Madre de Cris Hernán rompe el silencio y obliga a esclarecer su muerte

El coraje de una madre fue lo que marcó el paso. Fue la exigencia frontal de Guadalupe Pérez la que obligó a las autoridades a mostrar la verdad sobre la muerte de su hijo, Cris Hernán. Cuando el dolor no encontró respuestas, se convirtió en presión. Y esa presión fue la que terminó por romper el muro del silencio.

Después de días de clamor público y de un respaldo social visible en redes —donde la exigencia fue clara: “muestren los hechos”—, Guadalupe tuvo frente a sus ojos los videos oficiales. Ahí, con evidencia directa, aceptó que la muerte de su hijo fue accidental. Lo hizo dando la cara a la opinión pública, con el duelo intacto. Ese acto no es rendición ni claudicación: es honestidad emocional. Es una madre enfrentando una verdad dura después de días de incertidumbre alimentada por la omisión.

Pero el punto crítico de este caso no está en la causa de muerte. Está en el vacío de información por parte del municipio.

Mientras la Fiscalía General del Estado encabezó una rueda de prensa formal, mostró a la familia las videograbaciones, explicó una cronología y confirmó que no se trató de un homicidio, el gobierno municipal de Torreón seguía esquivando, ocultando información y hasta a sus propios funcionarios. Las declaraciones aisladas del alcalde Román Alberto Cepeda no ofrecieron un posicionamiento directo ni acompañamiento público a la familia. Optó, una vez más, por un guion retórico distante y por delegar el costo político en terceros.

Más grave aún: la funcionaria señalada directamente por la madre, Martha Rodríguez, directora del Centro de Justicia Municipal, no ha aparecido públicamente. No dio la cara. No explicó. Su ausencia contrasta con la difusión previa de videos institucionales en redes oficiales de su dependencia, donde se presumían protocolos, cámaras y respeto a los derechos humanos en celdas municipales. En el momento crítico, esos discursos no tuvieron rostro.

Ese silencio no fue casual. Fue una decisión política.
Una decisión que dejó sola a una familia en el peor momento y que permitió que la indignación social creciera sin contención institucional.

Guadalupe fue clara: le habló como madre a otra madre. Pidió respuestas directas. No las obtuvo hasta que lanzó un ultimátum público para acceder a evidencia que ya existía y que terminó siendo mostrada por la autoridad competente: la Fiscalía. Legalmente hay un debido proceso, sí, pero el dolor de quien pierde a un hijo en circunstancias complejas no entiende de formalismos cuando no hay rostro ni respuesta. Eso no es protocolo. Es una falla grave de sensibilidad y de responsabilidad pública.

No fue el dictamen pericial lo que incendió las redes. Fue el mal manejo de la crisis por parte del Ayuntamiento. El alcalde Román Alberto Cepeda prefirió cuidar a los suyos —como ocurrió en mayo pasado con el caso de Nuevo Mieleras— y no a la ciudadanía, que hasta hoy sigue sin claridad sobre si la funcionaria señalada continúa o no en su cargo.

Hoy la verdad está dicha: no fue homicidio. Pero las preguntas no se agotaron. Persisten dudas sobre la atención inicial, la comunicación institucional y las omisiones administrativas. A eso se suma un dato duro y revelador: la sesión de Cabildo de este viernes. A diferencia de la valentía de doña Guadalupe, que debería ser ejemplo, ningún regidor de oposición —ni en el inicio ni en asuntos generales— usó el micrófono abierto para exigir explicaciones formales. El contraste fue evidente entre el discurso encendido en redes y el silencio cómodo en el pleno. La oposición local, una vez más, demostró su cobardía política.

El costo del silencio y del oportunismo también pasa factura: una ciudad polarizada, una familia rota y una autoridad municipal exhibida por no entender algo básico: callar también comunica.

Las redes pueden seguir ardiendo y el conflicto político puede escalar. El duelo no. El duelo de una familia se respeta.