. En zonas habitacionales estrictamente residenciales no pueden operar sin una re-zonificación previa. En sencillo: un “anexo” en casa habitación, sin cambio de uso de suelo, viola el reglamento urbano.

En la práctica, sin embargo, la excepción se volvió costumbre. En Torreón existen alrededor de 60 centros registrados, pero una parte importante carece de permisos sanitarios completos o del uso de suelo adecuado. Autoridades municipales han clausurado diversos centros por operar sin licencia mercantil o en zonas incompatibles, y en distintos operativos se han detectado instalaciones improvisadas, hacinamiento y condiciones ilegales. La irregularidad no es accidente: es patrón.

En los pasillos del poder, no obstante, se cuenta otra historia. Versiones coincidentes señalan que cuotas semanales presuntamente cobradas a estos espacios explicarían la salida de Blanca Álvarez, exjefa de la Unidad de Prevención del Delito. No fue un relevo menor: al frente colocaron al exregidor panista conocido como “Lumba”, con la encomienda de auditar, poner orden y revisar anexos que hoy estarían siendo autorizados desde Urbanismo. El ruido no empezó ahí, pero ahí se volvió audible.

Testimonios reiterados apuntan a que, tras su salida de Inspección Municipal, José María “Chema” Ávila brincó en la administración pasada a un puesto no formalizado en Urbanismo, como coordinador de inspectores, importando prácticas y mañas . Desde entonces —relatan— habrían iniciado cobros a anexos para “agilizar” trámites cuyos cuotas o moches Ya instalado en Urbanismo, el control se habría formalizado por la vía administrativa: usos de suelo y licencias detenidas… hasta que caminan. Las cifras que se repiten hablan de cobros semanales de entre 5 y 6 mil pesos. La pregunta es simple: ¿regulación o ventanilla paralela?

El dato duro existe. Transparencia del Ayuntamiento de Torreón confirma que José María Ávila aparece en la nómina municipal con la clave 092586 y que, desde mayo de 2025, funge como coordinador en la Dirección General de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, con una percepción mensual de 14 mil pesos. Documento público. Lo demás son testimonios distintos que apuntan al mismo patrón.

En ese tablero aparece también la figura conocida internamente como “la Lic. Gaby”, mencionada en relatos por presuntos señalamientos sobre licencias “falsas”, versión que otros desmienten, pero que circula en el circuito de trámites sensibles. Cuando la información se usa como advertencia, el permiso deja de ser acto administrativo y se convierte en moneda de cambio.

Y no es el único carril. En la antesala del poder municipal, Valeria —dicen— cobra “regalos” para abrir audiencias con su jefe, Gustavo Muñoz, quien todavía cobra como director general. Ella decide quién entra y quién espera. No hay recibos: hay detalles. No hay agenda pública: hay filtro. Y gracias a ese esquema, comentan, la temporada navideña habría sido generosa en obsequios de proveedores y contratistas. En la política local, a veces no se paga con factura, sino con cortesía. La gestión convertida en lista VIP.

El municipio insiste en que busca “poner orden”. Pero ordenar no es cobrar: es cerrar lo que viola la ley y profesionalizar lo que sí quiere cumplir. Cuando la vigilancia es débil y el cobro constante, la omisión deja de ser casual. Y cuando el acceso a una audiencia depende de un regalo, la institución se encoge.

Regular no es recaudar. Rehabilitar no es castigar.