“Asfixia legal al ciudadano”: críticas en redes tras reforma a la Ley de Amparo
Ciudad de México.- El Senado de la República aprobó con 76 votos a favor y 39 en contra la reforma a la Ley de Amparo impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum. La iniciativa se presentó con el argumento de agilizar los juicios y frenar lo que se ha descrito como “abusos” en el uso de este mecanismo legal. Sin embargo, especialistas en derecho, organizaciones empresariales y de derechos humanos advirtieron que los cambios representan un retroceso en la defensa de los ciudadanos frente a los actos de autoridad.
Entre las modificaciones más destacadas se encuentra la digitalización del juicio de amparo, lo que permitirá que los expedientes electrónicos tengan la misma validez que los físicos. También se establece un plazo máximo de 90 días naturales para que los jueces emitan sentencia después de la audiencia constitucional, con la intención de hacer más ágiles los procesos.
La reforma redefine además el concepto de “interés legítimo”, exigiendo que los quejosos acrediten una “lesión jurídica real, actual y diferenciada”. Esto, según juristas, podría dejar fuera a comunidades y organizaciones que suelen recurrir al amparo en defensa de causas colectivas, como asuntos ambientales, de salud o de derechos territoriales.
Otro cambio relevante es la limitación de las suspensiones. A partir de esta reforma, los jueces deberán considerar el interés social, la apariencia del buen derecho y acreditar un interés suspensional específico. Expertos advierten que esta modificación podría permitir que actos de autoridad se ejecuten mientras se resuelve el juicio, ocasionando daños irreversibles para los afectados.
En lo referente al cumplimiento de sentencias, se mantiene la responsabilidad individual de los servidores públicos, de modo que no será el erario el que cargue con las consecuencias de la inobservancia, sino el funcionario que incumpla. Este punto fue ajustado tras las críticas recibidas en audiencias públicas.
Las reacciones no tardaron en llegar. Organismos como COPARMEX calificaron la reforma como una violación a principios constitucionales y una amenaza para los derechos colectivos. Académicos y especialistas en derecho constitucional también han señalado que la reforma debilita la figura del amparo como el último recurso ciudadano frente a los abusos del Estado.
En redes sociales, la discusión escaló al terreno político. El exgobernador de Coahuila, Miguel Riquelme (@mRikelme), publicó un mensaje en su cuenta de X donde expresó: 👉 “Esto es una asfixia legal al ciudadano”. Su postura refleja el creciente rechazo de figuras opositoras y el temor de que el oficialismo busque reducir el alcance de este recurso jurídico.
Por su parte, Morena y sus aliados defendieron la reforma señalando que el objetivo es evitar abusos en el uso del amparo, que muchas veces se convierte en una herramienta para frenar proyectos estratégicos mediante litigios prolongados. También insistieron en que la digitalización permitirá modernizar el acceso a la justicia y que los cambios fueron discutidos con especialistas.
El dictamen será enviado a la Cámara de Diputados para su análisis y eventual aprobación. No obstante, diversos sectores anticipan que la reforma podría terminar en controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se evaluará si los cambios respetan el espíritu de protección ciudadana que ha caracterizado históricamente al juicio de amparo.
El debate sigue abierto: ¿se trata de una modernización que busca dar mayor certeza jurídica o de un retroceso que limita la última herramienta de los ciudadanos frente al poder del Estado?