Mientras en Quintas Campestre Los Laureles en Viñedod , familias enteras respiran humo contaminante bajo la complacencia oficial, en las calles de Torreón se llora la muerte de un joven ingeniero, víctima —según denuncias— de una policía desbordada. Dos escenarios distintos, un mismo cáncer: la corrupción y la impunidad protegidas desde el poder.

El Grill que intoxica y la autoridad que protege

En el Boulevard E. López Sánchez #550, el negocio Rincón Grill, propiedad de Luis Arturo Deance Rupit, delegado de la COR Coahuila y militante del PT, lleva más de cinco años contaminando el aire sin que autoridad alguna logre, o quiera, detenerlo.

Más de sesenta denuncias formales saturan los expedientes de la Dirección de Medio Ambiente, Derechos Humanos Municipales y la Visitaduría de Derechos Humanos de Coahuila. Documentos, reportes y quejas que podrían envolver todo el Periférico… y aún así, el negocio sigue operando como si la ley fuera un adorno decorativo.

El humo que ahí se genera —producto de la quema constante de carbón— contiene sustancias tóxicas como monóxido de carbono, compuestos orgánicos volátiles y partículas finas.
Su exposición no solo irrita: enferma, agrede y mata a largo plazo.

De acuerdo con denunciantes que presentaron reportes documentados a este medio, las autoridades han mostrado omisión y complacencia:

• Susana Estens, entonces directora de Medio Ambiente y hoy secretaria estatal, les limitó a alegar:
  «no podemos hacer nada». Aurora Galindo, de la Comisión de Derechos Humanos, les admitió en voz baja:«ese negocio trae protección»; Pablo Fernández y Raúl Rodríguez, responsables de Verificación Municipal en las dos últimas administraciones,firmaron actas «a modo», validando la operación irregular como si se tratara de un trámite ordinario.

Mientras tanto, los vecinos siguen expuestos al humo tóxico, al ruido constante, a las amenazas y a una violencia silenciosa que se traduce no en golpes visibles, sino en enfermedades respiratorias, daños a largo plazo y una dignidad comunitaria vulnerada.

En Torreón, proteger la salud pública parece tener menos peso que proteger intereses políticos.

Y no hay ambientador que oculte el olor rancio de la impunidad.

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Una muerte que destapó el abuso: ¿quién sigue después de los policías?

Si el humo del Grill enferma los pulmones, la violencia institucional enferma el alma.

La reciente muerte de Rolando Medina, joven ingeniero presuntamente agredido por elementos del Grupo GRT, no solo estremeció a Torreón: exhibió el descontrol absoluto de las fuerzas municipales.

Las denuncias ciudadanas contra este grupo de élite por abusos, extorsiones y violencia ya venían en aumento, pero el asesinato de Rolando rompió el silencio cómplice.

Hoy, la Fiscalía General de Coahuila, encabezada por Federico Fernández, promete ir más allá de los policías: funcionarios municipales también están bajo investigación. En los pasillos políticos se comenta que, tras los mandos de seguridad, vendrán los señalamientos contra el propio alcalde Román Alberto Cepeda, su secretario Ganem y otros servidores públicos.

Mientras Román se aferra al cargo con el amparo del artículo 115 Constitucional, el peso de las observaciones federales y estatales sobre anomalías financieras comienza a asfixiarlo. Las voces ciudadanas exigen explicaciones sobre sus nuevas propiedades, ranchos y lujos, contrastando brutalmente con la pobreza y la crisis de servicios en Torreón.

Este lunes, Román está citado a comparecer en el Congreso de Coahuila. Su asistencia o su ausencia marcará un antes y un después:
¿Gobernar o huir? ¿Enfrentar o encubrir?

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