No se trata de lástima, se trata de condiciones

Un día entras a bañarte, te mareas y te sientas. Después de varias horas, ya no puedes levantarte. Una vena se revienta en el cerebro y te deja con la mitad del cuerpo sin movimiento. Días antes tenías un empleo soñado: remoto, con tu propio horario, bien remunerado, que te permitía estudiar, hacer ejercicio y vivir con equilibrio. Pero no. La vida, sin pedir permiso, te paraliza a los 38 años.
Después del golpe, viene la adaptación. Esta historia la he escrito muchas veces como catarsis; hoy no. Hoy es contexto. Porque también hay que decirlo sin rodeos: adaptarse no es rendirse, es reorganizar la vida desde otra realidad. Hoy, a mis 42 años, se abre la posibilidad de acceder a un apoyo gubernamental, y no como dádiva. Tener una discapacidad no es una sentencia, pero sí exige condiciones dignas.
En 2021, el año del infarto cerebral, logré por primera vez tener un seguro de vida. No morí, así que no se cobró. En cambio, tras el derrame, los ahorros —de mi renuncia en El Siglo de Torreón y de mi nuevo trabajo— se fueron en los primeros tres meses. La enfermedad no pregunta: cobra. Mi familia estuvo y sigue estando, pero la realidad cambió por completo. Pasé de una cama normal a una de hospital con colchón antillagas, a usar silla para baño, pañales de adulto y baberos. Lo cotidiano dejó de ser sencillo.
Cualquier enfermedad grave no solo afecta el cuerpo: desestabiliza las finanzas. Tuve que pedir apoyo para estudios médicos y traslados en ambulancia que el IMSS ya no cubría. Hubo rehabilitación, sí, pero solo por tres meses. Después, cuando logré caminar lo básico, me dijeron que ya no habría más. “Dé gracias a Dios de que está vivo”, me dijeron. Y sí, pero vivir también implica condiciones.
Eso me llevó a buscar otras opciones: terapias tradicionales y alternativas, todas necesarias y todas con costo. Además, especialistas que antes no figuraban en mi vida: nefrólogos, proctólogos, urólogos, endocrinólogos. Consultas desde mil pesos para empezar. Tener una discapacidad lo encarece todo. El apoyo familiar continuó; el laboral, solo un tiempo. Y se entiende.
Buscar trabajo en estas condiciones no es sencillo. Lo intenté. Pero trasladarse, pagar terapias y medicamentos que el seguro no cubre, simplemente no es sostenible. La vida cambia… y también el círculo cercano: se quedan las personas sólidas, llegan otras… y algunas se van.
Y lo digo claro: mi caso no es el más grave. Hay miles en situaciones similares o peores, muchos con familia que mantener. Tras un año de lucha, obtuve una pensión por discapacidad permanente; pero por el régimen de Afore y el outsourcing, recibo apenas 3,700 pesos mensuales. Eso no alcanza: obliga a reinventarse.
Cuando se anunció la pensión universal por discapacidad y dejó fuera a personas de 30 a 64 años, quedó claro: fue una decisión política, no técnica. Hoy, el gobierno de Coahuila da un paso con programas como “Veamos la Discapacidad”. Es un respiro. Pero falta lo esencial: que funcione, que sea accesible, que no se quede en discurso. Porque ya lo sabemos: hay rampas… que no sirven.
Mientras tanto, la realidad no espera. Hay que pagar la siguiente terapia, cubrir deudas, seguir. Exigir apoyo no es pedir limosna; es exigir derechos. Derechos que también se financian con nuestros impuestos.
Sí, estoy vivo. Pero aquí está la verdad sin adornos: vivir con dignidad no debería ser un privilegio. Esta semana hubo un avance, un respiro. Para muchos será poco. Para quienes estamos de este lado, es el inicio de algo más importante: recuperar condiciones reales para vivir.