Se los advertimos… y estalló enTesorería de Torreón
Se los advertimos… y hoy estalló Tesorería. Desde diciembre se puso sobre la mesa. Hoy ya no es análisis: es protesta documentada. Lo que comenzó como advertencia desde esta columna El Espresso del Día terminó por estallar en la propia Presidencia Municipal. No fue un rumor: este viernes trabajadores sindicalizados subieron hasta el séptimo piso, “en vano”, pues no había nadie, para denunciar presuntos actos de corrupción en Tesorería, enfocados en Rezagos y Notificaciones, dependientes de la Dirección de Ingresos. El señalamiento es directo: contratación de personal externo por honorarios para funciones sindicalizadas, abriendo —según su versión— la puerta a esquemas irregulares en la cobranza del predial.
Las voces no dejaron margen. “Venimos a exigir trabajo…”, denunciaron, señalando que personas ajenas a su área realizan funciones que corresponden a la base sindical. Incluso detallaron que “cuatro o cinco externos” operan en Tesorería mientras el personal de base permanece desplazado.
En ese contexto, el nombre de Miguel Ángel Ramos García se vuelve el eje del conflicto. De notificador a jefe de Rezagos y Ejecución en meses, con un crecimiento salarial de $18,680.46 a $39,614.28 (más del 112%). Su ascenso coincide —según trabajadores— con cambios visibles, pero el reclamo es directo: “Aquí el problema eres tú… queremos su salida”. Lo acusan de frenar la operación, generar conflicto interno y no presentarse en el área.
El conflicto escala y suma nombres. Aparece Roberto Barrios, director de Ingresos, señalado como operador de la estructura que ha permitido la entrada de externos y el control cerrado del área. Denuncian que “no vienen, delegan y no dan herramientas”, además de bonos para externos mientras el personal carece de lo básico. Los notificadores José Luis Martínez y José Acosta lo resumen: “No sale el trabajo… y el castigo es para nosotros”.
La dirigente sindical Rosalva Rodríguez fue clara: múltiples intentos de diálogo sin respuesta. Denunció notificadores fuera de ley, bloqueo de cuentas y presión a ciudadanos. “Ya nos cansamos… solo pedimos trabajo”, sentenció.
En la parte alta, el señalamiento alcanza al tesorero Javier Lechuga, acusado de prepotencia y ausencia. Durante la protesta, no estuvo. Tampoco mandos clave. “Así no puede haber orden”, reclaman. En un área que maneja más de $8.3 millones de pesos, el problema deja de ser interno: es institucional.
Lo más incómodo es que nada de esto es nuevo. Desde diciembre se advirtió y hoy se resume en una consigna: “¡Fuera Miguel!”. Porque cuando en una Tesorería el problema no es recaudar, sino dejar trabajar, la falla no está afuera… está adentro.
❓ PREGUNTAS OFICIOSAS
❓Albercas públicas… o números que no flotan? Como ya se había advertido en columnas antretiones , el alcalde de Torreón, Román Cepeda, reapareció en la Jabonera presumiendo una inversión superior al millón de pesos en la rehabilitación de una alberca —la tercera en lo que va del año—. Pero aquí el punto no es la obra… es el costo. Porque mientras se aplauden las mejoras, nadie explica con precisión cuánto se está pagando realmente ni bajo qué condiciones.
Con Ramón Chufani al frente del Instituto Municipal del Deporte, la transparencia dejó de ser opcional. Si hay gastos constantes en químicos, sistemas térmicos y recubrimientos, además de versiones sobre compras reiteradas de bombas y presuntos proveedores como Víctor Navarro, la pregunta es directa: ¿dónde están los desgloses públicos por obra, proveedor y concepto? Porque cuando el dinero fluye… pero la información no, el problema ya no es el agua: es la opacidad.
❓Contrato en regla… o servicio al aire? Hasta este viernes por la mañana eCongreso del Estado no ha recibido el contrato de recolección, barrido, traslado y disposición final de residuos entre el Municipio de Torreón y el Consorcio Ecourbano Ambiental (CEA), S.A. de C.V., pese a que debe entrar en vigor el 1 de abril. Desde el Legislativo lo admiten sin rodeos: en Torreón los documentos suelen llegar a última hora… si es que llegan.
Aunque aún podría ingresarse antes del periodo vacacional, no hay certeza de su revisión ni aprobación. Mientras el municipio afirma que “ya fue enviado”¿sería en algún burro jubilado de Fer Villafrreal , en el Congreso simplemente no aparece —o, al menos, no por los canales formales—. Y cuando un servicio público arranca sin claridad documental, la pregunta es inevitable: ¿hay contrato en forma… o solo confianza en el discurso?
La ausencia del documento no es menor: sin contrato visible, no hay condiciones claras, ni obligaciones verificables. Y en política, cuando algo “ya se envió” pero nadie lo ha visto, suele terminar en lo mismo: opacidad con sello oficial. Por eso la pregunta pesa más que el discurso: ¿hay contrato en regla… o estamos frente a otro “burro” administrativo que camina sin papeles, pero con prisa por arrancar?
❓¿Postura institucional… o silencio político? A más de 24 horas de los hechos en Dinamita y ante la presión social por los 28 detenidos, el Ayuntamiento de Gómez Palacio fijó postura… pero no en voz de la alcaldesa Betzabé Martínez, quien prefiere el boxeo que el clamor ciudadano; sino a través de su polkémico secretario Aldo Damián Macías, quien atribuyó el operativo a la Fiscalía de Durango bajo un esquema “legal” e interinstitucional. La duda es inevitable: ¿por qué la alcaldesa opta por el silencio en un conflicto social que ya escaló a exigencia pública?
Si el municipio participó con patrullas, personal operativo y acompañamiento a familias, ¿realmente fue solo “apoyo” o existe corresponsabilidad política en un operativo que hoy es señalado por sectores sociales como represivo? Porque cuando la autoridad habla a medias… lo que crece no es la certeza, es la inconformidad.