El alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González, ha consolidado una reputación de líder autoritario, no tanto por su capacidad de mando, sino por los gritos, insultos y humillaciones que, según testigos, han marcado su administración. En una reciente publicación del periódico Zócalo, se expone el trato que Cepeda dio a Natalia Fernández Martínez, exsecretaria del Ayuntamiento, descrito como todo menos cordial.
Fernández, quien en más de una ocasión se sintió como la alcaldesa en funciones debido a las constantes ausencias de Cepeda, fue víctima de agresiones verbales que llegaron a hacerla llorar en múltiples ocasiones. Testigos de nuestro medio afirman que Román le gritaba llamándola “generadora de problemas”. Sin embargo, hasta ahora, no ha alzado la voz ni presentado denuncia alguna.
Lo paradójico es que Fernández sí procedió legalmente contra el diputado local de Morena, Antonio Attolini, acusándolo de violencia política de género. La denuncia fue llevada ante la Comisión de Paridad e Inclusión del Instituto Electoral de Coahuila, pero, a pesar de pedir apoyo al cuerpo de regidoras, ninguna la acompañó en su viaje a Saltillo.
Este contraste deja muchas preguntas en el aire: ¿Doble moral o cálculo político? Algunos malpensantes no olvidan que Fernández fue titular del Centro de Justicia para la Mujer en La Laguna, un cargo que, en teoría, debería haberla dotado de herramientas para enfrentar la violencia laboral y política. Sin embargo, en este caso, el poder parece haber pesado más que la dignidad, señalan sus críticos.
Es probable que el temor a represalias o un frío cálculo político hayan definido sus acciones. Mientras tanto, Cepeda sigue al mando en su segundo periodo, mientras que Fernández ha sido relegada a un rol simbólico como síndica y asesora del “secretario en trámite” del Ayuntamiento, Pepé Ganem.
El caso de Natalia Fernández no es aislado. La violencia laboral de género sigue siendo un problema alarmante en México. El hostigamiento sexual, la violencia psicológica y la exclusión profesional afectan gravemente la salud mental y física de las mujeres. Según datos, una de cada cinco mujeres ha sufrido violencia en su entorno laboral.
Es urgente atender las denuncias de hostigamiento laboral y sexual que persisten en el ámbito municipal. Algunos funcionarios nuevos no solo perpetúan prácticas cuestionables, sino que también las refuerzan. Basta con voltear a ver los casos que se van archivando en la Fiscalía.
El próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, representa una oportunidad clave para que las mujeres funcionarias alcen la voz desde sus trincheras, en lugar de reprimir el movimiento. Hablar no solo sería un acto de justicia, sino también un paso firme hacia la construcción de una cultura laboral y política más equitativa y segura para todas las mujeres.