Descarga eléctrica en obra de Torreón expone más omisiones de Urbanismo
Una más de Urbanismo Torreón. Y no, no es personal: es la cadena de omisiones de una dependencia con dientes para morder… y que prefiere no hacerlo. No fue “un accidente”. Llamarlo así diluye responsabilidades y anestesia conciencias. El miércoles 11 de febrero, un joven trabajador recibió una descarga de 13 mil voltios mientras laboraba en una obra en Amador Cárdenas y Carmen Pámanes, colonia Nueva Los Ángeles, en Torreón. Acudieron Bomberos, Protección Civil, Policía Municipal y paramédicos. El parte oficial habló de “accidente laboral”. La ciudad siguió su rutina. El problema no es el voltaje: es la normalización del riesgo hasta que alguien paga con el cuerpo.
Este caso no cayó del cielo. Vecinos advirtieron que la obra no tenía licencia y avanzaba invadiendo la banqueta. La queja circuló con un señalamiento directo a Gustavo Muñoz por un supuesto “permiso” para construir así. En Torreón no existe el “permiso verbal”: si hubo autorización informal, es abuso de atribuciones; si no la hubo, Urbanismo omitió inspeccionar, suspender y clausurar una obra sin licencia y con ocupación de vía pública. En ambos escenarios, la autoridad toleró el incumplimiento.
La invasión de banquetas no es novedad en ese corredor. Vecinos recuerdan prácticas similares atribuidas a Gustavo Muñoz en un predio en calzada Cobián y bulevar Constitución, donde operan una farmacia y un local de comida que “se comen” la banqueta. El efecto es el mismo: peatones al arroyo vehicular en una vialidad de alto flujo. No es estética ni plusvalía: es seguridad peatonal y cumplimiento de la ley.
La práctica es conocida: obras sin licencia, banquetas privatizadas y cambios de uso de suelo “por la libre”. Urbanismo debe verificar licencias, alineamientos, número oficial, retiros y condiciones de seguridad y ordenar la suspensión cuando algo no cuadra. Protección Civil está para prevenir, sobre todo si una obra se pega a líneas de media o alta tensión. CFE fija perímetros de seguridad; el municipio debe hacerlos valer. Cuando nadie interviene antes, alguien miró a otro lado.
El expediente legal del cambio de uso de suelo no es un capricho: exige solicitud formal, dictamen de compatibilidad con el Plan Director de Desarrollo Urbano, alineamiento y número oficial, licencia de construcción con planos aprobados, visto bueno de Protección Civil cuando hay riesgo eléctrico y pago de derechos municipales; si se afecta la vía pública, hay impacto urbano y obligación de restitución. Todo por escrito: lo que no está en papel no existe jurídicamente. Aun así, se normaliza el “luego lo arreglo”.
Aquí aparece el elefante en la habitación: costos y discrecionalidad. Licencias cobradas por metro cuadrado, dictámenes por giro y zona, vistos buenos técnicos y reposiciones de banqueta. Cuando el trámite es caro, lento o selectivo, surge el incentivo perverso: construir primero y arreglar después. Ese atajo alimenta la simulación y la corrupción de baja intensidad que termina en riesgos de alta tensión. Urbanismo queda en el centro del dilema: aplicar la ley parejo o tolerar la irregularidad y volverse corresponsable del peligro.
La apropiación del espacio público tolerada por años no es un detalle urbano. Inspección y Verificación puede actuar; Urbanismo puede suspender; el municipio puede exigir restitución. No hacerlo manda el mensaje de siempre: aquí la norma es negociable. Cuando esa negociación se cruza con cableado de alta tensión, la consecuencia deja de ser administrativa y se vuelve humana.
No es un caso aislado, es un patrón: licencias inexistentes o tardías, usos de suelo por la libre, banquetas ocupadas y supervisión selectiva. Luego ocurre la desgracia y el eufemismo del “accidente” sirve para pasar la página. Esto fue prevenible. Lo mínimo exigible es que Urbanismo publique el número de licencia —si existió—, tabuladores de costos, dictámenes y responsables de firma; que Protección Civil muestre constancias de inspección por riesgo eléctrico; que Inspección y Verificación exhiba actas por invasión de banqueta; y que quien sea señalado por “dar permiso” aclare con documentos. Clausura, regularización real y restitución del espacio público no son castigo: son el piso mínimo de legalidad para que la próxima descarga no vuelva a encontrar un cuerpo donde caer.
Fuentes y marco legal (verificables): Reglamento de Construcción del Municipio de Torreón; Plan Director de Desarrollo Urbano de Torreón; Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Coahuila; criterios técnicos de CFE sobre líneas de media y alta tensión; principios de Protección Civil sobre prevención, inspección y gestión de riesgos. Y sí: este es un episodio más de Urbanismo; las quejas siguen llegando. Esta columna no es bodega: se seguirán sacando a la luz.
❓Preguntas Oficiosas
Entre los que ya fueron “ungidos” y los que quieren serlo, ¿Gabriel Francisco —regidor de Morena y discípulo de Shamir Fernández— está buscando, lugat ante los reacomodos de su partido (él aspiraba al Distrito 10), y al estilo de su sensei, guiñ r para colarse como compañero de fórmula del petista Luis Ortiz en el Distrito 8?, y si se concreta este movimiento, ¿veremos por fin un duelo con nivel —Luis Ortiz–Gabriel Francisco(PT-MORENA) vs Ximena Villarreal–Miroshlava Galván(PRI-UDC)— o volveremos al libreto de Cabildo donde solo levantaban la mano?
En política nada es de fiar —hoy se promete y mañana se despromete—, pero si en el Distrito 11 el director del CCT, Rodrigo González, quedara como suplente de Hugo Dávila, ¿no sería un respiro de confianza para Hugo, para Torreón y para Saltillo, sobre todo cuando su operador Neto Cepeda carga con Yohan Uribe #LordFragmentado y ahora con su “segunda” en Comunicación, #LadyFayuca, que más que aliados parecen los peores enemigos de Hugo?, al menos hay un respiro: el “Chovis” cuenta con Édgar Ruiz como operador de comunicación, quien logró posicionar a Rodrigo pese a todo y ahora lo manda a remar en uno de los distritos más complejos del tablero.