¿Se utiliza el feminismo para defender intereses particulares?
La política local, como es habitual, nos ofrece episodios que bien podrían ser parte de una telenovela, pero la reciente disputa entre la síndica de Torreón, Natalia Fernández, y el diputado local de Morena, Antonio Attolini, ha elevado la tensión al nivel de una tragedia griega. Entre denuncias por violencia política de género, acusaciones de corrupción y un posible trasfondo que huele a cortina de humo, este episodio apenas comienza.
Fernández presentó una denuncia ante el IEC de Coahuila, alegando que Attolini la descalificó cuando formaba parte del equipo cercano al alcalde Román Cepeda, donde se desempeñaba como secretaria del Ayuntamiento. Según la hoy síndica, los comentarios del diputado no solo fueron agresiones verbales, sino que también buscaban desacreditar su trabajo con un sesgo de género. Por su parte, Attolini ha mantenido silencio hasta el momento. ¿Todo se vale en el juego político o existen límites que no se deben cruzar?
En redes sociales, la funcionaria se ha posicionado como víctima de violencia política de género, un tema que, sin duda, debe tomarse con la seriedad que merece. Sin embargo, la memoria pública es extensa, y en Internet todo queda registrado. Muchos recordaron que, durante su gestión como secretaria, no reaccionó ante las denuncias de agresiones a mujeres por parte de la policía municipal durante la marcha del 8M. También se cuestiona por qué no emitió un pronunciamiento sobre los feminicidios en Torreón, especialmente en su último año como secretaria, cuando se registraron siete feminicidios hasta noviembre de 2024. Este año, ya se ha reportado uno más, y tampoco se le ha escuchado cuestionar la falta de paridad de género en el gabinete del alcalde.
Lo que ha llamado la atención de los observadores más críticos es que, al publicar su denuncia en redes sociales, Fernández, desde su nuevo hogar (que adquirió con su trabajo después de sus primeros tres años en el Ayuntamiento, dejando atrás la casa en renta), comenzó a borrar los comentarios negativos, dejando solo aquellos que la respaldaban. Algunos sostienen que su acción no responde tanto a un deseo de justicia, ya que «invitó» a las regidoras de su partido a acompañarla para la foto, como si fueran simples figurantes. Incluso, se afirma que les dio la orden de asistir, como si fuera la orden del alcalde. También se invitó al primer regidor Luis Cuerda, pero este se deslindó.
Existen quienes opinan que esta denuncia de la síndica es más una estrategia para desviar la atención de investigaciones que podrían involucrarla, especialmente aquellas relacionadas con su gestión en el Ayuntamiento, y para distraer al diputado Attolini de seguir cuestionando a Román Cepeda, de quien busca obtener apoyo. Se sabe que tanto el edil como el tesorero municipal la tienen bajo la lupa debido a sus manejos financieros, por lo que la síndica podría estar buscando congraciarse con ellos para evitar ser investigada.
Quienes aún la apoyan temen que, como ocurrió con su discípula, termine siendo dejada de lado una vez que se haya cumplido su propósito. Se cree que está siendo utilizada por su sucesor, Pepé Ganem, quien, aunque aparenta protegerla, en realidad solo la está empleando como apoyo para sus propios intereses. Ganem, por su parte, solo es un licenciado «en trámite», lo que podría dar pie a una historia similar a la de comunicación social, cuando Yohan Uribe, «Lord Fragmentado», aprovechó a Cristal Barrientos, conocida como «Lady Temu», para entender cómo operaba el área, y tras prometerle un mejor salario, la dejó en el olvido.
El IEC de Coahuila tiene ahora en sus manos la decisión de si la denuncia procederá o si este caso quedará como otro episodio de la política de escándalo. Mientras tanto, la función sigue su curso y la audiencia espera el próximo acto. ¿Será esta polémica una oportunidad para evidenciar cómo la crítica política puede derivar en violencia de género, o simplemente estamos ante una jugada para ganar protagonismo?
Poder, despensas y traiciones: el trasfondo de la disputa en la CNC
En el intrincado escenario electoral vivido dentro de la Confederación Nacional Campesina (CNC) este domingo, los factores de poder y las dinámicas internas se intensificaron de manera palpable. A lo largo de estos días, el ambiente estuvo marcado por una tensa lucha entre actores clave como Hugo Dávila, Felipe González, Héctor Estrada, Omar Morales y una estructura gubernamental que, pese a las declaraciones oficiales, arrastró sus intenciones hacia el triunfo Britania Aguirre Chavarría, directora de Gestión Social en el municipio de Desarrollo Social. A pesar de contar con permiso sin goce de sueldo en su calidad de candidata, durante la contienda distribuyó despensas en algunos sectores, las cuales se asemejan a las que se entregan desde el ayuntamiento. En la otra esquina se encuentra la líder sindical Rosalva Rodríguez, junto a otros personajes que se posicionan como la contraparte de los mencionados.
A pesar de las dificultades operativas, como la tardía instalación de algunas casillas, el proceso electoral siguió su curso bajo lo que ya se conoce: dádivas y manipulaciones. Lo que está en juego no es solo la presidencia de la CNC, sino el control de una estructura priista que muchos consideran «secuestrada» por ciertos actores. En este escenario, muchos han olvidado las lealtades y han cambiado de bando, como ocurre con quienes dicen ser leales al estado pero tienen un doble discurso. Entre estos se encuentran la presidenta del PRI Torreón, Verónica Martínez, quien es madrina política de Britania; el regidor Omar Morales; el diputado Felipe González; y el delegado regional de “Mejora”, Hugo Dávila, quienes han logrado consolidar una fuerte red de apoyo dentro de las instituciones y los recursos del gobierno local, lo que contrastó con la estrategia de Rosalva y su equipo.
Es relevante señalar que, aunque Britania Aguirre contó con recursos y apoyo institucional, la confrontación con Rosalva y su estructura fue menos aparatosa de lo esperado. La crítica apunta que algunos de sus apoyos más fuertes están inmersos en prácticas que debilitan la legitimidad de esa misma red. Un aspecto interesante que se menciona en las conversaciones filtradas es la importancia del dinero en esta contienda. Se argumenta que, incluso cuando los recursos provienen de fuentes poco claras, su impacto es innegable, ya que la gente responde cuando se les ofrece algo tangible. En este sentido, los presupuestos de diversas dependencias, como el de Desarrollo Social, jugaron un rol fundamental en la dinámica electoral. Se comenta que esta dependencia se quedó sin fondos, por lo que ahora deberá desenterrar todo lo oculto de «Mejora» del 2023, el programa de Manolo Jiménez cuando fue aspirante del PRI a la gubernatura, y que Román no quería verlo en sus eventos. El uso de estos recursos, a veces para «comprar» votos o influir en el electorado, es un tema que no se puede pasar por alto.
No obstante, este juego de poder no solo se reduce a dinero o estructura, sino también a lealtades y percepciones. La pregunta que surge es si los votantes son realmente conscientes del impacto de sus decisiones o si simplemente se dejan llevar por una corriente de favores y promesas que, a la larga, podrían no cumplir las expectativas.
Con este resultado surgen cuestionamientos. ¿Habrá movimientos internos por parte de los empleados sindicalizados que se quejan de hostigamiento laboral? ¿Verá Verónica Martínez algún contrincante real en la lucha por la dirigencia del PRI Torreón o será un camino libre, como ocurrió con Carlos Robles Loustaunau a nivel estatal? ¿Hasta cuándo Hugo Dávila entenderá la frase de “amig@ date cuenta”?
Lo cierto es que las elecciones dentro de la CNC siguen siendo un campo de batalla donde los intereses políticos y económicos se entrelazan, y donde los actores involucrados, tanto dentro como fuera de la organización, están dispuestos a jugar sus cartas más fuertes para obtener lo que consideran su derecho.