Torreón.- La reestructuración del sector salud en la entidad ha dejado en incertidumbre a 371 trabajadores del Hospital General Dr. Fco. Galindo Chávez, quienes denuncian falta de transparencia y ausencia de liderazgo en el proceso de reubicación al Hospital Regional de Alta Especialidad de Torreón.
Durante una reunión con autoridades estatales este miércoles , el Lic. Andoni Larequi Butler, subdelegado de Administración en Coahuila; la Dra. Ana María Martínez García, subdelegada médica; y el Lic. Martín Martínez, jefe de Recursos Humanos, informaron que la transición del personal se concretará en un plazo de tres semanas, asegurando que los derechos laborales serían respetados.
Sin embargo, los trabajadores no están convencidos. Acusan que la decisión se tomó sin consultarles y que no hubo una voz que defendiera sus intereses ante el gobierno estatal y federal.
«Siempre hemos demostrado que estamos en las buenas y en las malas, que tenemos un solo objetivo. Pero ahora no podemos ni siquiera pelear por una bolsa de trabajo o por una base para nuestros hijos, porque no tenemos un lugar seguro para nosotros mismos», denunció una trabajador con más de 26 años de servicio.
El malestar del personal se intensifica por una razón clave: fueron ellos quienes capacitaron al nuevo equipo del Hospital Regional y, sin embargo, ahora enfrentan la posibilidad de quedar sin empleo, mientras observan que en el nuevo hospital hay personal que no cumple con sus funciones.
«Si vamos al Hospital Regional con el administrador, vamos a encontrar a mucha gente que no quiere trabajar, que ni siquiera canaliza a un paciente. Mientras tanto, nosotros, que sí hemos dado años de servicio, no sabemos qué va a pasar con nosotros».
El sentimiento de abandono entre los trabajadores del Galindo Chávez ha sido evidente. Un reportaje de El Sol de La Laguna reflejó la sensación de «quedar huérfanos» tras la abrupta salida de sus compañeros al nuevo hospital del ISSSTE.
El problema no solo es laboral, sino administrativo y político. Si bien el gobierno argumenta que el cambio obedece a una mejora en la infraestructura hospitalaria, no ha aclarado cómo garantizará la estabilidad laboral de los 371 trabajadores afectados.
Ante esta situación, exigen a las autoridades estatales y federales transparencia en el proceso, certeza laboral y respeto a sus derechos adquiridos. Mientras tanto, la incertidumbre sigue creciendo entre el personal de salud.