Familia de “Papayita” exige justicia pese a versión oficial de muerte accidental
Torreón. — El caso de Carlos Gurrola Arguijo, conocido como “Papayita”, sigue generando tensión social y exigencias de justicia en la Comarca Lagunera. Mientras la Fiscalía General del Estado de Coahuila informó que hasta el momento no existen indicios de delito doloso en su fallecimiento, la familia y sus representantes legales insisten en que se revisen a detalle los videos de seguridad y se investigue un posible acoso laboral.
La postura de la Fiscalía
El fiscal estatal, Federico Fernández Montañez, explicó que las diligencias practicadas hasta ahora no arrojan pruebas de que la sustancia corrosiva ingerida por Gurrola haya sido colocada de manera intencional. La carpeta fue turnada al área de homicidios para continuar con entrevistas, peritajes y análisis de los materiales videográficos recuperados dentro y fuera de la sucursal de H-E-B donde ocurrió el incidente.
La exigencia de la familia
Contrario a lo señalado por la autoridad, familiares de “Papayita” aseguran que el trabajador había sido víctima de burlas y hostigamiento en su entorno laboral. En protestas recientes y mediante sus abogados, han solicitado acceso completo a las grabaciones de seguridad, pues consideran que en ellas podría esclarecerse si existió una “broma” de compañeros que terminó en tragedia.
La respuesta de las empresas
H-E-B México expresó públicamente sus condolencias y reiteró su disposición de colaborar con la investigación. La empresa de limpieza Multiservicios Rocasa, para la que trabajaba Gurrola, afirmó también que ha entregado toda la información requerida por la Fiscalía y negó haber recibido reportes formales previos de acoso hacia el trabajador.
Contexto social
El fallecimiento de “Papayita” detonó manifestaciones ciudadanas en Torreón, donde se ha exigido justicia y transparencia en el proceso. La consigna “Papayita no murió, lo mataron” ha acompañado las protestas frente a la sucursal de H-E-B Senderos y en distintos puntos de la ciudad.
Lo que sigue. La investigación continúa abierta. La autoridad insiste en que no hay evidencia de un homicidio intencional, mientras la familia y parte de la sociedad lagunera demandan que no se descarte ninguna línea de investigación. La presión social mantiene el caso en el centro de la opinión pública y bajo la lupa de organizaciones y medios nacionales.