Cártel inmobiliario en Torreón: crecen denuncias y persiste la impunidad
En Torreón hay una regla no escrita: si no bloqueas, no existes. Y esta semana volvió a confirmarse. Las víctimas del llamado “cártel inmobiliario Torreón” regresaron a la calle porque el sistema no escucha… hasta que estorbas. Lo que no entra por presión, simplemente no entra. Más de 60 denuncias y 12 órdenes de aprehensión… y la pregunta sigue intacta: ¿la justicia avanza o solo administra el desgaste?
La ruta ya está trazada —y denunciada—: Urbanismo, Notaría 45 y, luego, el intento de canalización hacia la Notaría 102. Cambian los sellos, no el fondo. Pero con el paso del tiempo, esa ruta dejó de ser solo administrativa… y empezó a exhibir su trasfondo.
Según testimonios, primero se estructuraban los terrenos desde áreas técnicas; después, se comercializaban aun cuando algunos no cumplían con condiciones legales o de procedencia. Aun así, se vendían. Y no solo eso: se habrían realizado ajustes “por debajo” para ingresarlos directamente al sistema y darles apariencia de validez. Es decir, no era un error… era un mecanismo.
La llamada “santa tríada Muñoz” no es un invento narrativo; es la forma en que las víctimas explican un patrón que se repite con precisión incómoda. En Torreón, el problema no es la burocracia… es su eficiencia cuando se trata de fallarle al ciudadano.
Y cuando alguien duda, aparecen los casos, como el documentado epor Milenio La Laguna. El de Daniel Ramírez: compra un terreno, firma en notaría, paga… y desaparece su patrimonio. Ochocientos mil pesos que no se esfumaron por arte de magia, sino dentro de un sistema que simula legalidad mientras ejecuta otra cosa. No es excepción: es síntoma.
Del otro lado, el contraste. Mientras las víctimas hacen fila, el señalado Fernando Nicolás Muñoz aparece en España, el mismo lugar donde su primo Gustavo vacacionó el año pasado. ¿Coincidencia? Lejos del ruido y cerca de la impunidad. Se ha hablado de una ficha roja y de un proceso de extradición que simplemente no se ejecuta. Dos velocidades: la del ciudadano que espera… y la del poder que se mueve. Aquí no hay misterio, hay privilegio.
Las fechas lo dicen todo: fiat en 2017, retiro en 2025. Ocho años donde no solo corrió el tiempo… corrió el dinero. Y cuando la autoridad llega tarde, ya no corrige: apenas documenta el daño.
En medio, nombres que se repiten: Gustavo Muñoz, Nicolás, Ortega. Cuando los apellidos empiezan a cruzarse entre oficinas, trámites y expedientes, deja de ser coincidencia. Se vuelve estructura.
Y la política, como siempre, acompaña. Felipe González, arropado por la “mayiza lagunera”: el profe Mario Cepeda, sus hijos Mario Jr. y Pavel Cepeda en Catastro, también bajo el tufo de un previo presunto fraude inmobiliario por alrededor de 35 millones de pesos. Piezas colocadas donde la información vale más que cualquier discurso. Porque en Torreón el poder no solo se hereda… se administra.
Los testimonios hablan de movimientos por alrededor de 35 millones de pesos en áreas como Catastro y Urbanismo. Versiones que incluyen advertencias, presiones y señalamientos directos sobre posibles responsabilidades, incluso desde el inicio de la actual administración de Román Cepeda. Se menciona que el propio “profe” habría advertido consecuencias en caso de que se señalara a su entorno o se removiera a sus allegados. No es solo un desorden administrativo: es una red que —según quienes la han vivido— operaba con conocimiento interno y control de procesos.
La versión oficial llega fragmentada. Que nadie canalizó. Que todo fue legal. Que el trámite sigue. Pero las escrituras no aparecen… y el dinero tampoco. En ese vacío, la narrativa institucional ya no explica: justifica.
Hoy la Notaría 45 ya no existe. El caso está judicializado. Y Torreón, otra vez, aprende la misma lección: aquí no basta con tener razón… hay que hacer ruido.
Las acusaciones son mediáticas y no deberían poner en duda la labor notarial. Una postura que contrasta con el reclamo de los denunciantes, quienes insisten en que no todos son iguales… pero que el problema existe, y pesa.
Porque en Torreón, el problema no es solo quién hace las cosas mal…
sino quién decide no verlas.
PREGUNTAS OFICIOSAS
¿Se analizó el contrato de basura en Torreón… o solo se está aprobando?
Como lo adelantamos, la basura de Torreón llegó al Congreso local… y lo hizo sin freno. El dictamen de la concesión cumple con la forma, pero deja huecos en el fondo. Autoriza un contrato de hasta 25 años, lo que implica comprometer varias administraciones futuras en una sola decisión. No es ilegal, pero sí de alto impacto estructural. La clave está en una línea que pasa casi desapercibida: el municipio deberá hacer previsiones presupuestales durante toda la vigencia del contrato. Es decir, no solo concesiona el servicio, sino que garantiza pagos a largo plazo.
Otro punto crítico es el procedimiento: el Congreso no aprueba el contrato completo, sino la autorización para celebrarlo, y una vez firmado, el Ayuntamiento solo deberá informarlo en un plazo de 10 días. Primero se firma, luego se reporta. Además, el dictamen señala que la concesión se sujetará a lo que establezca el contrato y la ley, sin detallar condiciones específicas ni explicar cómo evolucionarán tarifas o ajustes.
El documento fue aprobado en la Comisión de Finanzas por mayoría; únicamente la diputada Delia Aurora Hernández Alvarado se abstuvo. El dictamen llegará al Pleno en un contexto de urgencia marcado por el inicio del contrato previsto para el 1 de abril, reduciendo el margen de discusión real.
En ese escenario, el diputado Antonio Attolini Murra ha anticipado una postura crítica. Porque cuando un contrato de 25 años se vota con prisa, la pregunta no es si se puede aprobar… sino si realmente se quiso analizar.
¿Justicia sin ruido… o silencio incómodo?
El choque se da en un clima tenso entre el Poder Judicial de Coahuila y el gremio de abogados. El magistrado presidente Miguel Felipe Mery Ayup cuestionó que litigantes lleven casos a medios. La respuesta: colegios de abogados sostienen que no es presión… es consecuencia de un sistema que tarda.
Ahí está el fondo: no es la forma, es la confianza. Cuando la justicia no responde, la narrativa se va a la calle.
¿La exposición pública contamina… o obliga a actuar?
Ese es el punto de quiebre. Porque cuando la justicia deja de ser eficaz… deja de ser solo legal y se vuelve pública.