“Cancha recién inaugurada queda ‘chiclosa’ en Torreón; surgen dudas sobre proveedor”

En la plaza pública de la colonia Braulio Fernández Aguirre la frase fue directa y sin maquillaje: “La pintura está podrida”, “está toda chiclosa”, “se te pega el zapato”. Mientras los vecinos intentaban despegar la suela del piso recién pintado, en el presidium sonreían las regidoras casi candidatas Karla Centeno (D10) y Ximena Villarreal (D08). También apareció Javier Armendáriz Retana, presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje de Torreón, con chaleco verde del programa Mejora. No así el jefe de Gabinete Ariel Martínez, señalado como operador del Distrito 10, quien nuevamente optó por no portar ese distintivo estatal.

Armendáriz Retana es mencionado en el tablero local como operador en la candidatura de Verónica Martínez y de la propia Centeno por el Distrito 09, quien este viernes —junto con integrantes de su fracción y otros regidores de la 4T— solicitaría licencia en una sesión de Cabildo exprés programada a la 1:00 p.m., ahora sí para ir por el voto popular y no desde la comodidad del asiento edilicio.

Pero la pregunta que comienza a circular es otra: ¿serán pinturas de Pigmento Pinturas – Pinturas Sayer, vinculadas a Víctor Navarro, ex titular de Servicios Administrativos y hoy relacionado con el área de “tapsabaches” bajo la dirección del Sistema Integral de Mantenimiento Vial (SIMV)? Si el proveedor —o alguien con pasado en decisiones administrativas— participa en el suministro o en criterios técnicos, el tema no es menor. En compras públicas, la línea entre experiencia y conflicto de interés es delgada.

No es la primera vez que la pintura entra al debate político. Durante la administración del panista Jorge Zermeño, se informó que la pintura epóxica aplicada en Plaza Mayor costaba alrededor de 6 mil pesos por cubeta de 18 litros, dentro de una inversión superior a 720 mil pesos. Se defendió su calidad y resistencia. El contraste hoy es evidente: una pintura de alto tránsito correctamente aplicada no queda “chiclosa” en horas. Incluso la Dirección de Servicios Públicos, encabezada por Fernando Villarreal, ha señalado que colaboran en limpieza y mantenimiento de pintura; supervisar calidad también es parte del encargo.

No se trata de acusar sin documentos, sino de preguntar con rigor: ¿qué marca se aplicó?, ¿quién la vendió?, ¿cuál fue el costo por litro?, ¿hubo pruebas de adherencia y secado?, ¿existe garantía? Si ocurre lo que describen los vecinos, el producto no era el adecuado o la aplicación fue deficiente.

Quien también cuestionó la calidad de la pintura municipal fue el diputado Antonio Attolini, al señalar que sus bardas donde pedía juicio político contra el alcalde Román Alberto Cepeda fueron cubiertas con pintura oficial. Según sus dichos, esas capas también podrían terminar por despintarse.

Hace una semana fue la techumbre de 1.7 millones en La Dalia; hoy es una cancha pegajosa. La constante no es el color, es la supervisión. Si la pintura se despega, alguien la autorizó. Y si se pegó en el zapato del vecino, también se pega en la credibilidad.

La pregunta no es solo si son pinturas de Víctor Navarro.
La pregunta es: ¿quién responde si sí lo son?

Porque el barniz electoral puede brillar… pero si el piso no seca, el resbalón es colectivo.