Votaron contra la discapacidad… y mañana buscarán su apoyo en Coahuila
Este 3 de diciembre de 2025, es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, México vuelve a quedar en deuda. La discapacidad no es temporal, no se apaga a los 29 años, no depende de colores partidistas y no puede seguir tratándose como accesorio de campaña.
El Gobierno de México presume la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, pero la realidad es menos brillante: no es universal, no cubre a todas las personas y su aplicación depende de convenios políticos entre estados y federación. En ocho entidades gobernadas por partidos distintos al federal, la falta de universalidad se convirtió en un debate frontal, especialmente en Coahuila, donde en 2026 se renovará el Congreso y varios diputados buscarán repetir en la boleta… aunque hayan votado en contra de ampliar el apoyo.
La pregunta es directa: Si México puede financiar una pensión universal para adultos mayores, ¿por qué no puede hacerlo para las personas con discapacidad? La respuesta también lo es: falta voluntad política, coordinación institucional y, sobre todo, interés electoral.
La pensión federal entrega 3,200 pesos bimestrales, un apoyo valioso pero limitado: solo cubre a personas de 0 a 64 años, y únicamente en las 24 entidades de la 4T que firmaron convenios de universalidad. En las demás, el acceso es prácticamente nulo.
A esto se suman fallas estructurales: no existe un mecanismo para medir la satisfacción de beneficiarios y la información oficial es incompleta o poco clara. Un programa que no se entiende, no se usa. Ese es el primer muro que frena la universalidad.
Los vacíos de información son todavía peores. México no cuenta con una cifra reciente y precisa del número de personas con discapacidad entre 30 y 64 años, justo el grupo más golpeado por la falta de universalidad. Solo hay aproximaciones: 6.2 millones de personas con discapacidad (INEGI 2020) y solo 38% de las personas con discapacidad mayores de 15 años participa en la economía (INEGI 2021). Aunque no existe un dato exacto para el rango de 30 a 64 años, se sabe que representa una proporción significativa… pero sigue sin considerarse plenamente en las reglas del programa federal. La discapacidad no termina a los 29 años. El programa federal sí.
La narrativa oficial presume un “avance hacia la universalidad”, pero la realidad muestra lo contrario: hay estados completos sin un solo registro de beneficiarios en ciertos rangos de edad. La pensión opera plenamente solo donde hubo convenio. Los demás quedan en un limbo político. Una política pública que depende del gobernador en turno no es universal. Es condicionada.
En octubre, el Congreso de Coahuila discutió adherirse al convenio federal para incluir a personas de 30 a 64 años en la pensión. La propuesta era simple. El resultado, revelador: votaron en contra —PRI y PAN— los diputados Felipe González, Gerardo Aguado, Olivia Martínez, Blanca Lamas, Beatriz Frausto, Luz Elena Morales, Edith Hernández, María del Mar Treviño, Álvaro Moreira y Guadalupe Oyervides. Ese voto no fue contra un partido. Fue contra miles de familias que necesitan apoyos para vivir con dignidad.
En 2026, varios de esos mismos legisladores buscarán reelegirse. Y aquí aparece la hipocresía electoral: pedirán el voto de las mismas personas con discapacidad a las que negaron el apoyo. Los veremos entregando sillas de ruedas, bastones y muletas, mientras se toman la foto con discursos de “solidaridad”. Pero la discapacidad no se atiende con apoyos aislados. Se atiende con políticas públicas coherentes y con votos legislativos responsables.
Mientras tanto, Morena y sus aliados —que votaron a favor— capitalizarán el tema, aunque el propio Gobierno Federal tampoco ha logrado universalizar la pensión ni resolver sus vacíos operativos. Aquí nadie sale limpio.
Coahuila tiene programas propios para personas con discapacidad, pero en un país con brechas profundas en salud, movilidad, terapia, comunicación y empleo, cualquier programa local es insuficiente. El reto es estructural: México carece de servicios integrales, accesibles y permanentes para quienes viven con discapacidad.
Por eso, una pensión universal no es solo un tema de presupuesto. Es una obligación moral. México tiene un programa, pero no tiene universalidad. Tiene discursos, pero no resultados. Tiene padrones, pero no cifras completas. Y tiene miles de ciudadanos que necesitan apoyos permanentes, no favores temporales.
Coahuila entra a un proceso electoral donde muchos pedirán el voto de quienes dejaron fuera del programa. La discapacidad no es una foto. No es una campaña. No es un botín electoral. La discapacidad es una condición permanente. Y la justicia también debería serlo.